A partir del lunes, el diario Noroeste publicó una secuencia de tres trabajos de investigación realizada por el periodista José Abraham Sanz que muestra con crudeza lo que suponíamos ya no tenía enfoques que desafiaran la capacidad colectiva de asombro. Se trata de la peor fisionomía de la crisis de seguridad pública de Sinaloa y eso es mucho decir porque existen otros focos rojos como el desplazamiento de personas por miedo al crimen organizado, los feminicidios y la violenta acometida contra niñas y niños indefensos.
El tema de las desapariciones forzadas, seriado con título “Sin cuerpo no hay delito”, desencadena abordamientos que al parecer son inagotables. En todo el mundo se conoce la lucha de los colectivos de rastreadoras que libran sobre todo las madres de las víctimas, la crisis forense que estas alturas debería estar resuelta, las nuevas historias de gente privada de la libertad y, como remache inhumano, la falta del compromiso pleno de las autoridades para atender el fenómeno.
La importancia de que los periodistas y medios indaguen más en la tragedia nacional de los desaparecidos tiene que ver con lograr que cualquier ciudadano se ponga en los zapatos de las víctimas y sus familias. No esperar a que tal desdicha toque a las puertas de otros hogares para vivir el viacrucis de los ya afectados y entonces sí, ser empáticos con su lucha. Para qué si el sufrimiento de los que se llevaron en contra de su voluntad, y los hogares en que los esperan, nos obliga a darles el amparo cívico.
Los organismos de derechos humanos y entidades internacionales como Human Rights Watch y el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, enfocan la atención y la preocupación a lo que sucede en México. En el informe de noviembre de 2021 la ONU revela que el número oficial de desaparecidos registrados ascendía a 95 mil personas y que más de 100 ocurrieron durante la estadía del grupo de expertos que del 21 al 26 del mismo mes vino a investigar la situación.
En el caso de Sinaloa la autenticidad es alarmante. El reportero de Noroeste documentó que la tan alardeada baja en casos de homicidios dolosos da lugar a la verdad espeluznante donde el número de desapariciones forzadas supera, a veces hasta en más del 50 por ciento, a los asesinatos con armas de fuego. Las tendencias se cruzaron en 2018 y desde entonces se comportan en el mismo sentido que de ninguna forma dan para sostener la presunción gubernamental de abatimiento de la violencia.
Otro elemento de oportunidad del trabajo de José Abraham Sanz tiene que ver con el contexto sinaloense inmediato en el cual se retira del cargo el Comisionado de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sinaloa, Juan Carlos Saavedra Ortega. Aquí persiste el misterio de por qué este servidor público decide abandonar la función que le encomendaron a pesar de que el Gobernador Rubén Rocha Moya lo había ratificado y los colectivos de rastreadoras asintieron en dicha revalidación.
Entonces, el complejo escenario que hereda el gobierno de Rocha reclama el viraje de las políticas públicas para atenderlo. La clave parece estar en dos vías de la acción legal. Uno: crear la enorme estructura forense para identificar a 52 mil cuerpos en situación de desconocidos, estadística que en agosto estimó el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México y, dos: fortalecer las comisiones de búsqueda para que implementen el mayor operativo de localización que de manera irresponsable e indiferente se está dejando a cargo de los familiares de las víctimas.
Nadie tiene una idea de la dimensión exacta de las desapariciones forzadas. Ni siquiera es posible imaginar el dolor de madres, padres, hijos, hermanos, abuelos y demás familia después de que un ser entrañable fue separado de ellos a consecuencia, no hay otra causa, de que las instituciones y políticos en el Gobierno son incapaces de brindar las garantías constitucionales para la vida, paz, legalidad y libertades.
Insistimos en que el reportaje de Noroeste representa la fotografía más actual de un fenómeno que nos alcanza a todos. En ese cuadro aparecemos todos, nos deletreamos todos. Es el retrato fiel de la tragedia cotidiana que convoca a revertir la acuarela de terror, llanto y desesperación agravadas por la ausencia de autoridad, hasta que cada familia sepa del paradero de sus desaparecidos y la sociedad se sienta segura, lejos de la jungla donde el crimen es la bestia con permiso para engullir a los pacíficos, a los débiles.
Y si nos buscamos en las tres partes publicadas del contenido “Sin cuerpo no hay delito” allí nos encontraremos, indistintamente del rol que desempeñamos en esta trama desconsoladora. Deberíamos de ubicarnos para prevenir que nosotros o uno de los nuestros tengamos que salir a gritar en las plazas “¿dónde están?
Porque no vemos nuestros rostros,
Plasmados en alguna barda,
Pensamos que bastante tarda,
Que estemos allí nosotros.
Los desprendimientos y enroques que registra el Gabinete de Rubén Rocha, que ocurren a menos de 100 días de que se instaló en Sinaloa el régimen autodenominado de la Cuarta Transformación, merecen una explicación al margen de que el Gobernador puede hacer lo que quiera en la integración de su equipo de trabajo. La renuncia de Jorge Luis Guevara como Rector de la Universidad Politécnica de Sinaloa, luego la de Juan Carlos Saavedra a la Comisión de Búsqueda y el cambio de Carlos Karam de la Dirección del Centro de Ciencias a la Coordinación para el Fomento a la Investigación Científica no puede atribuirse a la lógica de que andando la carreta se acomodan las calabazas. A este ritmo esto va acabar como un amargo colache de resentimientos.
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