Desaparición forzada y el modelo Barrancos. La reacción temprana de policías y sociedad

A la suerte de que hayan aparecido con vida las siete personas privadas de la libertad por grupos armados en el sector Barrancos de Culiacán, le corresponde el análisis de la exitosa táctica policiaca y la movilización ciudadana para en lo sucesivo aplicar estrategias similares ante hechos de violencia semejantes. Entender de una vez por todas que abatir el fenómeno de desapariciones forzadas depende de la rapidez con que se visibilicen los casos y sean activadas las alertas de búsqueda.

El binomio de sociedad involucrada en la búsqueda y policías y fiscales comprometidos en los operativos e investigación, es la solución siempre y cuando la capacidad de respuesta sea inmediata y de manera coordinada. Si de algo sirven acontecimientos como el de Barrancos es para corroborar que los minutos posteriores a que se comete el ilícito resultan fundamentales para alcanzar buenos resultados.

Tal desenlace, confortador para las víctimas y motivante para la sociedad, esboza un modelo a seguir muy distinto al que ha funcionado durante décadas en Sinaloa donde las familias que sufren la extracción violenta de sus integrantes se encuentran frente al doble desespero de autoridades omisas que se quedan cruzadas de brazos. Cuando los operadores de la seguridad pública se reducen en la negligencia, el crimen crece en la certidumbre que les proporciona la impunidad.

El “levantón” que el jueves 25 de noviembre por la noche afectó a siete personas, independientemente de la situación jurídica o moral de éstas, fue resuelto en menos de 24 horas sin que el suceso le sumara a la estadística de desapariciones forzadas. De alguna manera los delincuentes notaron la implementación del protocolo de búsqueda, improvisado o planeado, y al sentirse rastreados por los cualiacanenses y las policías optaron por liberar a los cautivos.

Todo funcionó en armonía para que en la tarde del viernes los sinaloenses supiéramos que sí se les puede salvar la vida a aquellos que creemos irrecuperables una vez que se añaden a la lista de desaparecidos. En primer término, las familias solicitaron la intervención del colectivo Sabuesos Guerreras que a su vez dieron parte a las autoridades en busca de aquellas posibilidades que las rastreadoras no tuvieron a serles arrebatados los suyos.

Enseguida en todas las instancias del Gobierno del Estado tuvo eco la emergencia de encontrar a los afectados. El Gobernador Rubén Rocha Moya hizo suya la preocupación de las familias y minutos después de ocurrido el evento de violencia ordenó el operativo de localización y rescate. Cualquier malandrín que se entere de la intervención decidida en tan alto nivel debe pensarla dos veces antes de perpetrar un crimen.

Los demás engranajes funcionaron en coordinación. La Fiscalía General del Estado abrió rápido la correspondiente investigación con base al reporte del Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C-4) poniéndose al frente de la emergencia el vice Fiscal Dámaso Castro Saavedra. Vale reconocer también que el Secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo procedió con igual celeridad a la elaboración del informe policial homologado que soporta el operativo de localización en casos de privación ilegal de la libertad.

Ahora, después de la conclusión del hecho de Barrancos, ninguna institución de los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia podrá escudarse en el pretexto de no saber cómo hacerlo en lo concerniente a desapariciones forzadas. El fenómeno violento que la semana pasada trajo a Sinaloa al comité de expertos de la Organización de las Naciones Unidas presenta un modelo exitoso de reacción que debe permanecer y perfeccionarse.

El aparato de seguridad pública, con el máximo despliegue de sus fuerzas, es el que puede arrinconar a los criminales sin darle más opción que la de poner en libertad a las víctimas. En este acontecimiento de nota roja tres de los desaparecidos fueron localizados atados a un poste del tendido eléctrico de la colonia Industrial El Palmito y los cuatro restantes también salieron con vida sin proporcionarse mayores detalles aparte de la excelente noticia de que regresaron ilesos a sus hogares.

Y esto da pauta para destacar la cualidad del esquema de búsqueda que funcionó en torno a siete personas en peligro. Se probó que la intervención inmediata que comienza con la llamada telefónica oportuna, la recepción de la denuncia sin trabas de la autoridad y la movilización policial al instante con la voluntad ciudadana ayudando, es la fórmula a aplicar ajustándola a la realidad estatal donde hay más de cuatro mil sinaloenses en situación de desaparecidos.

Son bastantes los agravios cometidos contra familias que cargan con el sufrimiento de esperar a sus seres entrañables mientras cada sonido del segundero del reloj les remarca la pregunta de si volverán a verlos. Por los que nunca debieron ser forzados a irse, y sobre todo por quienes los buscan en el contexto de ausencia de gobierno y sociedad indiferente, a Sinaloa le urgen políticas públicas y acompañamiento ciudadano para encontrar y poner a salvo a mujeres y hombres víctimas de la desaparición forzada.

Para que sociedad y gobierno,

no nos podamos equivocar,

repitamos en nuestro cuaderno,

“juntos los vamos a encontrar”.

Mucho ante de que se cansen las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, o las familias que luchan por encontrarles, se cansará el gobierno del cruel abandono y esfuerzo a medias que les brinda. El viernes en Culiacán, sábado en Mazatlán y ayer en Los Mochis, los colectivos de rastreadoras realizaron nueva pega de carteles con el rostro de aquellos que aman. Héroes de nuestro tiempo, las abrazamos al no haber palabras para narrar estas batallas por la vida de todos.