El Presidente de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU

En su primera visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una penosa crítica que seguramente no tuvo más intención que la de aumentar su popularidad, aprovechando que la inmensa mayoría de mexicanos desconoce el funcionamiento de esa institución.

Dijo que nunca en la historia, la ONU ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, una apreciación inexacta, propia de quien no está ni siquiera a tono con las críticas serias que se le hacen al organismo, pero que además deja ver la poca seriedad con la que se asumen los compromisos internacionales.

Y es que es necesario aclarar que el Presidente no acudió a la Asamblea General donde regularmente se dan ese tipo de pronunciamientos sobre temas tan importantes como la pobreza. En esta ocasión el encargo era integrar y presidir el Consejo de Seguridad, un órgano interno de la ONU que tiene como responsabilidad primordial el mantenimiento de la paz.

Por su naturaleza, el Consejo de Seguridad es más un ente político que un órgano jurídico. Su función es la de convocar una reunión periódica a cinco potencias que participan de forma permanente y con derecho a veto: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, más 10 naciones que se integran de manera eventual. Es un foro exclusivo donde los países de mayor peso mundial se congregan de manera cotidiana para mantener el equilibrio de poderes.

Esta es una de las razones por la cual México se mantuvo alejado por mucho tiempo de ese grupo. Y es que debido a su escasa influencia económica y militar, pero sobre todo por su delicada relación de vecindad y dependencia con Estados Unidos, a México se le dificulta tomar posiciones comprometedoras, que no son necesariamente de su interés y que al final pueden tener repercusiones adversas a su conveniencia. Aun así, México ha tenido participaciones relevantes en cuatro ocasiones previas.

La primera vez en 1946 apoyando el proceso de descolonización de África. En esa ocasión se tomó la palabra para proponer un contrapeso al derecho de veto que las grandes potencias todavía mantienen como privilegio al interior del Consejo de Seguridad.

La segunda ocasión fue hasta 1980, en el marco de la Guerra Fría, tomando una postura en defensa de los países no alineados, mediante la condena al régimen del apartheid en Sudáfrica, la ocupación ilegal de Namibia y Angola, así como al suministro de armas por parte de Estados Unidos y la URSS en los conflictos de Nicaragua y El Salvador.

En 2002 México volvió a integrar el Consejo de Seguridad durante el mandato del Presidente Vicente Fox, y esa vez se puso de manifiesto la dificultad para tomar una postura independiente, teniendo a Estados Unidos de frente en la mesa de negociaciones. El resultado fue el apoyo a una resolución que legalizó la intervención en Irak, en un momento en que México y Estados Unidos buscaban un acuerdo migratorio bilateral, que dicho sea de paso, nunca llegó a concretarse.

Durante su última intervención, en 2009, la contribución más importante fue la aprobación de la resolución 1882 sobre niños y conflictos armados, a propuesta de la delegación mexicana.

Con estos antecedentes se debe tomar en cuenta que la participación de México en el Consejo de Seguridad es en razón de Estado, y que el sentido de su intervención puede comprometer el desarrollo del país e incluso la soberanía nacional.

Es un foro que debe tomarse con toda la seriedad, y no como plataforma proselitista. Si el Presidente quiere ser crítico puede retomar temas como el límite al derecho de veto. También puede abordar temas de interés regional como el control de armas y la amenaza que representa el crimen organizado a la seguridad de la población civil, en especial la de mujeres y migrantes.

El problema es preferir pronunciarse sobre un tópico fuera del ámbito de competencia del Consejo, pero además con una retórica simplista y una propuesta de combate a la pobreza que se queda corta si uno conoce la labor tan complicada que mantiene la ONU en materia de desarrollo.

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El autor es abogado culiacanense e internacionalista