El 16 de diciembre pasado, un Juez de Distrito dictó sentencia en contra de Jumapam en una acción colectiva difusa promovida por Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C., con motivo de la contaminación de la Planta Tratadora de Aguas Negras “El Crestón” (PTAN) al arrojar al mar aguas negras sin tratar o tratadas inadecuadamente.
Lo interesante de esa sentencia es que se condena a Jumapam a reparar el daño ambiental causado al menos desde 2012, pero puede ir más atrás.
El Juez de Distrito indica en su sentencia lo que Jumapam está obligada a hacer para no seguir contaminando.
También señala que, en cuanto al daño ambiental pasado, si no puede ser físicamente reparado, volviendo las cosas como estaban antes de la contaminación, Jumapam debe pagar el monto en dinero que fije un perito experto en calcular daños ambientales.
En la sentencia se reconoce que, por el funcionamiento de la PTAN, la Jumapam ha venido contaminando el mar, al que arroja las aguas negras, algo que es un hecho notorio para todos los mazatlecos y hasta turistas.
La sentencia es importante porque prueba la eficacia de las acciones colectivas en materia ambiental.
Seguramente y como decía mi abuela, “para que aprendan”, la Jumapam terminará pagando una cantidad millonaria por los daños ambientales que tiene años ocasionando con la PTAN.
En las acciones colectivas las sentencias deben ser “disuasivas”, lo que quiere decir que no solo se ocupan de castigar al culpable de la contaminación ambiental, sino que el castigo tiene que ser de tal tamaño, que lo “disuada” de seguir contaminando, pero, sobre todo, que “disuada” a otros de contaminar.
Caro le saldrá a la Jumapam andar contaminando alegremente con la PTAN, y las empresas o los organismos paramunicipales equivalentes a la Jumapam, deberían poner sus barbas a remojar.
Contaminar con aguas negras sin que pase nada ya no es “natural”, a través de las acciones colectivas ambientales se puede castigar a los culpables con sanciones económicas altas y, si se descuidan, hasta con destituciones del cargo e inhabilitaciones para el servicio público.
Como vemos, el que contamina sí paga.
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