La primera quincena de la nueva administración municipal ha marcado señales de que Rubén Rocha Moya, que durante su etapa como candidato a la Gubernatura de Sinaloa se declaró un resuelto defensor de la Cuarta Transformación, ahora como jefe del Ejecutivo estatal está definiendo propuestas acordes por cuanto al sentido social, pero realizables mediante procedimientos discordes con las formas lopezobradoristas, lo cual tiende a crear promisorias expectativas entre diversos sectores operantes de la entidad.

    La primera quincena de la nueva administración municipal ha marcado señales de que Rubén Rocha Moya, que durante su etapa como candidato a la Gubernatura de Sinaloa se declaró un resuelto defensor de la Cuarta Transformación, ahora como jefe del Ejecutivo estatal está definiendo propuestas acordes por cuanto al sentido social, pero realizables mediante procedimientos discordes con las formas lopezobradoristas, lo cual tiende a crear promisorias expectativas entre diversos sectores operantes de la entidad.

    La heterogénea integración de su Gabinete, con Javier Gaxiola Coppel como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, y su incluyente apertura hacia el sector empresarial, revelan que el Gobernador Rocha Moya está consciente de que, para alcanzar la realización de su propósito de proporcionar paz y estabilización a Sinaloa, deberá recurrir a políticas públicas discrepantes con la estrategia descalificadora que aflora en el cotidiano discurso presidencial durante las conferencias “mañaneras”.

    Sin embargo, todo indica que el nuevo Gobierno de Sinaloa enfrentará un primer aspecto polémico motivado por el respaldo a la planta de fertilizantes en Topolobampo, cuyo caso se espera definir el 28 del mes en curso mediante una de las consultas populares que instituyó la 4T. Rocha Moya se pronunció a favor del proyecto en cuestión, en contraposición con los grupos de indígenas y ambientalistas que, mediante amparos, han mantenido en tiempo de espera el avance de esa obra que consideran como un atentado ecológico en perjuicio de la flora y la fauna regionales.

    Como es sabido, el Gobernador sinaloense apoya su respaldo a dicha planta mediante el argumento de que su funcionamiento generará un gran beneficio a la agricultura sinaloense y nacional, pues reducirá el costo de insumos tan determinantes como son el amoniaco y la urea, que actualmente se importan del extranjero. En tal sentido, Rocha Moya aclara que el tema no es proteger la fuerte inversión extranjera que representa esa obra, en este caso de capital alemán, sino considerar el beneficio que aportará para Sinaloa y para todo México, al tiempo de tomar en cuenta a la población indígena de esa zona, que ahora podrá manifestarse en la programada consulta.

    La designación de la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada como Fiscal General del Estado abre esperanzadoras expectativas contra la impunidad en Sinaloa, en vista de la enérgica actitud que asumió al conocer y juzgar a varios ex funcionarios de primer nivel durante el gobierno de Mario López Valdez, como consta en el caso del actual Presidente Municipal de Ahome. Finalmente, después de recurrir a una serie de subterfugios legaloides, los acusados fueron favorecidos con sentencias en extremo benignas, pero la posición de la Jueza quedó como ejemplo de integridad.

    La posición de la nueva Fiscal sin duda anuncia el apoyo a la lucha contra la corrupción, propósito que es otra de las propuestas que establece el Gobernador Rocha Moya, y ese apoyo se hará presente también por cuanto a la pacificación, pues la Jueza Quiñónez Estrada señala como prioridad la atención a las víctimas de delitos contra mujeres, niñas, niños y grupos vulnerables. Vale observar que la persistencia de un alto margen de impunidad ha sido determinante para fomentar la violencia en el estado. Los antecedentes conductuales de la actual Fiscal y el contenido de sus propuestas prioritarias prefiguran una intensa acción contra el delito. Así sea.

    La conducta que está haciéndose presente en la Cámara de Diputados, ahora también de diputadas, en justo reconocimiento de género, se pronunció durante la semana más reciente en procaz enfrentamiento por parte de legisladoras de la mayoría y de la Oposición. La forma de descalificar se redujo a niveles de albañal en una radical contraposición al orden dialéctico que debieran mantener quienes ostentan la honrosa responsabilidad de representar y defender los derechos de los mexicanos. Y al observar tan denigrante actitud supuestamente parlamentaria, surge un justo desconcierto en torno al curso que seguirá registrando el otrora respetable recinto.

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