El regreso del ogro filantrópico

El priismo está en las venas de la llamada 4T. Es innegable que aspiran a una recentralizacón del poder y a la profundización del presidencialismo. Aspiran a un Estado fuerte, gobernado por un Presidente omnipotente. Resulta paradójico que sus políticas lo han terminado de debilitar después de cuatro décadas de adelgazamiento. Pero se mantiene esa añoranza del corporativismo y esa reconfiguración del clientelismo como ejes fundamentales del sistema político. Ahora hay que sumar el militarismo, ni duda cabe.

Durante décadas, organizaciones barriales, sindicales, campesinas, de profesionistas, estudiantiles, tenían como dilema mimetizarse o constituirse como el “otro” de un Estado que monopolizaba la acción social y política bajo la forma del partido cuasi-único. El control absoluto de la vida pública mostraba dos caras: la de la zanahoria y el garrote, la del Estado benefactor y la del Estado represor. Como diría Octavio Paz, la del “ogro filantrópico”. Ese ogro que representa al estatismo irrefrenable, el burocratismo displicente, la clase política patrimonialista, el aparato dadivoso a la que vez que represor.

Para Morena, muy lejos de la disciplina del viejo ogro, la aspiración es la misma. Lograr una nueva hegemonía y aglutinar las fuerzas sociales dentro de su abigarrado partido. Bajo esa lógica, las organizaciones civiles y movimientos sociales, estorban por su autonomía. Aquí no se trata si son santas o non-santas, simplemente estorban porque le restan poder a ese ente que aspira a monopolizar la acción social. Si no es en el seno del caótico Morena, la idea es que la disputa sea al interior del Estado obradorista.

Las reglas del sistema social, político y económico, las que le daban sentido a ese ogro filantrópico, marcaban que toda disputa se llevara a cabo en el seno del partido. Para el “afuera” del partido estaba el estigma, la anulación o la franca persecución y aniquilamiento. Eso cambió en 1977 con la amnistía a los presos- perseguidos políticos de los movimientos armados y la reconstitución del sistema de partidos. Por primera vez, con maquiavelismo, el sistema reconocía que lo que “resiste, soporta”. Darle legalidad a la oposición política, y unos años después, a las organizaciones sociales, era fundamental para legitimar un régimen esclerótico. De esta manera, los nuevos actores políticos y sociales disputaron legitimidad y capital (político, ideológico, social, cultural) al PRI-Estado. Algunos de ellos, con la fragmentación del poder del Estado durante la transición a la democracia electoral, fueron sustituyendo al propio Estado en actividades de asistencia, asesoría, apoyo, defensa y promoción de derechos de sectores vulnerados.

Por eso, una de las más grandes luchas que ha desplegado López Obrador, sin matices ni mirando los grises, es contra los “intermediarios”. Porque a la forma de Estado a la que aspiran el Presidente y Morena es la interrumpida con la llegada del neoliberalismo en 1982. De ahí nace su guerra contra el “intermediarismo” que hasta hace unos días se mantenía predominantemente en el discurso. Para el Presidente es lo mismo la organización filopriista Antorcha Campesina que cualquiera de las organizaciones ecologistas; las asociaciones civiles de Josefina Vázquez Mota y las de defensa de derechos humanos.

Como se deduce, el sector de organizaciones de la sociedad civil es plural, variopinto y tiene una amplia y hasta contradictoria adscripción ideológica. El sector social no es un monolito. Pero bajo la lógica del gobierno actual le disputan poder al Estado porque le quitan recursos pero aparte, denuncian y se oponen a ciertas políticas. Sus funcionarios, que han caminado con y provienen de las organizaciones sociales, más les vale voltear a otro lado, ni las manos meten, sabedores que esa percepción es equívoca pero -sobre todo- injusta. Además,saben que, en gran parte, el trabajo de estas organizaciones crearon condiciones para el triunfo electoral de una opción que ofreció un cambio de régimen.

Perseverante como lo es, AMLO (a través de los grupos parlamentarios de Morena) decidió pasar del discurso al hecho, dando un paso más en las restricciones a las organizaciones con la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En una nuez, la reforma aprobada el martes en la Cámara de Diputados, constriñe las posibilidades de deducir donativos de personas físicas (individuales) a las asociaciones civiles. Antes una persona podía deducir el 7 por ciento de sus ingresos, ahora el porcentaje de deducción se reduce significativamente al ponerlo en la canasta de deducciones personales con un tope global de 163 mil pesos. La trampa está en que ese límite global de deducciones se constriñe e incluye gastos médicos, intereses, hipotecas, colegiaturas, transporte escolar, etc. Es decir, se tendrá que elegir entre deducir una multiplicidad de gastos básicos y brindar donativos a organizaciones civiles.

Según el Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI) serán afectadas 5073 organizaciones que reciben donativos de personas físicas. Esas organizaciones son muy diversas y despliegan actividades de promoción y avance en ámbitos como la salud, medio ambiente, educación, alimentación, atención de infancia y adultos mayores, por mencionar algunos. El CEMEFI estima que las organizaciones podrían dejar de percibir más de 8,000 millones de pesos que hoy destinan a la realización de actividades asistenciales (69 por ciento), educativas (12 por ciento) y culturales (9 por ciento).

El impacto será para las organizaciones pero quienes llevarán la peor parte son las destinatarias directas de sus actividades. En el campo social, dice AMLO, no tienen por qué intervenir “los particulares” en labores que le corresponden al Estado. A botepronto suena plausible esta afirmación pero tiene falencias, sobre todo a luz del contexto histórico. El Estado dejó de lado su acción social, es cierto, pero no fue automática ni total la entrada de las organizaciones que no tienen la capacidad para sustituir esas parcelas abandonadas, pues las asociaciones civiles representan solamente el 1.37 por ciento del PIB. Aún así el aporte cualitativo en términos de ciudadanía activa y solidaria, el avance de agendas de derechos básicos y la articulación horizontal es inconmensurable.

Lo que abandonó el Estado fue inmediatamente sustituido, en una magnitud e intensidad mucho mayores, por otros sujetos sociales con poder real (grupos criminales) o de plano detonó la migración que es hoy una fuente primordial de ingresos a través de las remesas. Además el Estado mexicano comenzó a padecer una deficiencia selectiva: dejó su matiz social pero mantuvo el represor.

Esta estrategia política que pretende desplazar a las organizaciones en aquellas parcelas acotadas y pequeñas no tiene como correlato el robustecimiento del Estado social más allá de un uso intensivo de transferencias directas de dinero a sectores empobrecidos y marginados. El sistema educativo está a la deriva y el sector salud no levanta con el nuevo ariete llamado Insabi. Salud y educación, derechos fundamentales para el desarrollo social, siguen enfrentando obstáculos estructurales. Todo esto significa que la apuesta por las transferencias directas, como única forma de re-ocupar el espacio social, refrenda el carácter clientelar del Estado priísta/ogro filantrópico, viendo a las personas como objetos y no como sujetos de derechos.

Así las cosas, desde la sociedad civil habrá que padecer y resistir las amenazas políticas -y ahora legales- del ogro filantrópico que viene reclamando sus fueros.