Justicia alterada: la jueza, al banquillo

Pocas veces habíamos visto en Sinaloa que se invirtieran los roles en el sistema de justicia para que los jueces estén en el banquillo de los acusados y los presuntos responsables de delitos se coloquen en el lado opuesto, señalando a los enjuiciadores con índice de fuego. Hoy que lo presenciamos debemos adquirir como sociedad la capacidad de imaginar qué pasará si los factores se alteran y la ley la aplican los mismos que la violentan.

El caso Armando Villarreal Ibarra ha sido muy ilustrativo, inclusive más que el expediente del ex Secretario de Salud, Eduardo Echeverría Aispuro, de ese punto en el cual el estado de derecho adquiere la textura blanda, chiclosa y elástica, para que las más avezadas carpetas de investigación se moldeen a la medida de los intereses de los penalmente encauzados. Cuando creíamos que la balanza de la justicia se equilibraba, vemos con asombro que, al contrario, procede a perturbarse con vaivenes inauditos.

Cuando la defensa del ex Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado vio venir el veredicto condenatorio que emitiría la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada, acudió a la solicitud de que ésta se excusara en la causa procesal. La señalan de ser parcial en los alegatos y con ese argumento principal pretenden que la Judicatura local la releve en el juicio, dándole un revés a la confianza ganada.

Sara Bruna Quiñónez destaca en el Poder Judicial de Sinaloa por oponerse a acuerdos entre los que causan el perjuicio y los que son afectados en delitos contra las finanzas públicas. Se ha resistido a que de pronto la Fiscalía General del Estado o la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas lleguen con “arreglos” que perdonan los ilícitos que tipifican posibles hechos de corrupción, a cambio de que los acusados resarzan parcialmente el daño económico, y en abonos.

Así, el juicio contra Armando Villarreal y coacusados del desvío en 2016 de 260 millones de pesos da para una serie de Netflix de varias temporadas. En un capítulo salta la eventualidad de la exoneración resultante de la aplicación a medias de la ley, en el siguiente aparece la llamada “jueza de hierro” haciendo valer la norma jurídica, e inesperadamente la historia vira al episodio donde Sara Bruna es llevada al banquillo donde debieran estar los inculpados.

La caja de pandora del nuevo sistema mexicano de justicia penal acusatorio está arrojando en Sinaloa productos excepcionalmente sorprendentes. La jueza Quiñónez Estrada emergió en el exacto momento en que los sinaloenses exigen castigo legal ejemplar para los eternos desfalcadores de las arcas públicas, pero éstos han perfeccionado los métodos para eludir la sanción judicial.

Villarreal Ibarra niega en defensa propia haberse beneficiado personalmente de los 260 millones de pesos en controversia ya que se utilizaron para cubrir obligaciones económicas durante el gobierno de Mario López Valdez; la jueza postula que el dinero se usó en áreas distintas a las que fue etiquetado y ello configura el delito de desviación de recursos públicos. Mientras tanto, el afectado por el mal manejo administrativo, que es Gobierno del Estado, hace suya la tarea para que el ex titular de la SAyF sea exonerado de todos los cargos.

Más allá de las marometas que cada quien quiera dar en los tribunales, la intención de sacar del juicio a Quiñónez Estrada provoca más sospechas que certidumbres jurídicas. La defensoría de Villarreal se muestra decidida a intentar un salto mortal en el trapecio de la justicia, sin red de protección. Si lo logra, el cliente lo aplaudirá; si falla el golpe será tan punzante como quisquilloso es el expediente en la conversación colectiva.

A reserva de conocer la postura del Poder Judicial Estatal, la función de la jueza no es facilitarles ni avalarles salidas airosas a los procesados, menos en un ámbito donde la justicia resarcitoria poco puede hacer al tratarse de afectaciones al patrimonio público. Además, no hay que pasar por alto esto, el ojo ciudadano está revisando la actuación del tribunal y le apuesta mucho a que Sara Bruna haga lo que sabe y lo que debe hacer.

Si la justicia cede en este o en otros casos, tarde o temprano acabará comprometiendo el resto. Lejos de ser una cuestión donde la ley ajuste o afloje poquito, o se estire o rigidice, de lo que se trata es establecer como regla un modelo firme que sea efectivo al sancionar a quienes se les demuestre la comisión de delitos y absuelva a los que resulten inocentes. La sabia virtud de darle a cada uno lo suyo.

El cuento de final feliz,

Dirá que hubo una vez,

Una incorruptible juez,

Que no agachó la cerviz.

No vaya a salir Mario Delgado Carrillo, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional, con la artimaña de simular encuestas para designar a los candidatos a las alcaldías de Sinaloa que en realidad son señalados por el “dedo” elector del partido y de Rubén Rocha Moya, la carta con la que la 4T busca ganar la Gubernatura. Lo decimos porque es imposible meterle más inestabilidad a los desastres políticos que significan para Morena sus gobiernos en Culiacán, Mazatlán, Guasave y Los Mochis. Por lo pronto ya sacó de la jugada a Óscar Loza Ochoa, el luchador social que pudo ser un excelente Presidente Municipal de Culiacán.