La 3 de 3 ya está rebasada; falta la 5 de 5
No a delitos ni a discrepancia económica

Al formalizarse ayer el encumbramiento en la política sinaloense de actores y sectores a los cuales la sociedad les pone encima un enorme signo de interrogación, símbolo de la sospecha, debieran los organismos no gubernamentales e instituciones en materia de transparencia y combate a la corrupción ocuparse en crear mejores sistemas de fiscalización a los candidatos que participan en el proceso electoral en marcha. La iniciativa 3 de 3 empujada desde 2015 resulta rebasada hoy por la recurrente aptitud a la opacidad de los sujetos obligados y la débil voluntad de quienes debieran hacer valer la ley.

Independientemente de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, que establece la 3 de 3 impulsada en origen por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, abrazada también por instancias de la sociedad civil, el cristal empañado que los partidos y poderes fácticos les ofrecen a los votantes para que vean como inmaculados a perfiles de naturaleza ilegítima, plantea la urgencia de avanzar al menos a la 5 de 5.

Un cuarto requisito tendría que ver con la declaración notariada que dé cuenta que los ingresos obtenidos en el desempeño de la función pública no discrepan de los bienes adquiridos o los recursos económicos acumulados en el mismo período. Algo similar a lo que el Sistema de Administración Tributaria les impone a personas morales y físicas para cuidar la congruencia entre lo que facturan y lo que registran en las cuentas bancarias fiscalizadas.

La quinta obligación para los que aspiran a cargos de elección popular que se definirán con el voto el próximo 6 de junio tendría que ver con la comprobación amplia de que no poseen antecedentes penales. Si bien es cierto que la actual reglamentación electoral prevé que los candidatos deben estar exentos de cometer violencia de género, delitos sexuales o ser deudores alimentarios, en el resto del catálogo de conductas punibles la permisibilidad es elástica y sujeta a la interpretación igual de flexible.

La propuesta 5 de 5, o más si alguien agrega otros aspectos a fiscalizar, corresponde al interés ciudadano para que nadie traspase el tamiz de la legitimidad a través de argucias como la mentira, simulación y tráfico de influencias. Traducido al argot común se trata no nada más de que no tengan colas que les pisen, sino que las traigan limpias.

Y como ya está probado a suficiencia que las pretensiones del movimiento cívico no bastan para alcanzar los propósitos de campañas políticas donde cada participante sea translúcido en aspiraciones, intereses y haberes, entonces la batalla desde la trinchera ciudadana ha de extenderse hacia las instituciones anticorrupción creadas para aplicar la ley, pero lucen atoradas en dejar pasar y dejar hacer.

Esos aparatos burocratizados en los cuales la corrupción se combate en el discurso, y en los hechos la alientan con las omisiones en la aplicación del sistema legal vigente, deben ser obligados a hacer la chamba que les corresponde. Nosotros, los sinaloenses, les pagamos bien para que estén a la altura de la aspiración colectiva por transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas por lo tanto deben rendirnos excelentes resultados.

Así, con la serenidad y firmeza del estatuto legal, sin fobias ni filias. Ampliar el campo de inspección de la lupa cívica es tan conveniente para los electores como para los elegibles, ya que se pone a salvo el ingrediente de la legitimidad que significa el punto de partida para la confianza que es depositada en quienes se convierten en representantes populares. Desde esta perspectiva la iniciativa 3 de 3 debe progresar al 5 de 5 más lo que agreguen las organizaciones que le dan voz a la sociedad.

Para que este planteamiento del 5 de 5 deje de parecer obra de la ingenuidad tendríamos que lograr que el aparato anticorrupción despierte del prolongado letargo en que está. Que la Secretaría de Transparencia y Rendición de cuentas deje de hacerle al tío Lolo, que el Congreso del Estado legisle acorde al interés de Sinaloa y deje de atender apetitos políticos de sus propios asambleístas.

Que el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa deje la abulia que lo coloca al ras de la complicidad y fortalezca el cumplimiento del formato y plataforma para recibir la declaración 3 de 3, o la 5 de 5 de los candidatos, que al Poder Judicial de Sinaloa lo integren vocaciones y convicciones por el saneamiento de la cosa pública y no alfiles de los sujetos y siglas que participan en la puja del poder. Y que la Fiscalía Anticorrupción ya no sea de ornato sino de escarmientos a los que aparecerán en la boleta electoral a pesar de tener expedientes negros blanqueados a fuerza de impunidad.

Pagamos la equivocación,

De haber construido mal,

Un microscopio social,

Ciego frente a la corrupción.

Como si se avergonzara de decisiones que la militancia aborrece, al cierre de esta columna el mando centralizado del Movimiento Regeneración Nacional no daba a conocer la lista oficial de sus candidatos en Sinaloa, sin embargo, ni falta hacía porque por su propia cuenta Jesús Estrada Ferreiro se autoproclamaba como abanderado por la Presidencia Municipal de Culiacán, Gerardo Vargas Landeros por la de Ahome y Luis Guillermo Benítez Torres por la de Mazatlán. Pragmatismo ruin donde se le ofrece esperanza a la gente y en cambio se les proporciona desilusión. Y todas las luces al final de túnel de la 4T se les apagan a los sinaloenses volviendo a la lobreguez anterior a la del 1 de julio de 2018.