La aldea de ciudadanos sin periodismo
Salir a gritar en defensa de uno mismo

Frente a Catedral donde está el nombre de Culiacán en letras grandes, y en el malecón junto al parador turístico con los ocho caracteres de la palabra Mazatlán, los periodistas sinaloenses nos unimos a la manifestación que se realizó en todo México para exigir que cesen los crímenes contra comunicadores y sean restablecidas las garantías para ejercer la libertad de expresión. Desde allí emanó como lava incandescente hacia afuera y dentro del estado la indignación porque en enero la violencia nos quitó a tres más de los nuestros.

Estuvimos juntos dentro de ese hoyo negro en el que cada día cae un promedio de 90.5 personas sacrificadas, según la estadística oficial que en 2021 reportó 33 mil 410 víctimas de homicidios dolosos. En la cueva rupestre de la barbarie mexicana en la cual los neandertales del poder han inmolado a 28 periodistas durante tres años y dos meses transcurridos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como queriendo batir los récords de los sexenios de Felipe Calderón, con 48 colegas asesinados y Enrique Peña Nieto, con 47.

Es que el alba de 2022 perfiló, ojalá y no suceda, otra terrible jornada letal contra el gremio. En realidad, eso fue lo que nos volvió a sacar a las calles. Al asesinar en Veracruz a José Luis Gamboa Arenas, el 10; Margarito Martínez en Tijuana, el 17, y Lourdes Maldonado en la misma ciudad de Baja California, el 23, los diferentes semblantes de delincuencia dirigida al periodismo se recrudecieron en la permanente pesadilla de la mortaja como postrera mordaza colocada a la prensa.

Para colmo de males, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció sólo el pésame a los caídos en el cumplimiento del deber y prosiguió escatimando la justicia al exonerar de culpa a su compañero de partido, el morenista Jaime Bonilla, ex Gobernador de Baja California, a quien Lourdes Maldonado denunció como inminente agresor que podría privarla de la vida. “No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ninguno juicio, hay que esperar y ver quiénes estaban informados”, dijo AMLO un día después de cometido el asesinato contra la periodista tijuanense.

La periodista inició en 2013 un conflicto laboral por despido injustificado contra Televisora Media Sport de México, propiedad de Jaime Bonilla, y logró laudo a favor de ella en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, aunque en 2019 el expediente del caso fue revisado y en tres semanas se revirtió la sentencia. Más recientemente, el 19 de enero, otro tribunal laboral le dio la razón jurídica y ordenó a la parte patronal pagarle los salarios caídos. Al negarse el ex Gobernador a atender el veredicto se procedió a embargarle bienes y Lourdes Maldonado fue designada como depositaria interventora, lo cual le permitía el acceso a todos los libros contables y nóminas de pagos a empleados de la empresa. Cuatro días después de ganar esa batalla legal, fue asesinada.

Por eso sacamos desde el fondo de nuestros corajes las mismas consignas que aquí lanzamos cada vez que matan a un compañero. Desde el atentado que el 15 de mayo de 2017 privó de la vida al periodista Javier Valdez Cárdenas no se había logrado realizar una manifestación con resonancia en más de 40 ciudades, desplegada en las portadas de la mayoría de los medios de comunicación y replicada con fuerza en las redes sociales.

Entre la ira por la indiferencia de los gobernantes ante la embestida criminal que quiere anular libertades como la de expresión o derechos inherentes al acceso a la información, pero también rehenes del miedo a que la barbarie alcance a otros reporteros o entre a más redacciones, acabó uniéndonos el dolor periférico del desamparo, al grado de articular la movilización que acabó siendo catarsis gremial para desalojar los desencantos e impotencias.

Nos acordamos de los periodistas Gregorio Rodríguez, abatido el 28 de noviembre de 2004; Alfredo Jiménez Mota, desaparecido el 2 de abril de 2005; Óscar Rivera, victimado el 5 de septiembre de 2007; José Luis Romero, inmolado el 30 de diciembre de 2009; Humberto Millán, cuyo crimen sucedió el 24 de agosto de 2011, y Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017. Es el pase de lista de los sacrificados y al mismo tiempo la rememoración de impunidades promovidas desde los diferentes niveles del poder público.

Al preguntar ¿cuántos más? procedimos a descorrer el velo que esconde las preocupaciones del periodismo valiente, el que lo arriesga todo con tal de ofrecerles a los ciudadanos aquella información que la alta delincuencia y la corrupción organizada no quieren que se conozca. ¡Ni uno más!, coreamos como plegaria para que ya detengan la agresión que al inmolar a la prensa golpea a la sociedad con el propósito de enceguecerla, volverla muda y tenerla paralizada.

Y así fue como la tarde del martes irrumpimos con el grito de justicia en la aldea que gobiernan cavernícolas que atan al pueblo a las entelequias de la desinformación, silencio y fervor a los bozales.

Que se acabe ese destino,

Deparado al periodista,

Donde Gobierno y asesino,

Pactan un final fatalista.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, encendió ayer una tenue luz en la mazmorra en que quedó atrapada la iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa que fue dictaminada por la 63 Legislatura y luego enviada al archivo muerto de la Cámara. “Ya la tenemos aquí y está en el proceso legislativo. No hay ninguna duda, la vamos a aprobar para, desde el Legislativo, abonar a mejores condiciones jurídicas para el ejercicio del periodismo, para la protección de los defensores de los derechos humanos. Hay consenso entre las fuerzas del Congreso”, afirmó.