Uno de los tres pies del trípode fraudulento de las elecciones de 2018 fue la sobrerrepresentación de Morena en la Cámara de Diputados. Aguilar Camín, Crespo y varios otros han explicado el asunto con detalle, y Ciro Murayama en tanto Consejero del INE, lo ha criticado con elocuencia y precisión.
Así describe Murayama el proceso de tergiversación de los resultados en las últimas tres elecciones federales para diputados: “En 2012 ocurrió de forma casi imperceptible cuando la coalición del PRI y el PVEM obtuvo 40 por ciento de los votos a la Cámara y 48.2 por ciento de los diputados. Una diferencia de 0.2 por ciento equivalente a un legislador. En 2015, otra vez el PRI y el Verde, coaligados, obtuvieron 40.3 por ciento de la votación, pero recibieron 250 diputados, el 50 por ciento, un 9.7 por ciento adicional, lo que excede el límite constitucional en 1.7 por ciento. El caso extremo de sobrerrepresentación se dio en 2018. Los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia (JHH), obtuvieron el 44 por ciento de la votación popular a la Cámara Diputados, pero recibieron 308 diputados, lo que equivale al 61.6 por ciento del total. Es decir, ocurrió una sobrerrepresentación que duplicó el límite establecido en la Constitución”.
Ahora bien, como se ve, la sobrerrepresentación benefició al PRI en dos ocasiones, y a Morena en una. La pregunta se antoja obvia: ¿Qué pasó? El Consejo General del INE, por nueve votos contra dos, respondió que “ya no nos volverán a saquear” (dixit López Portillo en 1982), y que, en dos de esas tres ocasiones, el propio INE se había equivocado. Esta decisión del INE será sin duda objetada (quizás ya lo fue) por Morena, y el Tribunal Electoral, cuyos fallos son inapelables, podrá echarla abajo. Pero por lo pronto hay un diagnóstico del problema, y una solución: aplicar el artículo 54, fracción V de la Constitución (aprobado en la reforma de 1996 que limita la sobrerrepresentación a 8 por ciento) al pie de la letra.
El dilema estriba en otra parte. ¿Por qué se equivocó el INE? ¿Hubo colusión o complicidad de los consejeros con el PRI en 2012 y 2015, y con Morena en 2018? ¿Se trató de un error técnico que nadie, dentro del inmenso aparato del INE, haya detectado? Los opositores, que sí cuestionaron el procedimiento ¿lo hicieron con tibieza o temor? ¿Dónde se encuentra la garantía de que esto no vuelva a suceder?
Por principio me molesta hacer leña del árbol caído (aunque dependa del árbol). Por eso no quisiera prestarme al juego de desacreditación del INE impulsado por el gobierno actual. Finalmente, es lo que hay, y no vamos a construir algo mejor durante muchos años. Pero sí sorprende que en tres ocasiones sucesivas se haya violado la disposición constitucional, en algo que debiera resolverse de manera estrictamente técnica. Veremos que en realidad es altamente política.
En efecto, si la mayoría morenista en el Tribunal tira la decisión del INE, volveremos al pasado. El problema es que hay un fallo del Tribunal al respecto, de 2015, que avala la posición del INE. Entonces, el actual tribunal no solo se contradiría a sí mismo si le da palo al INE, sino que colocaría leyes secundarias por encima de una norma constitucional. Son inapelables las decisiones del Tribunal. Pero ¿qué pasa si alguien plantea que el carácter inapelable de dichas decisiones, cuando violan la Constitución, es anti-constitucional? ¿Quién decide? En México, el único tribunal constitucional es la Suprema Corte. En teoría no puede atender casos electorales. ¿Y qué tal si no son electorales, sino constitucionales y de derechos humanos (el derecho a ser representado equitativamente)?
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