La autonomía operativa del Ejército y la letalidad desorbitada
Se acumulan las preguntas sin respuesta y los hechos escandalosos asociados a la intervención militar en la seguridad pública. El Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX encontró apenas que, en enfrentamientos entre representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y “presuntos delincuentes” en Nuevo Laredo, Tamaulipas, esa institución militar mata a 28.8 personas por cada una que hiere. Si bien no es comparable el dato con el promedio nacional, sí es ilustrativo recordar que esto que llamamos índice de letalidad registró el promedio nacional más alto en 2012, llegando a 14.7.
El principio del control es clave en la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. El Presidente habla del Ejército “leal, profesional y disciplinado” y emitió un acuerdo permitiendo su despliegue “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Contrastan las normas con las imágenes de una posible ejecución contra cinco personas civiles por parte de miembros del Ejército en Nuevo Laredo, sucedida el pasado 18 de mayo. En el lugar de los hechos no hubo autoridad civil alguna presente, sino varias horas después hasta la llegada de la Fiscalía General de la República, en cuyo lapso, gracias a una cámara de video de un centro comercial, se observa que los soldados acercaron al menos un arma a uno de los cinco civiles ejecutados, todo indica que con el propósito simular un enfrentamiento. A uno de ellos le quitaron los candados de mano (esposas), al parecer luego de haberlo ultimado. El caso mencionado, así como la masacre de seis jóvenes en Nuevo Laredo el 26 de febrero, se encuentran bajo investigación por las autoridades civiles.
¿Se trata entonces de casos excepcionales? Los datos indican que no. Hoy el Programa de Seguridad Ciudadana da a conocer una base de datos que representa el registro de los enfrentamientos y agresiones entre el Ejército y personas civiles entre 2007 y 2022, elaborada desde información proporcionada por la propia Sedena, junto con un mapa interactivo.
En los últimos 10 años (2013 a 2022), más de la mitad de los enfrentamientos reportados por esa institución ocurrieron en un solo estado: Tamaulipas. En contraste, la Sedena, según su propia metodología, estima que solo el 10 por ciento de los enfrentamientos entre grupos delictivos entre 2017 y 2020 de todo el País ocurrieron en esa entidad y ahí se registraron menos del 3 por ciento de los homicidios dolosos con armas de fuego contabilizados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Estas confrontaciones se encuentran cada vez más concentradas: desde el inicio del sexenio actual hasta finales de 2022, uno de cada cinco de los enfrentamientos registrados en todo el País ocurrió en el municipio de Nuevo Laredo. Entonces, los casos recientes forman parte de una incidencia excepcional de enfrentamientos entre el Ejército y personas civiles en Tamaulipas y en particular en Nuevo Laredo. ¿Qué evidencia hay de malas prácticas?
El índice de letalidad es un indicador de posibles usos ilegítimos de la fuerza letal. Se trata del total de civiles fallecidos en enfrentamientos dividido por el total de civiles heridos en los mismos. En su punto más alto, el índice de letalidad en el registro de la Sedena alcanzó 14.7 en 2012, cayendo drásticamente hasta 2017, para luego repuntar en años recientes. Durante el presente sexenio presidencial y hasta finales de 2022 el índice de letalidad en Nuevo Laredo llegó como anotamos a 28.8, mientras que en Tamaulipas el índice es 18.9 y en el resto del País es 2.1.
El índice de letalidad indica posibles usos ilegítimos de la fuerza letal y se encuentra en niveles exorbitantes en Nuevo Laredo, municipio donde se vienen acumulando investigaciones por probables delitos cometidos por miembros del Ejército en contra de personas civiles.
Bajo este contexto de evidencias, desde el Programa de Seguridad Ciudadana nos preguntamos qué tan comunes son los casos en que el Ejército se encuentra en actividades operativas de manera autónoma y no de manera complementaria y subordinada a las fuerzas civiles de seguridad, como estipula la ley.
La base de datos sobre agresiones que la Sedena mantenía en secreto, hasta su publicación por las organizaciones Data Cívica e Intersecta, indica cuáles autoridades participaron en los hechos. Según esta fuente, en mil 228 agresiones entre las fuerzas armadas y civiles entre 2017 y 2020 no hay registro de autoridades civiles participantes en el 83 por ciento de los casos, ni siquiera la Guardia Nacional militar. En Tamaulipas, las fuerzas armadas actuaron no acompañadas en 93 por ciento de los casos, comparado con el 73 por ciento en los demás estados.
En nuestro mapa interactivo de los enfrentamientos del Ejército argumentamos que no se puede confiar en la veracidad de los datos de origen oficial. Como ejemplo, identificamos el caso de una supuesta agresión hacía el Ejército registrada en Luvianos, Estado de México en 2014, en donde una investigación posterior encontró que los supuestos agresores no habían accionado los armas e incluso murieron por disparos cuya trayectoria de impacto fue por la espalda.
Vale la pena leer a detalle la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que resultó en una recomendación publicada en 2019. Ahí se encuentra que los soldados “actuaron sin facultades legales para llevar a cabo un operativo de tal naturaleza”, ya que operaron sin el involucramiento de fuerzas de seguridad civiles en la Base de Operaciones Mixtas de Tejupilco. Aunque el operativo fue acompañado por un agente del Ministerio Público, el agente “no sabía de la supuesta denuncia anónima ni tampoco de los objetivos del operativo”.
En el caso mencionado, la FGR no llegó hasta ocho horas después de los hechos. No se pudo completar la investigación por falta de luz y se reanudó al día siguiente. En la consideración de la CNDH, “no existió́ garantía de imparcialidad en el resguardo del lugar de los hechos e indicios, sobre todo, porque la parte presuntamente responsable de los hechos fue la única encargada del resguardo del lugar”.
Este ejemplo revela lo que los datos enseñan de manera sistemática: el Ejército se encuentra día a día en operaciones que violan el carácter civil de la seguridad pública, y el supuesto marco legal otorgado por la Ley de la Guardia Nacional y el citado Acuerdo Presidencial.
Desde mediados de los 90 a finales del siglo pasado, cuando los criterios judiciales ordenaron que las autoridades militares solo intervendrían en la seguridad pública a solicitud y bajo la autoridad civil, inmediatamente dijimos que eso en la práctica no sucedería. Casi 30 años después se puede confirmar que así es, con múltiples consecuencias graves contrarias a las leyes que solo de manera excepcional son investigadas.
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Colaboró Sam Storr, consultor del PSC.
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El autor es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016).
