La batalla final de la planta de amoniaco. La Corte el 6 de abril: ecología o negocios

Cuando en 15 días la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva uno de los últimos amparos que mantienen en pausa la construcción de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente sobre el sistema lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, será solucionado también el dilema de privilegiar esa inversión extranjera en Sinaloa escalable a 5 mil millones de dólares en 10 años, o cumplir el compromiso de las autoridades mexicanas de proteger a este humedal de importancia internacional.

Desarrollo económico y defensa del hábitat no debieran constituir una encrucijada en los tiempos modernos donde las dos vías tienen que ir paralelas con el bienestar de la población como punto de convergencia. Las instituciones responsables de hacer cumplir la ley y las empresas que traen dinero y empleos siempre han de tener posibilidades intermedias de sustentabilidad y sostenibilidad, sin aferrarse a sacrificar una u otra cosas.

El proyecto impulsado por firma suizo-alemán Proman lleva más de siete años oscilando entre la terquedad de la compañía por instalarse en el lugar que de origen le asignó el gobierno de Mario López Valdez, argumentando la creación de 2 mil 500 empleos y la producción 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco anhidro cada día, mientras las comunidades indígenas y de pescadores prosiguen en la lucha por evitar lo que anticipan como desastre ecológico.

En el ínter del conflicto ha corrido demasiada tinta en notas periodísticas sobre las posturas de las partes del diferendo, pero antes de eso algo pútrido impregnó la intención de los inversionistas al hallar a políticos y dependencias anegados en la corrupción. Recuérdese que a mediados de octubre de 2018 los ex gobernadores Francisco Labastida Ochoa y Mario López Valdez intentaron fallidamente la última negociación con el colectivo “Aquí no”, que es el que obtuvo el amparo contra la planta.

El 15 de octubre de 2018 el Juzgado Sexto de Distrito ordenó la suspensión provisional de la obra de la planta de amoniaco dándole la razón jurídica a Máximo Montes, apoderado legal del grupo inconforme, y Librado Bacasegua, presidente del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes-Mayos de Sinaloa. Tres años después, según el expediente, AR498/2021 lo que se impugnó fue la resolución de Semarnat que a través del oficio SGPA/DGIRA/DG/03576 autorizó desde abril de 2014 que se estableciera la industria de amoniaco.

Pues ha llegado la fecha de que la Segunda Sala de la SCJN determine sobre la queja que en 2021 interpuso la comunidad Mayo-Yoreme del campo pesquero “Lázaro Cárdenas” asentada en el municipio de Ahome, para que se revise el estudio de impacto y riesgo ambiental con el cual la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la obra de la fábrica de fertilizantes con base a la manifestación de daño ecológico sustentado por GPO.

La Corte, con base a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán, determinará “si la parte quejosa cuenta con interés legítimo para combatir la autorización condicionada del proyecto denominado Planta de Amoniaco de Topolobampo, por estimar que se debía realizar la consulta a la comunidad indígena en forma previa, libre e informada, y si previo a la resolución reclamada existía el deber de las autoridades responsables de realizar una consulta con las comunidades indígenas que pudiesen ser afectadas con la autorización ambiental del referido plan”.

Supuestamente todo ha sido gestionado desde el Gobierno federal para que el fallo del 6 de abril beneficie a grupo Proman y prosiga el proyecto del gas amoniaco sin nuevos contratiempos. El argumento de la Federación es que sí realizó la consulta el 28 de noviembre, aun cuando la Secretaría de Gobernación la redujo a la categoría de ejercicio participativo no vinculante y la presentó al máximo tribunal como voluntad de los habitantes de Ahome. Pero tal levantamiento de opinión lo efectuó de manera extemporánea al realizarlo después de que se emitió la manifestación de daño ambiental.

Vale insistir en que desde los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, en el contexto nacional, y de Rubén Rocha Moya, en el plano estatal, se da por hecho que saldrá adelante la inversión de Proman y su filial GPO, anticipándose tal optimismo a lo que resuelva la Corte. Es demasiado evidente que se trata de una decisión política más que jurídica para salvar la parte del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, firmado en diciembre de 2019, que compromete que la planta de amoniaco terminaría de ser construida en 2022.

A ver qué dice la justicia. Atesorar el humedal protegido por la Convención de Ramsar, Irán, de 1971 por considerar asunto de importancia ambiental el sistema lagunar que es refugio del 84 por ciento de las aves migratorias distribuidas en México durante el período invernal, de 109 especies de peces, así como de crianza y alimentación de tortugas marinas y larvas de camarón, o mejor preferir los 100 mil millones de pesos en infraestructura productiva cuando la economía de Sinaloa sufre la mayor caída debido a la pandemia de coronavirus.

Ya está escrita la profecía,

De que dominará el dinero,

Ese poderoso caballero,

Qué nada sabe de ecología.

Aprovechando que llevó la voz cantante en la ceremonia del 216 aniversario del natalicio de Benito Juárez, el Secretario del Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, hizo ayer más apología del mandato de López Obrador que del legado del Benemérito de las Américas. En abierta campaña para que el Presidente gane la consulta de revocación de mandato usó la tribuna oficial para inducir el voto a favor del “sí”, en esa terca injerencia en un proceso dizque democrático que envía la contraproducente señal de que los morenistas aún no tienen asegurada la ratificación de AMLO.