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Sinaloa ha logrado avanzar paulatinamente con los procesos de designación pública, poco, pero lo ha hecho gracias al trabajo que organismos civiles e instituciones públicas han realizado al reconocer que la calidad de sus gobiernos depende más de las competencias que de los intereses en turno.
Así como en la Iniciativa Privada es necesario pasar primero por un filtro de valoración de perfiles de aspirantes a un puesto, en el sector público los procesos de selección se han convertido en una obligada herramienta para generar confianza y asegurar a la mejor candidata/o en el cargo.
En Sinaloa, diversas organizaciones e instituciones públicas ya trabajan en ese sentido. Habría que hacer memoria para destacar algunos ejemplos donde la participación ciudadana ha logrado que el órgano decisor cumpla con los criterios de máxima publicidad y derechos humanos. Tal fue el caso del proceso donde la Comisión encargada de elegir a quienes integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa, dirigió la convocatoria solo a mujeres a fines del 2019, para asegurar la paridad en ese órgano. Ese fue un logro de organismos civiles y ciudadanos.
Ayer, un grupo de organizaciones -entre ellas la Red de Mujeres Anticorrupción de Sinaloa, el Observatorio Legislativo del Iteso, el Observatorio de Designaciones Públicas de Fundar y Artículo 19, y Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas-, divulgaron un exhorto a 18 poderes legislativos del País, para que atiendan una omisión que mantiene a varias comisiones de Selección de los Sistemas Anticorrupción nacional y estatales, incompletos. Sinaloa es uno de ellos. El Congreso tiene aquí dos procesos pendientes para que ese órgano funcione con todos sus miembros, nueve en total.
Además de Sinaloa, los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, así como la Cámara de Diputados, no han iniciado los procesos pendientes, pese a que en algunos casos tienen más de dos años las vacantes. Esta omisión no solo es una falta de responsabilidad legislativa, también evidencia la falta de compromiso con el combate a la corrupción, al debilitar la capacidad institucional de los sistemas nacional y locales, encargados de la política de prevención, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, señala en comunicado.
Pero en Sinaloa no solo el Congreso está en ese impasse. La Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción está a su vez pendiente con un proceso para elegir a quien ocupará el espacio que quedó vacante el 4 de julio pasado en el Comité de Participación Ciudadana.
Una buena noticia es que el Ayuntamiento de Mazatlán ha anunciado ya, a través de su Síndica Procuradora, una convocatoria abierta a la ciudadanía, para elegir a la/el titular de su Órgano Interno de Control. Esto sucedió apenas la semana pasada y representa una valiosa oportunidad para que, por primera vez, un órgano decisor -en este caso las/los regidores y su Síndica- atiendan los criterios de transparencia y evaluación curricular que aseguren el perfil más competente en ese puesto.
Las omisiones para iniciar procesos de selección de puestos vinculados al Sistema Anticorrupción de Sinaloa cuestan: desincentivan la participación ciudadana y la confianza en las instituciones y órganos que permanecen incompletos. Es fundamental que los órganos responsables de las convocatorias se organicen para que esos espacios se ocupen oportunamente.
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