Toda acción humana es perfectible, por lo que nuestro sistema electoral es susceptible de mejora con el objeto de que amplíe el derecho humano de participación política, de mayor certidumbre y equidad entre los participantes, mejore la fiscalización sobre el financiamiento y uso de los recursos en las campañas, busque que el costo del sistema electoral en su conjunto se abarate, que los gobiernos no se entrometan en las elecciones , y que se minimice la sobrerrepresentación de las mayorías y se proteja la representación de las minorías en los poderes legislativos.
Si bien la iniciativa de reforma electoral que presentó el Presidente López el 28 de abril no debe aprobarse, sí es una gran oportunidad para avanzar en muchos temas que deben analizarse y mejorarse de nuestro sistema de elecciones.
Uno de los principales asuntos que debe reformarse es el del financiamiento público a los partidos políticos para sus actividades ordinarias que hoy se financian con las aportaciones obligatorias de nuestros impuestos cuando deberían sufragarse con las aportaciones voluntarias de sus militantes y simpatizantes.
El Gobierno federal destina actualmente más de 11 mil millones de pesos del erario para las actividades ordinarias de los partidos políticos. Además, estos reciben financiamiento también de los gobiernos estatales; este importe fue en 2021 un total de 5 mil 297 millones, por lo que la eliminación del financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos representaría una disminución del 66 por ciento de lo que actualmente gastan, señala la exposición de motivos de la iniciativa presidencial.
Creo que si el sistema de partidos es fuerte como lo es, el Estado ya cumplió con su rol subsidiario, por lo que ahora la burocracia e infraestructura partidista debe financiarse con las aportaciones voluntarias de sus militantes y simpatizantes; pero si vamos a quitarles recursos a los partidos debemos proveerles de mecanismos y facultades para que puedan financiarse y que estos procesos sean transparentes, legítimos y fiscalizables.
Contrario a la iniciativa presidencial, propongo que las aportaciones que realicen los ciudadanos a los partidos políticos sean deducibles de impuestos para que ahora el Gobierno subsidie de manera indirecta un 30 por ciento y no el 100 por ciento del gasto ordinario de los partidos.
El donante podrá donar a cualquier partido que le plazca sin la limitante que impone López Obrador que obliga aportar a uno solo en un año calendario. La iniciativa presidencial coarta las libertades políticas de los mexicanos.
La reforma presentada por el Presidente manifiesta que el financiamiento público a partidos sea solamente para gasto electoral y que mantenga la misma fórmula de reparto que señala que el 30 por ciento de los recursos se distribuyan de forma igualitaria mientras que el 70 por ciento será proporcional a los votos obtenidos en la elección anterior.
Creo que los fondos públicos para campañas electorales deben contribuir a una mayor equidad en la contienda, por lo que su reparto debe ser 40 por ciento de forma equitativa y el 60 por ciento proporcional.
Siguiendo la idea de generar mayor equidad, recomiendo que los tiempos oficiales en medios de comunicación como prerrogativa se repartan de manera inversa al numerario, es decir, 60 por ciento sean de forma igual entre partidos y el 40 por ciento sea de manera proporcional. La iniciativa del Presidente mantiene la fórmula del 30/70, lo que en mi opinión amplía la inequidad en la contienda.
Seguiremos hablando de la reforma electoral en próximos artículos.
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