El Presidente López Obrador se echó un diez a la bolsa cuando en 2019 mandó la iniciativa de revocación de mandato y esta fue aprobada por una amplia mayoría de los diputados de las distintas fracciones parlamentarias.
En un país donde hasta entonces la democracia representativa había sido una suerte de tótem de mármol, sin fractura alguna, la experiencia de un ejercicio de democracia directa provocaba un aire fresco en las relaciones políticas.
El espíritu de la norma era dejar atrás el pasaje de los presidentes que llegaban y se quedaban los seis años así fueran acusados de genocidio (Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Ernesto Zedillo), frivolidad, corrupción y depredador de los ingresos del petróleo (José López Portillo), de neoliberales y vendedores del patrimonio nacional (Miguel de Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña), de corrupto y traidor a la democracia (Vicente Fox), de los ilegítimos (Carlos Salinas y Felipe Calderón) y de corrupto consuetudinario (Enrique Peña) y que nunca fueron sentados en el banquillo de los acusados.
Se sabía de la expectativa, que tenía una franja importante de la sociedad que además había votado como a ningún otro a López Obrador. El tabasqueño renovaba las esperanzas de un pueblo que largamente había sido vilipendiado y que, en 2018, sufragó para desterrar aquellos males que parecían congénitos a la democracia mexicana.
Por eso, cuando se empezó hablar de la consulta de revocación de mandato era muy importante cuidar la atmósfera política, pues habría de ser decisiva para la calidad de este primer ejercicio de democracia participativa.
La apuesta implícita a la consulta era legitimarla con una gran participación, con el concurso de la sociedad y, al mismo tiempo, con el fortalecimiento de la principal institución de nuestra democracia: el Instituto Nacional Electoral.
Pero muy pronto empezó a cuestionarse al organizador, al árbitro, de la consulta y se le acusó de todo: dispendio de los recursos públicos, parcialidad, corrupción y solapador de fraudes electorales -Y ello, lamentablemente, no ha parado en la posconsulta.
Y aquello ameritó respuestas institucionales puntuales a los ataques que esgrimió el Presidente, secretarios de Estado, gobernadores, dirigentes políticos y de las bases de apoyo, lo que terminó polarizando irremediablemente el ambiente político.
Se apostó a la lucha mediática en lugar del fortalecimiento de las instituciones garantes del ejercicio democrático -que no se agotan en el INE- pero, hoy aquello es explicable, cuando se ha dado un adelanto de una iniciativa de reforma electoral que busca poner el órgano electoral al servicio del partido mayoritario o de la alianza capaz de hacer mayorías legislativas. O sea, cambiar el sistema de cuotas por cuotas para el partido mayoritario.
Entonces, los resultados de la consulta de revocación de mandato desvelan los entretelones de la política, en especial, la del obradorismo, y apuntamos a algunas zonas dignas de análisis:
La primera es la del simbolismo que rodea el aura política del Presidente López Obrador y que fue insuficiente para sacar de su casa no a la mayoría de la población sino, para ratificar el credo obradorista.
La segunda es que no existió correspondencia entre la aprobación que registran las casas demoscópicas sobre la imagen del Presidente que ronda en el 60 por ciento y la meliflua participación del 17.7 por ciento y el apoyo de ese techo de 15.1 por ciento para ratificar a AMLO, al líder, al Presidente más votado en la historia que fueron 16.5 millones de votos.
La tercera es la violación a la ley del Presidente, de los dirigentes morenistas, de los secretarios de gobierno, de los gobernadores y los alcaldes, más, todos los funcionarios de la burocracia federal y estatales que se activaron ruidosamente para cumplir con su cuota respectiva que era repetir al menos los resultados con los que los gobernadores morenistas habían ganado en sus estados.
La cuarta es la de los votos a favor que quedaron muy por debajo no solo de 40 por ciento que establece la ley para ser vinculante, sino, no llegaron a los 23 millones de Morena y aliados obtenidos en 2021.
La quinta es la mancha del votante obradorista que siguió siendo principalmente del centro y sur sureste del país y en especial en los estados que tienen las mayores bolsas de pobreza en el país.
La sexta es la del centro-norte que registró los más bajos niveles de participación incluso en aquellos estados gobernados por el partido del Presidente.
La séptima es la baja asistencia a la consulta en las grandes concentraciones urbanas especialmente donde gobierna la oposición y fue significativa la participación en la Ciudad de México que da para pensar que sus ciudadanos siguen cobrándole a Morena sus errores, deficiencias e impunidad.
La octava en una primera lectura es probablemente una reducción sensible del voto clasemediero morenista y se mantiene constante el voto de la pobreza, el clientelar, el de los programas sociales.
La novena es la mayoría de los votantes que provinieron de los adultos mayores, los jóvenes becados, los militantes y simpatizantes y los provenientes del acarreo ocurrido en los cierres de la campaña ilegal de promoción y el día de la consulta.
Juan del Campillo, un politólogo que investiga y da clases en la UAM-Xochimilco, “reprueba” metodológicamente a quienes mezclan los resultados de una consulta ciudadana y los de elecciones. Y en cierta forma, tiene razón, no es lo mismo, pero vale.
Pero eso, no impide, que a falta de los resultados de otras consultas de revocación de mandato se pueda tener de referencia los electorales para ver el desempeño del partido del Presidente que, sin duda, metió toda la carne al asador para obtener los votos que necesitaba el Presidente López Obrador y, más, sí estuvo pensado en clave de una futura aspiración personal para 2024.
Los resultados habrá que leerlos con otros lentes cuando el mismo Presidente ha declarado que todo se debe a que el INE solo instaló una tercera parte de las casillas de 2021 o, que no estuvo tan mal, porque al final, si con el tercio de esas casillas logró la mitad de los votos de 2018, con el 100 por ciento de ellas de acuerdo a esta falacia podría multiplicarse hasta por tres, incluso, agrega el Presidente que aun con esa cantidad la votación fue superior a la obtenida por quienes contendieron contra él en las presidenciales pasadas -que igual dirá el profesor del Campillo, no es válido.
En definitiva, la consulta deja lecciones en primer para la Cámara de Diputados que tendrá que revisar el diseño del modelo de consulta y ya en calma ver el dinero que se necesita y las posibilidades de hacerlo de esa u otra manera, más, ahora, que algunos gobernadores contagiados de “democracia participativa” dicen que también ellos se medirán a la mitad de su gestión y deberán hacer las reformas correspondientes;
Los partidos deben ser actores principalísimos en la promoción de la consulta y corregir la ley QUE HICIERON MAL y que en esta ocasión provocó tensiones innecesarias y un trabajo adicional en el INE y el TEPJF, el Presidente no debe ser juez y parte en este ejercicio.
Por último, el INE debe mejorar su comunicación institucional de manera que responda a las acusaciones que le hacen dirigentes políticos y funcionarios de gobierno. Ahí está el tema de los fideicomisos que ha sido utilizado para decir que el instituto tenía dinero pero que no quiso utilizarlo y otros, que ligeramente hablan de que ese dinero se lo roban.
La consulta ciudadana es un instrumento de la democracia no del Presidente y su partido, por ello bien se dijo que la solicitud la deberían las organizaciones de la sociedad civil y ahí fue cuando torció el espíritu de la ley y la aspiración de un pueblo porque la hizo el Presidente y su partido.
Al tiempo.
Suscríbete y ayudanos a seguir
formando ciudadanos.
