Nos encontramos al borde de la salida del octavo mes del año y respecto a la pandemia, por más que las autoridades manipulen a su antojo el devaluado semáforo sanitario, el mal continúa firme; tal vez provocando menos fallecimientos, pero el número de individuos alcanzados por el virus no afloja, y para rematar, ya se habla de la llegada de la variante Lambda a nuestro país, detectada en el estado de Colima.
Y a las tribulaciones sanitarias también se le agregan las derivadas de la violencia, la que tampoco da visos de apaciguarse a pesar de la bandera blanca que incansablemente agita el Presidente de la República; tal vez porque los bandos enemigos son daltónicos y el ondular del blanco lo perciben como el rojo de combate.
Una de las manifestaciones de la violencia en México son las desapariciones forzadas de personas y en el haber del actual gobierno federal, ya se acumulan alrededor de 22 mil casos de personas desaparecidas; una cifra alarmante que pone en duda el marco de derecho de nuestro país. Voy con unas pinceladas de este escabroso tema, aprovechando para recordar que en el presente mes se han cumplido dos años de no saber del paradero del joven mazatleco Zeus Posada Ayala.
Dentro del frondoso árbol de efemérides a cargo de la Organización de las Naciones Unidas, se señala el día 30 de agosto de cada año, como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemoración que tiene como objetivo resaltar la existencia del cruel delito que arroja a las víctimas a las profundidades del mar de la incertidumbre sobre el que navegan las congojas de los familiares de los desaparecidos, normalmente, por el resto de sus vidas, tal y como le ha sucedido a doña Rosario Ibarra de Piedra, todo un ícono de las madres que se han mantenido en la lucha exigiendo la presentación de sus hijos.
Doña Rosario a lo largo de más de 45 años de su vida se ha dedicado a buscar a su hijo, Jesús Ibarra Piedra, quien a la edad de 19 años fue levantado por la policía bajo el supuesto de ser un guerrillero urbano, causal bajo la cual, centenas de disidentes fueron desaparecidos del mapa.
En el año 1977 Rosario Ibarra de Piedra junto con sus compañeras de dolor, conocidas como Las Doñas, conformaron el grupo Eureka, mismo que a la fecha se mantiene activo exigiendo la presentación de los suyos sin obtener respuesta de los poco más de 400 ciudadanos desaparecidos en la época de la llamada “guerra sucia” instrumentada por el gobierno federal entre finales de los 60´s hasta los 80´s
En la actualidad, las desapariciones forzadas de personas se le atribuyen a la delincuencia organizada, pero vale recordar que las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas del país, en no pocos casos han sido señaladas como el primer eslabón de las desapariciones forzadas.
Según información de la organización civil México Evalúa, del año 1964 a la fecha se tienen documentados cerca de 75 mil casos de desapariciones forzadas de personas. Cifra que se ve incrementada por todas aquellas causas que no llegan a la mesa de denuncias de las agencias de las fiscalías estatales, perdiéndose en el anonimato.
Los familiares directos de los desaparecidos, además de cargar con la pena, tienen que batallar con la burocracia judicial para lograr que las víctimas oficialmente sean reconocidas en ese estatus, y con ello, conseguir, entre otras cosas, que las obligaciones crediticias a cargo de la víctima queden en suspenso, o bien, la administración de sus bienes, así como la guarda de derechos en caso de que sean sujetos de una relación laboral, invocando a lo que dispone la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.
La violencia en nuestro país, en sus diversas modalidades, continúa siendo el tema reprobatorio de la administración de López Obrador y de mantenerse en el estado en el que se encuentra, al final de su gestión, el justo reclamo de: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” será constancia fiel del fracaso de la 4T. ¡Buenos días!
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