“Muy grave lo que sucedió en Culiacán y otras localidades del estado de Sinaloa, durante las primeras horas del pasado domingo 19 de diciembre, previo a la jornada de votación para elegir la dirigencia estatal del PAN Sinaloa.
“Cada vez hay más evidencias y testimonios de hechos delictivos como el allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad (retenciones y levantamientos de personas), daños en propiedad ajena, lesiones físicas y emocionales, intimidación y amenazas, etc. Además de la intromisión y afectación del proceso democrático estatutario para la renovación de dirigentes de una entidad de interés público.
“Urge tomar medidas cautelares y una investigación a fondo de los hechos por parte de las dirigencias estatal y nacional del PAN, así como interponer las denuncias correspondientes ante las instancias internas, las autoridades electorales (INE, IEES) y las de procuración de justicia (FGR y FGE) para el esclarecimiento de los hechos, la determinación de los autores intelectuales y materiales, así como el fincamiento de las sanciones correspondientes”, afirma un preocupado Luis Roberto Loaiza, ex dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE) y consejero estatal vitalicio del PAN.
Y es que, no es para menos, el proceso de renovación del CDE del PAN, que todos esperaban fuera rutinario e irrelevante para la mayoría de los sinaloenses, de puertas hacia adentro para hacer la reflexión y renovarse luego de los pésimos resultados que ha obtenido en las últimas elecciones federales y estatales, terminó siendo un proceso atropellado por los grupos armados que aparecieron nuevamente en escena convirtiéndola en una elección bochornosa con resultados cuestionados.
Que debiera obligar a los panistas a revisar lo sucedido el domingo pasado y, como bien lo dice Luis Roberto, fincar responsabilidades y sanciones, porque dejarlo pasar como un incidente más de la conflictiva electoral, es no aquilatar los riesgos que existen no sólo para este partido sino para el conjunto del sistema de partidos vigente; no para Sinaloa, sino varios estados donde se están normalizando este tipo de prácticas violentas que ponen en entredicho el libre juego democrático.
No debiera repetirse la impunidad en lo sucedido durante las elecciones concurrentes del pasado verano donde las amenazas y violencia se repitieron desde Ahome hasta Escuinapa; de La Concha hasta El Carrizo, donde luego de la calificación de las elecciones y la entrega de actas de triunfos de mayoría no ha pasado nada, se ha asumido que las elecciones fueron normales, solo con los incidentes que siempre aparecen en cada comicios y, por lo tanto, nada se judicializa.
Y lo más sorprendente, es que algunos de los que cuestionaron en público y en privado la calidad de las elecciones e incluso, hablaron de robo y fraude electoral, que cuestionaron la violencia, con algún puesto en las administraciones públicas han olvidado la afrenta y dado vuelta a la hoja poniendo en entredicho a los partidos que los postularon sea como tales o como coaliciones electorales.
Y es que mire lector, si aquellas elecciones, tuvieron que ver con la calidad de las elecciones en este caso está vinculado a un proceso interno que debería ser, como cualquier otro, del interés exclusivo de sus militantes en el uso de su derechos político-electorales. De elegir y ser electo. Vamos, ejercer lo básico en toda democracia representativa que se precie de serlo.
Juan Carlos Estrada Vega, dirigente estatal del PAN, un tanto exasperado rápidamente repartió culpas y aseguró ante los actos violencia contra su partido: “Eso no lo vamos a permitir. Le exijo al Gobernador del Estado que ponga orden, y que amarre a sus animalitos, que investigue y que no permita que sucedan este tipo de actos que dañan tanto a la ya de por sí endeble democracia”. Y tiene razón, alguien estuvo detrás de esto, y es tarea del gobierno investigar los delitos electorales, no pedir a la víctima, que lo haga, porque entonces si es así de qué Estado de Derecho estamos hablando.
La respuesta de Rubén Rocha no se hizo esperar, pero, no en el sentido de lo que había que esperar de una autoridad democrática, que reivindica el juego político sin interferencia de los llamados poderes fácticos pues se fue por la tangente cuando afirmó: “Nosotros no nos metemos; en el movimiento de nosotros hay muchos ex panistas y, a lo mejor, son panistas activos, es decir, que estén registrados. Yo no sé si ésos participaron, pero el que lo haya hecho, lo hizo a título personal”, cuando debería expresar sintonía con un dirigente de la oposición sobre que este tipo de acciones se normalicen bajo su gobierno y deja entrever donde están sus sospechas o el interés de su narrativa.
Además, el Gobernador afirma, en su conferencia semanera de esta semana que al Diputado panista Adolfo Beltrán: “le tumbaron la puerta de su casa, se metieron, le quitaron algunas cosas y se las llevaron, y le dijeron: ‘no queremos que participes en la elección del PAN’”. Una expresión indeseable y contundente que se está normalizando rápidamente en nuestros procesos electorales lo que indica que hay un poder fáctico interesado en intervenir e imponer su voluntad en este tipo de procesos, determinar, en última instancia, quién o quiénes alcanzarán la representación política y cuáles serán las posturas que defenderán en el desempeño de ese cargo político.
Ante esto queda claro que el triunfo de la fórmula que encabezaba Roxana Rubio se ve empañado sobre todo porque el Diputado amenazado apoyaba a la fórmula que tenía como cabeza a Verónica Montaño y aquella festina el triunfo y llama a dar vuelta a la hoja, cuando hay actos que son inaceptables en los procesos democráticos de selección interna y que de no hacerlo manchará su gestión como dirigente de los panistas sinaloenses, por lo que debería ser la que exija al gobierno el esclarecimiento de los hechos.
En definitiva, lo sucedido el domingo pasado se agrega a lo ocurrido en los comicios del pasado verano, alimenta el poder de los poderes fácticos en claro retroceso del juego democrático y eso no es una buena noticia sobre todo cuando otros dirigentes, de otros partidos, han expresado que se encuentran en una situación similar y si así es están en juego las instituciones de nuestra democracia. Por lo pronto ya veremos hasta dónde son capaces de llegar los panistas en sus reclamos.
Al tiempo.
“Muy grave lo que sucedió en Culiacán y otras localidades del estado de Sinaloa, durante las primeras horas del pasado domingo 19 de diciembre, previo a la jornada de votación para elegir la dirigencia estatal del PAN Sinaloa.
“Cada vez hay más evidencias y testimonios de hechos delictivos como el allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad (retenciones y levantamientos de personas), daños en propiedad ajena, lesiones físicas y emocionales, intimidación y amenazas, etc. Además de la intromisión y afectación del proceso democrático estatutario para la renovación de dirigentes de una entidad de interés público.
“Urge tomar medidas cautelares y una investigación a fondo de los hechos por parte de las dirigencias estatal y nacional del PAN, así como interponer las denuncias correspondientes ante las instancias internas, las autoridades electorales (INE, IEES) y las de procuración de justicia (FGR y FGE) para el esclarecimiento de los hechos, la determinación de los autores intelectuales y materiales, así como el fincamiento de las sanciones correspondientes”, afirma un preocupado Luis Roberto Loaiza, ex dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE) y consejero estatal vitalicio del PAN.
Y es que, no es para menos, el proceso de renovación del CDE del PAN, que todos esperaban fuera rutinario e irrelevante para la mayoría de los sinaloenses, de puertas hacia adentro para hacer la reflexión y renovarse luego de los pésimos resultados que ha obtenido en las últimas elecciones federales y estatales, terminó siendo un proceso atropellado por los grupos armados que aparecieron nuevamente en escena convirtiéndola en una elección bochornosa con resultados cuestionados.
Que debiera obligar a los panistas a revisar lo sucedido el domingo pasado y, como bien lo dice Luis Roberto, fincar responsabilidades y sanciones, porque dejarlo pasar como un incidente más de la conflictiva electoral, es no aquilatar los riesgos que existen no sólo para este partido sino para el conjunto del sistema de partidos vigente; no para Sinaloa, sino varios estados donde se están normalizando este tipo de prácticas violentas que ponen en entredicho el libre juego democrático.
No debiera repetirse la impunidad en lo sucedido durante las elecciones concurrentes del pasado verano donde las amenazas y violencia se repitieron desde Ahome hasta Escuinapa; de La Concha hasta El Carrizo, donde luego de la calificación de las elecciones y la entrega de actas de triunfos de mayoría no ha pasado nada, se ha asumido que las elecciones fueron normales, solo con los incidentes que siempre aparecen en cada comicios y, por lo tanto, nada se judicializa.
Y lo más sorprendente, es que algunos de los que cuestionaron en público y en privado la calidad de las elecciones e incluso, hablaron de robo y fraude electoral, que cuestionaron la violencia, con algún puesto en las administraciones públicas han olvidado la afrenta y dado vuelta a la hoja poniendo en entredicho a los partidos que los postularon sea como tales o como coaliciones electorales.
Y es que mire lector, si aquellas elecciones, tuvieron que ver con la calidad de las elecciones en este caso está vinculado a un proceso interno que debería ser, como cualquier otro, del interés exclusivo de sus militantes en el uso de su derechos político-electorales. De elegir y ser electo. Vamos, ejercer lo básico en toda democracia representativa que se precie de serlo.
Juan Carlos Estrada Vega, dirigente estatal del PAN, un tanto exasperado rápidamente repartió culpas y aseguró ante los actos violencia contra su partido: “Eso no lo vamos a permitir. Le exijo al Gobernador del Estado que ponga orden, y que amarre a sus animalitos, que investigue y que no permita que sucedan este tipo de actos que dañan tanto a la ya de por sí endeble democracia”. Y tiene razón, alguien estuvo detrás de esto, y es tarea del gobierno investigar los delitos electorales, no pedir a la víctima, que lo haga, porque entonces si es así de qué Estado de Derecho estamos hablando.
La respuesta de Rubén Rocha no se hizo esperar, pero, no en el sentido de lo que había que esperar de una autoridad democrática, que reivindica el juego político sin interferencia de los llamados poderes fácticos pues se fue por la tangente cuando afirmó: “Nosotros no nos metemos; en el movimiento de nosotros hay muchos ex panistas y, a lo mejor, son panistas activos, es decir, que estén registrados. Yo no sé si ésos participaron, pero el que lo haya hecho, lo hizo a título personal”, cuando debería expresar sintonía con un dirigente de la oposición sobre que este tipo de acciones se normalicen bajo su gobierno y deja entrever donde están sus sospechas o el interés de su narrativa.
Además, el Gobernador afirma, en su conferencia semanera de esta semana que al Diputado panista Adolfo Beltrán: “le tumbaron la puerta de su casa, se metieron, le quitaron algunas cosas y se las llevaron, y le dijeron: ‘no queremos que participes en la elección del PAN’”. Una expresión indeseable y contundente que se está normalizando rápidamente en nuestros procesos electorales lo que indica que hay un poder fáctico interesado en intervenir e imponer su voluntad en este tipo de procesos, determinar, en última instancia, quién o quiénes alcanzarán la representación política y cuáles serán las posturas que defenderán en el desempeño de ese cargo político.
Ante esto queda claro que el triunfo de la fórmula que encabezaba Roxana Rubio se ve empañado sobre todo porque el Diputado amenazado apoyaba a la fórmula que tenía como cabeza a Verónica Montaño y aquella festina el triunfo y llama a dar vuelta a la hoja, cuando hay actos que son inaceptables en los procesos democráticos de selección interna y que de no hacerlo manchará su gestión como dirigente de los panistas sinaloenses, por lo que debería ser la que exija al gobierno el esclarecimiento de los hechos.
En definitiva, lo sucedido el domingo pasado se agrega a lo ocurrido en los comicios del pasado verano, alimenta el poder de los poderes fácticos en claro retroceso del juego democrático y eso no es una buena noticia sobre todo cuando otros dirigentes, de otros partidos, han expresado que se encuentran en una situación similar y si así es están en juego las instituciones de nuestra democracia. Por lo pronto ya veremos hasta dónde son capaces de llegar los panistas en sus reclamos.
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