La Universidad Nacional Autónoma de México a través del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la Facultad de Contaduría y Administración, creó la Academia Universitaria de Fiscalización, dentro de cuyos programas y grupos de investigación estableció el de Control Interno con aplicación directa en la administración pública de sus cinco postulados y 17 principios, relacionándolos con los emergentes sistemas de buen gobierno, esto es, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Sistema Nacional de Fiscalización, a los que se agregó posteriormente el Sistema Nacional de Archivos.
Para el desarrollo de la investigación y planteamiento de propuestas, la Academia nos invitó a un grupo de trabajo, cuyo resultado fue el texto “Control Interno y Gestión Gubernamental” publicado y presentado en diversos foros por el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización.
Se ha de aclarar que el tema ha sido promovido en América Latina por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo e impulsado también en sexenios anteriores por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, pues es una necesaria y buena práctica de gobierno como elemento de control gubernamental, previsión y monitoreo, precisamente respecto a actos de corrupción, opacidad, ineficiencia, cumplimiento del Estado de Derecho y previsión de riesgos.
Sin embargo, con este nuevo régimen del Presidente López Obrador, toda la estructura de “buen gobierno” como se concebía, ha quedado eliminada o se hizo a un lado, incumpliendo leyes y disposiciones constitucionales. El Sistema Nacional Anticorrupción es inaplicable ante las nuevas prácticas de “denunciar primero y probar después”, si acaso; los órganos ciudadanos de vigilancia y control quedaron en el limbo, no se sabe si los comisionados se reúnen o si están cumpliendo con las funciones que la ley les ordena; ni qué decir de los organismos estatales y municipales encargados jurídicamente del sistema anticorrupción local.
Todo indica que el método es el de la persecución, denostación, amenazas y castigo al margen de la ley y aún contra la ley.
En la misma forma se ha puesto en entredicho el Sistema Nacional de Transparencia, acusando a los integrantes del Instituto Nacional de Transparencia de “estorbar los actos de gobierno” del Ejecutivo, quien se ha negado en ocasiones en transparentar información, actividades y decisiones de gobierno, que por ley deben ser informadas a la sociedad. Sólo se transparenta lo que se quiere transparentar; nunca como ahora se reserva por años información valiosa o por lo menos que debe ser de conocimiento público.
Al Sistema Nacional de Fiscalización tampoco le ha ido muy bien pues bastó que la Auditoría Superior de la Federación presentara al Congreso y al pueblo de México su informe anual de la cuenta pública 2020, con críticas y denuncias de lo que se está haciendo fuera de la ley, sobre todo en el uso y aplicación del presupuesto federal, para que el Ejecutivo y la mayoría en la Cámara de Diputados pusieran en “la picota” al Auditor Superior y a algunos de sus directores, casi exigiéndoles la renuncia. El otro integrante del Sistema Nacional de Fiscalización, la Secretaría de la Función Pública, no ha sido tan atacada porque no critica ni denuncia a la nueva administración, aunque sí lo ha hecho a funcionarios del régimen anterior.
Otros conceptos que parece que están quedando en el olvido son el de gobierno abierto; participación ciudadana, rendición de cuentas, mejora regulatoria, eficiencia administrativa, evaluación de impactos de las políticas públicas y programas, contabilidad gubernamental, digitalización, la evaluación de los riesgos, etc.
Pareciera que el gobierno actual medio cumple con alguno de esos elementos, pero no se trata de informar y transparentar lo que el gobierno quiere sino lo que la ley le ordena; no es cuestión de rendir algunas cuentas, sino todas las cuentas; nunca como ahora urge la eficiencia administrativa, tan socavada con una austeridad a rajatabla, en presupuesto, personal y capacidad de funcionarios. Nunca como ahora se requiere una evaluación profunda de los riesgos del país, del gobierno y de las organizaciones; nunca como ahora se requiere la investigación, la digitalización y la participación ciudadana ordenada y eficaz.
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