Por el diseño constitucional que se optó en 1917, nuestra Carta Magna estableció un sistema de competencias residuales para los estados de la República. Conforme a esa regla, todo lo que no se hubiera reservado de manera expresa para la Federación corresponde a las entidades federativas.
La función pública notarial es uno de esos casos. Cada congreso local tiene atribuciones en la materia. Hay tantas leyes del notariado como congresos locales. Nunca se han establecido reglas para la uniformidad legislativa. No obstante, los principios (internacionales) del notariado latino, están presentes en todo el Derecho mexicano, incluyendo por supuesto a la jurisprudencia federal.
El déficit del notariado a nivel normativo pudiera ser su gran área de oportunidad: homologar la función para que todos los ciudadanos de México accedan a servicios notariales similares sin importar en qué municipio se encuentren. Por ejemplo, sustantivamente, no en todas las entidades se puede acudir a protocolizar un documento de voluntad anticipada (ortotanasia). A la vez, eliminar el bloqueo estatal a escrituras foráneas favorecido por los registros públicos locales y los costos de transacción añadidos.
Además de la falta de homologación sustantiva, hay otros temas muy sensibles y relevantes que no han ocupado la atención legislativa ni gremial: el respeto a los derechos humanos en sede notarial, la necesaria independencia del notariado respecto del poder económico y la supresión de padrones, la urgencia en la recuperación práctica del principio de libre elección del notario, la equidad de género, el retiro y pensión (como se hace en Chile o en España), y la urgente transición a la era digital. Por último, otro tema intocado es el de la carrera por la depredación arancelaria y la competencia desleal rampantes y sin freno.
Por ello, llama la atención la reciente iniciativa de modificación a la Constitución presentada en el Senado de la República https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/123157 respecto de la que el notariado nacional se enteró por los medios de comunicación. En Sinaloa, en privado hay molestia por el intento de prejubilar a los notarios que tienen 75 años o más, pero la autoridad notarial gremial, impuesta por el poder político que recién salió, no logra articular una acción de defensa del colectivo, por una evidente falta de independencia, legitimación y profesionalismo.
El acceso a la función notarial claro que debe transparentarse y fortalecerse el rigor técnico y el análisis de las credenciales éticas de los aspirantes, sobre todo debe ponerse el acento sobre el control durante el ejercicio, tarea esta que de no hacerse favorece la impunidad y la pérdida de fortaleza de la institución del notariado. La participación en el examen de oposición por parte de expertos en Derecho, con seriedad y objetividad, es el paso ineludible. Antes de intentar nacionalizar el notariado hay que voltear a ver las verdaderas necesidades.
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