¡NO! (Los riesgos de la militarización)

No me queda ni me nace hablar mal de las Fuerzas Armadas. En mis años al frente de la Secretaría del Ayuntamiento en Mazatlán, tanto como en la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, siempre conté con el apoyo decidido de esta Institución. Ya sea durante las inundaciones en la ciudad, el combate a la inseguridad en las poblaciones, las labores preventivas en el puerto, el rescate de las escuelas en el estado, así como durante la vacunación de los docentes, siempre actuaron con disposición y profesionalismo.

Pero, la militarización de un país no cuenta una historia sobre las Fuerzas Armadas, sino sobre su población civil. ¿Qué le sucede a una nación que siente necesaria la presencia en las calles de una fuerza operativa entrenada bajo la lógica del combate al enemigo y la protección del territorio? Al volcarlo hacia la interacción cotidiana con la ciudadanía, ¿en verdad pensamos que son “ellos” los que están desnaturalizando su función, o más bien es el “tono” de nuestra convivencia la que se deformó?

Contamos con 200 mil efectivos armados y con una capacidad de ataque y organización superior a la de cualquier policía local, mismas que a través de los años han mostrado su deterioro técnico y operativo. Se antoja difícil imaginar que México será invadido por una potencia extranjera, entonces, ¿por qué no hacer uso de esa fuerza?

Es evidente que tenemos un problema, pero ello no nos da derecho a crearnos otro. Los riesgos de la militarización son muy altos, y la evidencia es muy poca, cuando no contraria, respecto a la posibilidad de éxito.

Por principio de cuentas, la militarización conlleva a la concentración del poder en manos del jefe del. Al ser el jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República no necesita de ningún consenso para actuar o, para no hacerlo. Si a esto le sumamos que el Ejército es una organización centralizada y vertical, los espacios para la deliberación son nulos. No se necesita imaginarlo tanto como recordarlo, así se hizo con el Tren Maya, con la política energética y ahora la Guardia Nacional.

Segundo, la militarización NO representa mayor seguridad para los ciudadanos de a pie, a pesar de aumentar la amenaza de violentar los derechos humanos. Algunos podrán decir que sólo se trata de darle formato jurídico a lo que ya funciona en los hechos. No les falta razón, de sus 101,182 integrantes, siete de cada 10 provienen de las Fuerzas Armadas, sólo tres pertenecieron a la antigua Policía Federal.

Sin embargo, una cosa es responder a la problemática de la regulación de su presencia, a la evidente falta creación de cuadros y otra muy diferente hacer caso omiso de dos realidades en los últimos 16 años. Por un lado, mientras la presencia del Ejército y la Marina en las calles ha impedido que México sea cada vez más seguro - en los primeros 45 meses del gobierno de López Obrador se registraron 130 mil 373 homicidios dolosos, contra 60 mil 319 en el de Calderón y 81 mil 299 en el de Peña Nieto, según la consultora Treasearch -, por otro lado las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura física, la psicológica e incluso la sexual ha ido en aumento, según datos de organizaciones especializadas como Amnistía Internacional.

Culpar a las Fuerzas Armadas de manera directa de ambos señalamientos sería injusto. Por diversas razones, pero resalto una: el Ejército atiende órdenes, ¿acaso la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa lo autoriza para dejar de lado la irrisoria estrategia de “abrazos no balazos”? No lo creo.

No obstante, la política del Presidente es tramposa, porque se esconde detrás del prestigio de una institución en alta estima por la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en 2020, 9 de cada 10 mexicanos confía en el Ejército. Involucrarlos en tareas de seguridad sin la transparencia necesaria acorde a un órgano civil terminaría por politizar la relación de las fuerzas armadas con la política, con un partido y con la población. Este riesgo es altísimo, ¿qué necesidad?

Finalmente, la forma en que se aborda la discusión es absurda. Un tema de tal relevancia para los mexicanos merece ser discutido ampliamente, ¿por qué mandar un decreto a todas luces ilegal? En nuestro país, el artículo 90 de la Constitución dicta “que la organización de la administración pública está en manos del Congreso de la Unión. Involucrar al Poder Judicial y que sea el propio Presidente de la República quien lo haga hace suponer intereses de orden político, pero nada ligado al problema que nos atañe: la seguridad de los ciudadanos. Eso sí, en una cosa no se equivoca, si damos este paso será sumamente complicado salir de ahí. En otras palabras, a él le interesa “su legado”, bien o mal, pero su legado, que no lo deshagan.

EL 2024 está a la vuelta de la esquina, pero con este tipo de acciones la sucesión saldría sobrando. Estamos hablando de una regresión autoritaria cada vez más profunda.

Que así sea.

PD. Antes de mandar estas líneas se dieron los hechos trágicos en Baja California, mismos que se suman a Jalisco, Guanajuato y Chihuahua. Si siempre ha existido el crimen organizado, ¿por qué antes no pasaba esto? En política, las coincidencias no existen.