Por lo menos en los registros oficiales de Salud, la pandemia ha bajado de intensidad y alargar esta alentadora pausa, depende única y exclusivamente de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Olvídense de cargar culpas y maldiciones en la figura de Hugo López-Gatell, considerado por algunos como el villano de la calamidad.
Cierto, son números que no reflejan la plena realidad respecto al estado de la pandemia, ya que, en el registro sanitario oficial, no entran todos aquellos contagiados que optan por lidiar en casa con la enfermedad o los que se ven obligados a internarse en algún hospital privado, a riesgo de perder hasta el segundo apellido, dadas las altísimas tarifas, en grado de usura, que cobran por los servicios que ofrecen y no siempre la eficiencia y calidad de los mismos, corresponde al precio fijado.
En cuanto al hecho de que los médicos y los centros hospitalarios no reporten a las autoridades sanitarias los casos de contagio que conocen, relativos a la pandemia del coronavirus, se viola lo previsto en el artículo 137 de la Ley General de Salud, en el cual, se ordena que los profesionales de la salud y las instituciones hospitalarias tienen la obligación de reportar los casos que atienden.
Por lo que respecta a los altísimos precios de los centros hospitalarios, la autoridad no cumple con su obligación de regularlos tal y como se prevé en la Ley General de Salud, en su artículo 43.
Los servicios privados de salud son todo un tema que bajo el gobierno federal, el actual y los anteriores, ha transitado suelto y no se ve que haya el propósito de regularlos, ni tan siquiera, en el elevado precio de los medicamentos e insumos de curación que proporcionan a los pacientes, los cuales, les son cobrados, por lo menos, hasta el triple de lo que cuestan en las farmacias.
Cierto, los servicios privados de salud se encuentran en el grado de conveniencia de quien los contrata, pero esto no debe ser pretexto para dejarlos que estén corriendo por la vía libre y pasen sobre lo previsto en la normatividad que regula la operación de los mismos, tal y como se demuestra con los hechos señalados anteriormente, lo cual, también trae como consecuencia que las primas de los seguros de gastos médicos mayores se eleven de manera significativa.
Es un hecho que las enfermedades catastróficas, y el agravamiento de la C19 entra en esa categoría, implican un gasto descomunal para las familias de los afectados, inclusive, aun recurriendo a un centro de salud pública, ya que en los mismos, también recetan medicamentos experimentales caros, muy caros.
La mala situación sanitaria que estamos atravesando ha puesto el dedo en el renglón de la vulnerabilidad del grueso de la población ante los encarecidos costos de los centros hospitalarios privados y también ha evidenciado el maltrecho estado en el que se encuentran los nosocomios del sector público, cuya insuficiencia, muchas veces obliga a los derechohabientes a recurrir a la medicina privada, a riesgo de perder el patrimonio familiar.
Pensar en la contratación de un seguro de gastos médicos mayores, es imposible para el común de los ciudadanos, así lo demuestra el hecho de que solo un 10 por ciento de la población cuenta con esa cobertura; ante la realidad de los hechos, sería interesante que el gobierno federal, implementara un nuevo esquema participativo de atención hospitalaria, algo así como un seguro de cobertura médico hospitalaria, o bien, que el Banco del Bienestar ponga a disposición de la ciudadanía líneas de crédito con tasas preferenciales para cubrir gastos de salud, y si no se puede, por lo menos, que hagan el intento de aplicar rigurosamente los dictados de la Ley General de Salud. ¡Buenos días!
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