Dice el Presidente que la oposición se está oponiendo “malévolamente” a la consulta porque piensa que si gana seguirá fortaleciéndose y “va a buscar reelegirse”. Son palabras del Presidente. No se las he escuchado ni leído a ningún integrante de la oposición política. En todo caso el argumento no se sostiene. En un artículo de reciente publicación he argumentado que seguir con la aventura reeleccionista es una mala estrategia que lleva a perder/perder (https://www.nexos.com.mx/?p=59648).
Ahí propongo que lo mejor que le podría pasar a México es que el Presidente se desistiera de hacer este ejercicio que se está vendiendo como un instrumento en manos del poder ciudadano cuando, claramente, es un instrumento en manos del poder público.
Lo único que promete la revocación es la multiplicación de conflictos innecesarios y evitables. El primer conflicto ya lo estamos viviendo. El pleito por la ley secundaria. La consulta de revocación de mandato, como su nombre lo indica es de REVOCACIÓN. No de permanencia, no de ratificación, no de apoyo. Les corresponde convocarla, en todo caso, a los ciudadanos que por algún motivo quieran que el Presidente se retire anticipadamente del cargo. Nadie lo ha hecho. Ninguna organización ciudadana la ha buscado, difundido o impulsado. Es el Presidente el que ha puesto la consulta en la agenda y el que la ha promovido desde las conferencias matutinas.
La pregunta aprobada en comisiones del Senado, ¿Estás de acuerdo en que, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?, es contraria a la figura aprobada en la Constitución y seguramente acabará siendo objeto de una acción de inconstitucionalidad que la Suprema Corte tendrá que resolver de manera relativamente rápida. Una más de las 26 que esperan resolución y una más que tensará la ya de por sí complicada -es un piropo- relación entre los dos poderes. O, si se quiere, entre los tres poderes, porque son Morena y sus aliados en el Poder Legislativo los que acabarán aprobando la ley.
Después vendrán los pleitos por los recursos necesarios para llevarla a cabo, por las opiniones discordantes sobre la organización, por la propaganda que se haga de la revocación y por los resultados. De entrada, el árbitro -INE- ha sido descalificado por uno de los jugadores y la instancia que deberá resolver las impugnaciones y validar los resultados -TEPJF- también. Lo menos que el Presidente ha dicho de las autoridades electorales es que, ambas instituciones autónomas, y quienes las dirigen, manejan la ley a su antojo, actúan de manera facciosa y están en contra de la democracia.
Si nos vamos a los posibles resultados, las cosas empeoran. Está primero el reto del interés que pueda concitar. Menos del 40 por ciento de participación sería en automático un fracaso. Puede suceder. Sobre todo, si la oposición -que no tiene nada que ganar- la desdeña y no cae en la provocación de subirse al cuadrilátero de este absurdo ejercicio. Si el Presidente no fuera revocado, para lo único que habría servido la consulta sería para decir: “el pueblo quiere que me quede” y para inflar más su ego. El Presidente quedaría exactamente en la misma posición porque la popularidad no amplía las facultades del Presidente, el Congreso seguiría con la misma distribución del poder y el veto que la oposición puede ejercer sobre las reformas constitucionales quedaría intacto.
Pero aun ganando pierde. Si se logra la participación requerida y gana el NO a la revocación, difícilmente llegará a los 30.1 millones de votos que obtuvo en 2018. Con una participación de 40 por ciento y calculando que el 57 por ciento -la popularidad actual del Presidente- votara por su permanencia, estaríamos hablando de 21.3 millones de votos. Casi 10 millones menos que en 2018. Y si el 50 por ciento de los participantes votaran en favor de la revocación, López Obrador se iría a su casa porque 18.7 millones así lo decidieron. Un resultado así no pareciera respetar el derecho a votar y ser votado que tienen los ciudadanos y los candidatos. Esto, porque faltó la regla de oro de la revocación: el “revocado” no puede irse con menos votos de los que obtuvo en su elección original.
En este último escenario, el Presidente del Congreso asumiría el cargo y en los 30 días siguientes los legisladores tendrían que nombrar a un nuevo Presidente para concluir el mandato. Oh paradoja: un Presidente que no surge de la elección directa de los ciudadanos sino de los representantes en el Congreso. De ser así, la decisión estaría en manos de 314 diputados y senadores en caso de que hubiese quórum completo del Congreso de la Unión. Un ejercicio dizque de participación directa que acabaría por dejar a la elección indirecta la decisión sobre quién gobernará los siguientes dos años y medio. Lo más alejado posible de eso de que el pueblo pone y el pueblo quita.
Total, perder-perder.
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