Policía atroz contra ciudadanos pacíficos. DSPyTM, el bastión represor de alcaldes

Han retornado en Sinaloa los policías prepotentes que descargan la simiesca mentalidad de la fuerza pública contra ciudadanos indefensos. Y, para no variar, son de Culiacán y Mazatlán algunos de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que interpretan a la perfección el pensamiento incivilizado de alcaldes muy distantes del respeto a los derechos humanos y apegadísimos al molde autoritario que parapeta el despotismo detrás de la consigna de cero tolerancia.

El 6 de enero, la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, que fundó el incansable luchador social Óscar Loza Ochoa y preside Leonel Aguirre Meza, continuador de una estirpe por la defensoría social, dio cuenta de la irracional concepción del orden público que rige en la Policía de Culiacán desde que Jesús Estrada Ferreiro, un abogado que se supone conoce el sistema de leyes como la palma de su mano, asumió el gobierno de la capital del estado el 1 de noviembre de 2018.

Los hechos ocurrieron el lunes 3 de enero: una vendedora de fruta picada de nombre Alba, que se gana la vida en las inmediaciones del hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue desalojada con tanto despotismo como les fue posible implementar a los policías municipales, en contraste con el apocamiento que éstos presentan contra la auténtica delincuencia. Enseguida vino de parte del gobierno de la ciudad una secuencia de justificaciones que, al ser coartadas para la impunidad, remarcan la injusticia.

“Hemos atendido varios casos así, con uso de fuerza pública desmedida, desproporcionada. Esta administración ha sido la de mayores casos”, expuso Leonel Aguirre, mientras que Óscar Loza dejó entrever la posibilidad de que el hecho trascienda a tribunales pues se interpondrá y acompañará una denuncia ante el Ministerio Público para dejar un precedente más amplio contra el Ayuntamiento de Culiacán. El maltrato a la comerciante, consideró, es contrario a la propuesta de reactivación económica para personas que se han quedado sin empleo por la Covid-19.

Pero hay algo todavía peor. En ese mismo procedimiento arbitrario fue detenido un ciudadano, Luis, que videograbó el excesivo uso de la fuerza pública contra la indefensa mujer y por dicho proceder solidario recibió similar andanada de gorilismo policial y también llevado a la barandilla donde la autodefensa de los victimados es palabra muerta frente a la versión de los policías que, obviamente, ajustan el parte de hechos a su conveniencia ilegal.

El testigo de la agresión a la mujer, consumada a las 11 de la mañana, fue conminado a dejar de grabar con su teléfono móvil la abusiva escena de los agentes de la DSPyTM de Culiacán, pero al negarse a acatar la orden fue subido a una patrulla de la corporación y paseado durante dos horas por diferentes puntos de la ciudad. Fue presentado alrededor de la una de la tarde ante el Tribunal de Barandilla luego de persuadirlo los “guardianes” del orden con amenazas (”o declaras así como te lo decimos o te entregamos ahorita con una célula del narco para que te desaparezca”) y otros métodos de desmedida intimidación.

La modesta comerciante de frutas es parte del sector poblacional que sale todos los días a buscar el sustento por medios lícitos y recibe el trato cruel mientras a su alrededor el gran crimen recorre las calles a sus anchas; la otra persona, que salía de cuidar al hijo internado en el hospital del ISSSTE y que en unas horas sería sometido a una cirugía, pagó 12 horas de arresto por la valentía de documentar el grotesco operativo policiaco, videograbación que por cierto le fue borrada a la fuerza por los agentes de la DSPyTM de Culiacán.

No se vale. Los alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, les han otorgado a sus policías municipales la horrenda garantía de impunidad para que recuperen el viejo instinto bestial de la fuerza pública, aquel que creímos desterrado por el andamiaje legal creado en contrasentido del abuso y por la acción cívica a favor de los derechos humanos. Por si alguien reclama las pruebas, ahí están registradas en los medios las quejas de abusos, agresiones, “levantones”, detenciones arbitrarias y colaboración con el narcotráfico perpetradas por algunos elementos, no todos, de las corporaciones municipales.

En Mazatlán, policías preventivos acumulan una larga lista de abusos. El 13 de octubre de 2021 detuvieron a dos reporteros que intentaban denunciar el exceso de fuerza que agentes municipales aplicaban contra surfistas; en noviembre de 2020 elementos de la corporación aparecen en redes sociales supuestamente desvalijando un automóvil que fue robado y recuperado, y en febrero reciente fueron captados forcejeando con mujeres turistas, entré éstas una embarazada. Y así continúa el extenso reporte de las arbitrariedades.

Por desgracia se trata de la institución de seguridad pública que debe realizar la labor de proximidad social ayudándole a la población a resolver las manifestaciones primarias del delito. La policía preventiva tiene que reencauzarse hacia esa labor fundamental y dejar de ser el artilugio torcido de alcaldes que desde su comportamiento cerril en el cargo permean hacia los subordinados intolerancia y fuerza brutal. Es de extrema necesidad que se le corrija.

Vivimos con el alma en vilo,

Por esa paradoja policial,

Que al criminal deja tranquilo,

Y al pacífico lo trata mal.

Para fines mediáticos es adecuada la justificación del refrendo de una amistad que ofrece Rubén Rocha al reunirse en Mazatlán con el priista Fernando Pucheta y sus seguidores. En términos políticos vale analizar desde otro enfoque ese encuentro que ocurre cuando el Alcalde morenista Luis Guillermo Benítez está dando suficientes señales de rebeldía contra el Gobernador y las políticas públicas de éste. Hay conflicto atizado por “El Químico” y Rocha y el Congreso lo saben.