El sábado pasado, el Ejecutivo estatal entregó al Congreso de Sinaloa la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022. Según el sitio del Congreso, en educación la principal prioridad será la asignación de recursos estatales para complementar el programa federal La Escuela es Nuestra. Aunque la recuperación de la crisis educativa deberá incluir muchos más temas, el mejoramiento de la infraestructura es imprescindible para asegurar un mínimo de dignidad en las condiciones de todos los planteles.
A la fecha, ni la SEPyC ni el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) han presentado una aproximación del costo que tendría asegurar servicios básicos y de condiciones adecuadas para la seguridad sanitaria y la inclusión educativa a todas las escuelas. El proyecto de presupuesto 2022 debería dar luces en ese respecto. Pero ello, se requiere contar con información detallada sobre el estado de los planteles.
En México, la realidad de la infraestructura de las escuelas no ha sido estudiada en profundidad desde el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) realizado en el 2013. Este censo reportó que una de cada diez escuelas de educación básica en Sinaloa carecía de agua de la red pública, cinco de cada diez no tenían acceso a drenaje y que, sobre todo en preescolares, 15 por ciento no disponía de baños ni de energía eléctrica.
Posteriormente, según el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa publicado por Mexicanos Primero en 2018, la realidad de las escuelas en Sinaloa no había cambiado mucho. Una de cada 10 escuelas seguía sin sanitarios y sólo seis de cada 10 contaban con espacios recreativos.
Estos datos resultan similares a los presentados por SEPyC durante la semana pasada. De un total de 3 mil 962 planteles educativos, que albergan 4 mil 260 escuelas de Educación Básica sondeadas en Sinaloa, son mil 270 las escuelas que reportan tener necesidades como electricidad, agua potable, servicios sanitarios, drenaje, bebederos y de limpieza.
Resolver todas estas carencias mediante el programa La Escuela es Nuestra será un gran reto. En el ciclo escolar actual dicho programa sólo beneficia a 750 escuelas en el estado. Mayores asignaciones de presupuesto podrían servir para aumentar el listado de escuelas que reciben recurso, priorizando a qué planteles apoyar de acuerdo con la información generada en el sondeo de realizado por la SEPyC.
Pero además de ello se deben resolver dos importantes problemas de este programa. El primero es que, debido a un fallo de la justicia federal, los fondos del programa La Escuela es Nuestra deben también financiar componentes del desaparecido programa Escuelas de Tiempo Completo, tales como alimentación y compensaciones salariales para maestros por el horario extendido.
Y el segundo problema será mejorar la transparencia en la asignación y gasto de estos recursos. Al respecto, es importante recordar que La Escuela es Nuestra aún permanece en la opacidad, sin reglas de operación. Prueba de ello es que, durante el 2021, de 173 mil planteles beneficiados, sólo 53 mil (30 por ciento) funcionaron con el comité escolar de administración participativa que es un requisito del programa.
Un análisis crítico del proyecto de presupuesto educativo para Sinaloa será fundamental para una exigencia informada que permita garantizar efectivamente el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes. Pronto esperamos compartir el detalle del análisis realizado por el equipo de Mexicanos Primero Sinaloa.
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