Los dos bandos se tienen tal encono que se han metido en un pleito en el que nadie sale ganando. La Presidencia y el Instituto Nacional Electoral parecerían estar atrapados en una trampa que fueron construyendo en el proceso de importunarse uno al otro. Tienen razón los diputados de Morena cuando afirman que el INE podría disminuir sus holgados presupuestos, de cara a la nueva política de austeridad impulsada por la 4T. Consecuentemente el Congreso redujo los recursos del Instituto para el próximo año. Y tiene razón el INE cuando asegura que no puede hacer los recortes a la operación normal cuando al mismo tiempo se le asigna una nueva tarea, organizar la Revocación del Mandato sin una partida para financiarla. Un gasto, dicen los consejeros, que equivale poco menos que a organizar una elección extraordinaria. Pero también tiene razón el Presidente cuando afirma que por encima de tales argumentos y contra argumentos está la Constitución y el fallo de la Suprema Corte, que mandata a las autoridades correspondientes, es decir al INE, a hacer este referéndum en tiempo y forma. A la postre, la suma de tantos razonamientos contrapuestos se ha convertido en una sinrazón.
El INE trató de subsanar jurídicamente el asunto con una resolución de tipo “acato, pero no cumplo”. Los consejeros determinaron, por un apretado 6 contra 5 votos, que la institución no se negaba a organizar el tinglado a condición de tener los recursos para hacerlo, es decir, no ahora. Lorenzo Córdova, el consejero presidente, incluso aseguró que ellos comparten la misma impaciencia que Palacio Nacional para hacer la consulta, algo que nadie le cree, pero se agradece la intención.
Ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, última instancia en la materia, tendrá que decidir si avala la decisión tomada por el INE o lo obliga a rectificar. Si respalda a sus colegas, condenaría a postergar hasta nuevo aviso el ejercicio de esta inédita experiencia de consulta ciudadana, lo cual podría llevar a cancelarla, toda vez que hacer un referéndum de revocación en 2023, a un año de que se termine el mandato presidencial, se antoja absurdo. Recordemos que originalmente fue concebido para realizarse justo a la mitad del sexenio, pero fue postergado un año para que no coincidiera con las elecciones intermedias.
No está claro qué haría el Presidente en caso de que el TEPJ fallara en favor del INE. De entrada, podríamos dar por descontado que lo considerará una agresión a título personal de parte de sus adversarios y la consecuencia inmediata será una dura descalificación de toda la estructura electoral. Y esas no son buenas noticias para ninguna de las partes. Si bien en algunos círculos se festejará la muestra de independencia del INE, entre los amplios sectores que apoyan a AMLO la imagen de la autoridad electoral resultará aún más dañada. Algo que no es bueno para efectos de la legitimidad de las elecciones que vengan. Pero tampoco beneficiará a López Obrador; nacional e internacionalmente será fuertemente criticado por su abierta hostilidad a los órganos electorales, lo cual por desgracia se asocia a personajes tan poco edificantes como el propio Donald Trump o Bolsonaro. Y eso sin considerar la posibilidad de que el gobierno y/o el Poder Legislativo, en manos de Morena, emprendan acciones jurídicas y políticas en contra de algunos consejeros electorales en lo personal. Algo que simplemente empeoraría las cosas.
Si por el contrario, el TEPJF falla en contra del INE y le obliga a organizar la consulta en las fechas originalmente establecidas o aproximadas, tenga o no recursos, el resultado será un entrampamiento operativo. Los consejeros tendrían de dos sopas, ninguna deseable: desobedecer la ley, algo de consecuencias políticas impredecibles o emprender la dichosa consulta de revocación con recursos mínimos y, por consiguiente, con eficiencia paupérrima. Se correría el riesgo de que el ejercicio se convirtiera en un fracaso monumental en términos logísticos, pero también de participación ciudadana. Eso simplemente enardecería el fuego de la disputa entre las dos partes interesadas, que se culparían mutuamente.
Cabe, desde luego, una tercera opción. Que el Poder Ejecutivo desenrede el entuerto otorgando los recursos adicionales que el INE dice necesitar para organizar la consulta. Esto le daría a AMLO su ansiado ejercicio de revocación, que en realidad todos sabemos él considera de ratificación, pero a costa de tragarse el incordio de haber cedido a las exigencias presupuestales de los consejeros. Habría que ver cuál de las dos pasiones persevera en su ánimo.
Se entiende que el obradorismo guarde fuertes recelos ante autoridades electorales a las que considera cómplices del despojo de 2006. Pero también debería tener presente que, imperfecciones incluidas, fue este entramado electoral el que legitimó el voto en las urnas y permitió la transición pacífica de poderes en 2018. Considerando que Morena es la fuerza política con mayor probabilidad de ganar los comicios locales y federales en los próximos años, al Presidente no le conviene deslavar totalmente la legitimidad de los órganos electorales, necesaria para dar certeza a los resultados que habrán de arrojar las urnas. En cualquier orden de la vida, el ganador requiere que todos los demás protagonistas también acepten la legitimidad de las reglas del juego y del árbitro que las aplica.
Nos espera una contienda muy poco navideña, seguramente cargada de insultos, amagos y hostilidades. Esperemos que no pase eso para bien de todos, empezando por las partes implicadas. Por lo pronto, hagamos un necesario paréntesis y arropémonos unos días en los ambiguos efectos de las esferas, el papel con trineos y los intercambios de regalos que empujen hasta el 2022 las pasiones políticas; con las familiares de fin de año deberíamos tener suficiente.
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