Cualquier análisis, por somero que sea, de las noticias diarias en los medios de comunicación, llevan a concluir que la situación de México cada día se complica más, pues no se trata de dos o tres problemas simultáneos que hacen crisis, sino de varios de ellos que están coincidiendo en tiempo y espacio sin que el actual gobierno actúe, no para aliviar algunas consecuencias sino con visión de conjunto, con políticas de fondo, con programas, procesos y actividades ordenadas, con un propósito claro y bien determinado.
El colapso de la Línea 12 del Metro en la ciudad de México puso en evidencia no sólo la corrupción en su construcción desde el origen, sino también la falta de un plan de mantenimiento, sea por los recortes presupuestales o simplemente porque no se sabe gobernar al no evaluar ni prevenir riesgos; el costo en materiales fue alto, pero el costo en vidas ciudadanas es gravísimo y todo ello sin que haya culpables.
Los recortes presupuestales también están pegando en la prevención de los incendios en el campo y los bosques del país. Se acabó el Fondo de Desastres Naturales, se recortaron los vigilantes forestales y ante los más de mil incendios reportados, simplemente la Comisión Nacional Forestal no contaba con personal para detener y sofocar los fuegos que afectaron más de 120 mil hectáreas de monte y árboles; a todo esto hay que agregar la constante deforestación que está mermando nuestros bosques. Pemex y CFE también están sufriendo por falta de recursos y planeación de mantenimiento. Ya se han tenido varias explosiones en las refinerías y se están sufriendo apagones en Baja California Sur, en Yucatán, Cd. Juárez y Acapulco; la falta de previsión no tomó en cuenta la posibilidad de sequía, pues se agotó el agua en las presas que además de riego generan energía eléctrica.
Pemex no ha podido detener el robo de gasolina, diésel y gas en sus ductos y pipas, pues el Ejército, que colaboraba en su protección, ya no tiene personal suficiente para atender todos los menesteres que el Presidente López Obrador le ha estado encomendando.
Los grupos de delincuencia organizada cada vez controlan y dominan más territorio y población. El Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y policías locales, no han podido o no han querido controlar, detener ni eliminar por falta de personal que está dedicado a otras labores no relacionadas con sus funciones, o bien, por falta de órdenes precisas del gobernante máximo, a quien parece no interesarle acabar con ese “otro poder”.
Mientras tanto los homicidios, feminicidios e infanticidios siguen en aumento con más de 35 mil homicidios dolosos en 2020 y en lo que va de este año se lleva un ritmo similar al del último semestre de 2020.
Por más que no se quiera ver la relación, la cantidad de asesinatos de candidatos en este proceso electoral, proviene en buena parte por la acción del narcotráfico que ahora como nunca se ha metido en el financiamiento de las campañas y en la selección de candidatos de todos los partidos. Eliminan candidatos que no pueden controlar o bien, “ajustan cuentas” con otros que no les están cumpliendo los compromisos.
Los mexicanos sufrimos todavía los efectos de la pandemia por el Covid-19. Aunque la India ya nos desplazó del tercer lugar en muertes, un cuarto lugar con más de 220 mil muertes “oficiales” y con casi 2 millones 400 mil infectados y familias golpeadas con la enfermedad y la muerte que han gastado miles de pesos en su atención, en momentos en que no se tenía trabajo o los ingresos eran insuficientes. Fue evidente la falta de medicamentos, de equipamiento y sobre todo de personal en hospitales y clínicas del Estado para atender pronto y bien al alud de pacientes, cuando no se contaba con presupuesto suficiente por los inoportunos recortes. Un gobierno que nunca aceptó las medidas de prevención como el cubrebocas, la higiene y la sana distancia pues los gobernantes nunca pusieron el ejemplo, del Presidente para abajo.
La división de poderes y el federalismo también están en crisis. Un Legislativo que no está dispuesto a “cambiar ni una coma” a los proyectos de ley que le manda el Ejecutivo es un síntoma ominoso para el Estado de Derecho; además, las diferencias jurídicas entre el Poder Judicial y el Ejecutivo con reclamos y acusaciones de falta de honestidad agravan más la situación, y si a esto le agregamos los conflictos entre el Ejecutivo Federal y muchos gobernadores estatales, se forma con ello una situación muy inquietante.
Y todavía hay más elementos para considerar un país en crisis.
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