Una de las intenciones de estos comentarios sobre la seguridad de los mexicanos como obligación de las autoridades y como un auténtico asunto de seguridad nacional, es tratar de demostrar que se requiere una política integral para enfrentar el problema con toda su complejidad y daños colaterales de hoy y de mañana. Véase como en un solo día, el 6 de los corrientes, la prensa informa que en San Luis Potosí un enfrentamiento armado deja 13 muertos y que en Guerrero abandonan seis cadáveres en carreteras, dos de ellos decapitados. Por fin, el Gobierno federal como que despierta y anunció la creación de una “fuerza especial antihomicidios” que “pondrá en marcha un plan de acción para combatir a personas, grupos y organizaciones que cometen asesinatos”, esto, después de que ya se contabilizan más de 120 mil asesinatos en lo que va del sexenio. Se anunció además una reorganización en las fuerzas armadas al pretender que la Guardia Nacional pase a la Sedena por decreto presidencial, sin solicitar las reformas legales correspondientes. Aunque ya hay un encargado de investigar desaparecidos, otro de feminicidios, uno más de cuerpos sin identificar, más los del huachicol y del robo de combustibles, etc., pero ¿dónde está la política integral sobre seguridad pública? Todo parece ser sólo una serie de acciones y reacciones ante los problemas y ante la presión pública sobre esos problemas.
En el artículo anterior se vio la necesidad de coordinar los esfuerzos federales con los estatales, así como los esfuerzos de las distintas dependencias involucradas directa o indirectamente en este asunto de seguridad nacional. Ya se habla, por fin, de atender el desorden que existe en las cárceles y penales, sobre los cuales urge claridad entre los “derechos” de los reclusos y los derechos sociales para determinar con más certeza hasta dónde debe llegar el proceso de reclusión y de pérdida de libertades de asesinos, ladrones y otros delitos; falta pues una estrategia de control y organización de los penales.
Se requiere también una estrategia para ir recuperando poblados y territorios que controla la delincuencia organizada, lo cual se lograría no solo con la presencia de militares y policías locales, sino también con la expulsión de los delincuentes y con la protección de los ciudadanos que los denuncian. El Gobierno tiene que percatarse que se está enfrentando a una especie de “guerra de guerrillas”, táctica que prácticamente ningún ejército organizado ha podido vencer si no es con la colaboración de los ciudadanos, aunque no precisamente con la organización de los llamados “grupos de autodefensas”, porque el día en que la autoridad acepte o se “haga de la vista gorda” ante la actuación ciudadana de “hacerse justicia por propia mano”, la autoridad “pierde autoridad” y está violando el Art. 17 Constitucional, que reza: “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma...”, lo que ya estamos viendo con los llamados linchamientos populares y con la toma de locales policiacos, toma de carreteras y casetas, incendio de camiones y edificios, etc., a ciencia y paciencia de las autoridades.
Un aliado indispensable en esta lucha por la seguridad de los ciudadanos y la recuperación de los espacios perdidos en manos de los delincuentes, es la cooperación del magisterio nacional, sobre todo de los maestros en el área rural; maestros rurales, bien pagados en mejores escuelas bien equipadas son fuente de respeto y reconocimiento ciudadano con programas como las Escuelas de Tiempo Completo, que acerquen a padres de familia, empresas y autoridades con los maestros y sobre todo a educar a los niños y jóvenes sobre los peligros de la drogadicción y de los riesgos de integrarse a los grupos de delincuentes como “punteros” o como sicarios y “mulas”.
Es tiempo de que el Gobierno federal dé muestras serias de que se propone la pacificación del País, para lo cual la colaboración de universidades, iglesias, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales como los ambientalistas y de derechos humanos, son indispensables. Esta es la ruta de la colaboración social.
Finalmente, en este artículo faltaría la ruta de las complicidades, es decir, investigar y combatir las “relaciones” de los delincuentes con funcionarios gubernamentales, así como con empresarios y grupos sociales.
Como se ve, una verdadera política de seguridad nacional es mucho más compleja que la de la simpleza de “abrazos no balazos”.
Y falta el estudio de los daños colaterales.
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