Va la Ley de Protección, soplo de esperanza
Abrazo puntual a periodismo y ombudsman

OBSERVATORIO
    Siendo autocríticos importa mencionar que existe una fracción de comunicadores que están escépticos por lo que puedan lograr esta ley y la creación del Instituto Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Tienen razón en el contexto de los innumerables agravios asestados y la impunidad siempre como respuesta, no obstante que nunca antes habíamos hecho tanto, juntos, para compartirnos los temores y las aspiraciones de seguridad hasta llegar a plasmarlos en una iniciativa. La confianza es el motor y la esperanza es la gasolina de esta propuesta de ley.

    Hay una buena noticia para el periodismo y los defensores de derechos humanos de Sinaloa. En la agenda de la 64 Legislatura estatal de la semana próxima predomina la dictaminación, análisis y aprobación en su caso de la iniciativa de ley de protección a los sectores prensa y ombudsman, como una alentadora señal de los partidos representados en el Congreso, y del Gobernador Rubén Rocha Moya, para avanzar en garantías para la libertad de expresión y el derecho a la información.

    En este caso, para los trabajadores de la información la buena nueva constituye la concreción de todas aquellas posibilidades que hemos imaginado para prevenir, esencialmente evitar si ello es posible, los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, así como a la amplia gama de activistas sociales. Y la sociedad que nos arropa a través de los representantes populares se beneficiará con reporteros que al saberse amparados por un esquema legal acorde a la realidad local harán una mejor labor por tener al tanto a la gente de quehaceres y aconteceres esenciales en la toma de decisiones.

    El acuerdo en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, presidida por Feliciano Castro Meléndez, así como la intervención del Gobernador Rocha para agilizar el correspondiente proceso legislativo, llevarán a que el martes se le dé primera lectura al dictamen de la ley de protección y podría suceder que ese mismo día o el jueves, el Parlamento nos ofrezca a los periodistas el más sincero y fraternal abrazo con la aprobación de la norma en defensa y amparo de nuestro trabajo e integridad.

    Se trata de la iniciativa ciudadana de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa que es producto de reuniones con ambos segmentos sinaloenses a convocatoria de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio y el centro de investigación ciudadana Iniciativa Sinaloa, y de tres foros regionales realizados por la 63 Legislatura, complementado ese ejercicio de consulta con el Parlamento Abierto organizado por la Cámara en funciones en febrero reciente.

    Por supuesto que podría no ser la mejor ley de protección, pero indiscutiblemente el hecho de tenerla significa alguna luz al final del túnel de la violencia contra periodistas al que entramos en la era moderna, desde que inicio el segundo milenio, cuando asesinaron al reportero gráfico Gregorio Rodríguez Hernández, en 2004 en Escuinapa. A partir de allí se vino la escalada de agresiones letales: Óscar Rivera en 2007, Humberto Millán en 2011, Javier Valdez en 2017 y recientemente Luis Enrique Ramírez el 5 de mayo de 2022, sólo por mencionar algunos hechos cruciales.

    Siendo autocríticos importa mencionar que existe una fracción de comunicadores que están escépticos por lo que puedan lograr esta ley y la creación del Instituto Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Tienen razón en el contexto de los innumerables agravios asestados y la impunidad siempre como respuesta, no obstante que nunca antes habíamos hecho tanto, juntos, para compartirnos los temores y las aspiraciones de seguridad hasta llegar a plasmarlos en una iniciativa. La confianza es el motor y la esperanza es la gasolina de esta propuesta de ley.

    Tampoco habíamos estado antes, nunca, en la coyuntura de poderes Legislativo y Ejecutivo que verdaderamente se pusieran del lado de los periodistas en momentos difíciles como lo es el actual en los ámbitos estatal y nacional. Las diputadas y diputados, el Gobernador, decidieron trasmutar de las esquelas y de los emotivos y fingidos discursos de duelo que salían a relucir ante las capillas fúnebres de los reporteros caídos, al hecho de empujar el marco jurídico para Sinaloa que luego sea homologado con la Ley General que aprobaría la Cámara federal.

    Todos los días el periodismo y luchadores sociales proponemos la articulación de voluntades entre autoridades e instituciones en el gran atrevimiento para que los ciudadanos en general vivamos en paz, con oportunidades y convivencias legítimas. Pero si el mismo periodista o el ombudsman no contamos con las condiciones de piso pacífico y empeño resguardado conforme el mandato constitucional, entonces la misión de interlocución merma en el miedo, se reduce a pusilánime monólogo de los amedrentados.

    Y dirán muchos, con razón, que con la ley que cursa el trámite legislativo no se acaban los miedos ni las amenazas de las distintas formas de delincuencia. No. Quizá los enemigos de la libertad de expresión ni se inmuten, pero los periodistas y defensores de derechos humanos recibimos una ley, una señal, nuevos hálitos, para a partir de aquí estructurar otros pasos hacia la mayor protección de nuestra función y trincheras.

    Reverso

    Por los periodistas sacrificados,

    Por los ataques en proceso,

    Por los intolerantes exaltados,

    ¡Te decimos gracias, Congreso!

    Desenlace predecible

    Entrada la tarde corrió como reguero de pólvora la noticia de la destitución de Héctor Melesio Cuén Ojeda como Secretario de Salud, ordenada por el Gobernador Rubén Rocha Moya. Así a botepronto, la opinión pública lo vio como venganza política consumada en la coyuntura tensa posterior al crimen que le quitó la vida al periodista Luis Enrique Ramírez, quien por cierto había recompuesto su relación con Cuén. La otra conjetura popular establece que el creador del Partido Sinaloense, aliado de Morena en la elección de 2021, aprovechará la inmejorable situación de víctima del rochismo para sustentar el proyecto político que desarrolla para llegar al Senado en 2024. En realidad, la actividad política en el Gobierno del Estado transita a velocidad peligrosa.

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