Violencia de Estado y espionaje

    La exigencia de justicia, en casos como Pegasus -como en otros miles de violaciones a derechos humanos- no es un mero capricho o afán de venganza de personas agraviadas. Es una exigencia fincada en el ejercicio elemental de sus derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación del daño.

    La impronta del Gobierno de Enrique Peña se cristaliza de forma evidente en el caso Pegasus. Hasta antes de la publicación de la investigación de Pegasus Project, teníamos certeza de 28 casos. Ello era la punta del iceberg. Las recientes investigaciones periodísticas arrojan 15 mil personas como potenciales objetivos de espionaje. Ello denota un uso sistemático y masivo de esta herramienta de vigilancia que implica violaciones graves a la privacidad e intimidad de las personas. Con ello también se ataca la libertad de expresión, el derecho a defender derechos humanos y a la participación pública.

    Un ejemplo doloroso. En mayo de 2019, R3D, Social Tic y ARTICLE 19 en colaboración con Citizen Lab, dimos a conocer que tan sólo dos días después del asesinato del periodista Javier Valdez, Griselda Triana (su esposa), así como sus más cercanos colaboradores Ismael Bojórquez (Co-director de Río Doce) y Andrés Villareal (Director de Información del mismo semanario), sufrieron intentos de infección en sus dispositivos móviles mediante el conocido software espía, diseñado por la empresa israelí NSO Group y adquirido por el Gobierno mexicano “para combatir terroristas y narcotraficantes”. Estos casos se sumaron a otros 25 de los que dimos cuenta desde junio de 2017.

    La malicia en el espionaje contra el círculo de Javier Valdez no descansa solamente en que dos días después del artero asesinato (15-05-2017) se buscara indagar en la vida privada e intimidad de sus amigos, en lugar de investigar con eficiencia y diligencia el móvil y los posibles perpetradores; sino en la manera como se concebía a las víctimas de la violencia, periodistas, activistas y opositores como enemigos del Estado. De ello deriva que el uso ilegal de los programas de espionaje no fue una irregularidad aislada, sino una acción planificada que nace de toda una concepción política autoritaria sobre la disidencia.

    Otra “carretera” de interés tiene que ver con la mecánica de corrupción en la contratación de Pegasus. Tal como reveló Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, los proveedores principales de este spyware eran empresas de seguridad “patito” cuyos accionistas eran -o son- hijos de políticos cercanos al peñanietismo y prestanombres ligados a la entonces PGR. A ello hay que sumar las recientes revelaciones de Aristegui Noticias y Proceso sobre las 30 empresas fachada que eran contratistas del Gobierno anterior y que apuntan a un complejo conglomerado que tiene presencia en Estados Unidos y Panamá.

    La investigación en curso por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de PGR, según información oficial, parece que avanzará a una pronta judicialización. La colaboración del Gobierno federal prometida durante esta semana es una buena señal. Durante cuatro años observamos dentro de la carpeta de investigación cómo las instancias militares, de seguridad e inteligencia negaron la información. Hoy se abre una nueva oportunidad para conocer sobre la contratación del malware durante los gobiernos anteriores.

    La exigencia de justicia, en casos como Pegasus -como en otros miles de violaciones a derechos humanos- no es un mero capricho o afán de venganza de personas agraviadas. Es una exigencia fincada en el ejercicio elemental de sus derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación del daño. También es el detonante de una reflexión más profunda sobre el uso del espionaje para acallar voces disidentes y los mecanismos de índole estructural que deberían adoptarse para evitar que estos hechos se repitan.

    Pero no sólo eso. El acceso a la verdad para las víctimas y para la sociedad es condición necesaria para generar la confianza pérdida en la instituciones del Estado, y por consiguiente, la recuperación de un régimen democrático. Es, sin duda, la erradicación una lógica institucional diseñada para censurar, perseguir, ocultar, engañar, hostigar, amenazar, victimizar y re-victimizar.

    Entre las cuestiones que tenemos derecho a saber es cómo, quién, para qué, por qué y contra quiénes se dirigió el mal uso de una herramienta del Estado para realizar labores de inteligencia, pensada originalmente contra terroristas e integrantes de la delincuencia organizada. Es evidente que los 28 casos de espionaje confirmados más los 15 mil potenciales objetivos del malware Pegasus, son apenas un botón de muestra de una operación que, tal como la evidencia sugiere, fue sistemática durante el pasado sexenio y ocasionó cientos de víctimas. En perspectiva histórica, la función de inteligencia del Estado mexicano, al menos durante los últimos 50 años, se dirigió en buena medida a recopilar información de actores políticos y sociales contrarios al régimen.

    El cambio de régimen entraña un deslinde ético radical frente a un uso faccioso -y hasta mafioso-de las instituciones de seguridad y justicia del Estado como sucedió en gobiernos anteriores. Si es una nueva etapa en la vida pública del país, necesitamos recuperar la confianza en las instituciones, en el marco de una sociedad ávida de respuestas. Y esa confianza se recupera conociendo la verdad y garantizando justicia. El espionaje no es una consecuencia necesaria de la lucha política, sino una anormalidad profundamente autoritaria que representa una afrenta a la democracia misma.

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