Tal cual se previno, la fuerza de contagio de Ómicron se ha expandido rápidamente, circunstancia que ha dado pie para que surjan especulaciones contradictorias entre naciones, respecto al manejo de esta nueva edición de la pandemia. Claro, cada quién cruza su apuesta en función de sus recursos sanitarios. En nuestro país se dice que todos los enfermos debemos aislarnos para cortar la cadena de contagios y no dar oportunidad a la aparición de otra variante virulenta.
En otro sentido, los estudiosos de la ciencia médica de Israel, uno de los países más avanzados en esa materia, están viendo en esta ola de contagios, la posibilidad de una salida de la pandemia, dejándola correr para lograr la llamada inmunidad de rebaño, y en consecuencia, la decadencia del virus.
En lo que sí coinciden en todos los países, es en lograr el mayor número de vacunados como una barrera de contención de la gravedad de la enfermedad, y seguramente, también en el estar recomendando un X número de aplicaciones de refuerzo. Es decir, que, a la fecha, todavía no hay un biológico que nos brinde inmunidad a la afección; lo hasta ahora creado es lo que hay y cada quien sabe si lo toma o lo deja, sobre todo, cuando ya se presentan casos de afectados de forma simultánea por gripe y coronavirus, lo que se ha dado por llamar Flurona.
Y en esa disyuntiva de tomar o dejar se encuentra el Gobierno federal ante las violentas manifestaciones de la delincuencia organizada en sus distintas variantes, la cual, ha impuesto su imperio en no pocas entidades del País, desdeñando las políticas públicas que tratan de, por lo menos, contenerla.
Secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, trata de blancas, trasiego de drogas, contrabando de armas, robos, delitos ambientales y los asesinatos dolosos, entre otros, aunados a la impunidad, conforman una pesada loza sobre la paz social, ante lo cual, poco o nada han podido hacer los tres niveles de Gobierno; de hecho, sus titulares, más allá del discurso prometedor y lleno de falsas percepciones sobre la disminución de la criminalidad, no tienen ninguna respuesta y por lo que vemos, ni la más remota idea de cómo ponerle fin a esta otra pandemia.
La criminalidad dolosa es la que causa mayor impacto en la opinión pública y no es para menos, ya que, durante los tres primeros años del gobierno actual se han suscitado un promedio anual de 36 mil crímenes dolosos, es decir, alrededor de 101 asesinatos diarios. Dichas cifras casi andan al parejo del promedio de muertos anualmente en la guerra de Siria, según revelan datos de la ONU.
Son demasiadas muertes para asegurar que vivimos en una sociedad que camina por la senda de la tranquilidad social.
La suma de fallecidos de manera dolosa es escandalosa, para lo cual, la única respuesta del Gobierno federal ha sido destinar miles de millones de pesos a sus fuerzas represivas y otro tanto a programas sociales, cuyos resultados, hasta ahora, no se han reflejado en el nacimiento de un ambiente de paz comunitaria.
La ola criminal que priva en nuestro País genera justificada intranquilidad en la ciudadanía y en el sector productivo, dentro del cual se sabe que los emprendimientos exitosos convierten a sus autores en objetivo de los extorsionadores, los secuestradores, y en el mejor de los casos, de los asaltantes.
La carga de hechos violentos son un pesado fardo para las intenciones reformistas del Presidente López Obrador; mucho mayor que la que le puede representar la oposición política.
Y mientras tanto, al Ejecutivo federal, el tiempo constitucional de su mandato se va agotando, y la terrible realidad de la violencia incontenible, amenaza con frustrar los proyectos renovadores de la 4T, pues como él mismo lo dijo: “ si no logro la paz, mi gestión de gobierno será un fracaso”. ¡Buenos días!
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