"Gobierno de Quirino sin intención de proteger a la prensa: Artículo 19"

"Antes de la publicación del decreto con el que se formó la Unidad de Atención y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la organización Artículo 19 realizó observaciones para que el proyecto tuviera viabilidad, s"

CULIACÁN._ Aunque el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel creó una Unidad Estatal de Atención y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la realidad es que no hay intención alguna de protegerlos, señaló Leopoldo Maldonado, subdirector regional de Artículo 19.

El 10 de noviembre de 2017 el Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el decreto para la creación de la Unidad Estatal de Protección, sin embargo esto fue solamente para cumplir con la crisis política que se desató con el asesinato del periodista y escritor Javier Valdez, señaló el activista.

“La voluntad del Gobierno no era acabar la violencia contra la prensa, era ya acabar con el problema político que se le había venido al Gobernador por el asesinato de Javier”, aseveró.

“Evidentemente habían descuidado sus responsabilidades respecto a la protección de periodistas desde mucho tiempo atrás y ahora querían presentar una imagen de que iban a atender el asunto en coordinación con la Federación”, expresó.

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Tras el asesinato de Javier Valdez el 15 de mayo de 2017, el Gobierno de Enrique Peña Nieto instruyó a las entidades para crear mecanismos de atención y protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Para ello convocaron a una reunión con el entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Después de ello el Gobierno de Quirino Ordaz hizo lo propio y a través del entonces coordinador de asesores, Rubén Rocha Moya convocó a periodistas para crear una unidad estatal, pero ya tenían un documento marcado de cómo querían que se conformara.

La propuesta del Gobierno del Estado era crear una unidad, a lo que organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, realizaron diversas observaciones para que fuera viable.

El documento inicial no marcaba la pauta de las responsabilidades del Estado y la coordinación que sostendría con la Federación, detalló el activista.

“Parecía que era otro mecanismo, pero a la postre nos enteramos que era como una unidad de enlace con el mecanismo federal, no había claridad de la naturaleza de la unidad”, comentó.

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“Las observaciones que hacíamos no eran descabelladas, eran cuestionamientos muy específicos y muy claros que tenían que ver con la viabilidad misma de esa unidad y no las quisieron atender y lo querían sacar al vapor porque ya les urgía presentar algo”, expresó.

Hasta la fecha la Unidad Estatal de Atención y Protección continúa sin que el Gobernador nombre un coordinador.

“Evidentemente muestra una falta absoluta de interés por el tema”, aseveró Maldonado.

Protección de periodistas debe caminar hacia la legislación

Alejandro Sicairos Rivas, presidente de la asociación 7 de Junio también participó en las juntas que convocó el Gobierno del Estado.

Señaló que el tema de protección a periodistas y defensores de derechos humanos debe avanzar hacia la legislación.

“Yo pienso mucho en la prevención y la atención a las causas que generan esto, y causas estructurales de cualquier tipo que ponen al periodista en riesgo desde mucho antes de que ocurra la agresión y todo eso se tiene que prevenir”, comentó.

Aunque el Gobernador nombre un coordinador para la Unidad que opera actualmente la Secretaría General de Gobierno, no tendría credibilidad para acudir a ella, opinó.

“Si algo se debería de rescatar es la credibilidad de esto porque pasó tanto tiempo que ni tenemos la Unidad de Protección, ni tenemos la confianza para nosotros o cualquier periodista que se sienta en riesgo, acercarse al Gobierno del Estado y decirle que se siente en peligro y que se activen los protocolos de protección”, dijo.

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“No puede ser porque hay un conflicto de interés, porque en muchas ocasiones son las autoridades municipales o estatales las que amenazan, intimidan o ponen en peligro la libertad de expresión.

La aportación del Gobierno para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos corresponde a la prevención del delito, la investigación y la persecución una vez que sea cometido, señaló el periodista.

 

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