Gobierno de Sinaloa, Congreso, Poder Judicial y Fiscalía entregan datos incompletos sobre sanciones administrativas a funcionarios

El Gobierno de Sinaloa, Congreso del Estado, Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado entregaron información incompleta a la organización Impunidad Cero, sobre las sanciones administrativas que han aplicado a funcionarios.

En el estudio “La Impunidad Administrativa en México” la organización evidenció que Sinaloa solamente entregó el 5.56 por ciento de la información solicitada, y el 94.44 por ciento eran datos incompletos en respuesta a las solicitudes de información.

Darío Ángeles, abogado especialista en derecho administrativo autor de la investigación, detalló en entrevista con Noroeste que los tres poderes del Estado y la Fiscalía solamente respondieron ocho preguntas y 64 no las respondieron o proporcionaron información insuficiente.

“Las solicitudes de información solicitaban información que sí se debe de generar al interior de las entidades y otras dependencias”, dijo el investigador.

Las preguntas que les realizaron a las autoridades abarcaban datos sobre cuántos procedimientos administrativos abrieron, cuántos solucionaron, y cuántos fueron revocados.

“Es información dura que debe estar ahí a disposición”, resaltó Ángeles.

Las solicitudes de información para la investigación fueron realizadas en 2019, y el trabajo publicado en agosto del 2021.

“En Sinaloa cuando tratas de ver cómo andan en impunidad todos estos cuatro poderes, pues no pudimos calcular ninguno de forma global. Pues sí tiene sus complicaciones de acceso sobre todo”, lamentó.

El Poder Ejecutivo respondió en dos páginas donde colocaron una tabla de procedimientos administrativos y las sanciones interpuestas, clasificadas por año. El Congreso del Estado también proporcionó tablas de información donde identificaban los procedimientos por número, año y el número del expediente.

“Lo cual te permitía nada más calcular cantidades, no contestaron nada más en relación a las demás preguntas. No hay qué tipo de denuncias, no hay qué tipo de faltas denunciadas, qué tipo de sanciones, toda esa información no está por ahí”, explicó el investigador.

El Poder Judicial solo proporcionó una hoja sin respuesta, y la Fiscalía General del Estado no otorgó datos.

“La Fiscalía simplemente contestó mal, nos contestó que no era de su competencia”, añadió.

“Podíamos decir que sí fueron parcos u opacos con la información que se requería para calificar y analizar este fenómeno en Sinaloa”, criticó.

Ángeles opinó que hace falta mayor transparencia pro activa por parte de las autoridades, para informar a la ciudadanía más allá de las obligaciones legales.

“Que se hagan esfuerzos por informar más de lo que se establece en las leyes como mínimo, y eso implica generar más información y poner más información a disponibilidad del público, y cuando reciban solicitudes atenderlas”, comentó.

“Por ahora y para este estudio digamos que la experiencia no fue la mejor”, añadió.

LA OTRA CARA DE LA IMPUNIDAD

Darío Ángeles comentó que debe hablarse de la impunidad administrativa en cuanto a procesos de sanción a funcionarios, ya que siempre se piensa el tema desde índole penal y el porqué los servidores públicos no van a la cárcel.

“Si funciona el sistema lo que puede servir es para prevenir casos más grandes de corrupción, conductas más graves de corrupción, negligencias de la administración pública. Y el hecho de que no esté funcionando ya sea porque es ineficaz, ya sea porque no se genera información suficiente, ya sea porque falla mucho, pues termina siendo un aliciente para que los servidores públicos no realicen su actividad en estándares de calidad superior”, expresó.

El abordaje de estos temas debe contribuir a que los gobiernos trabajen en solucionar el problema.

“Queremos que se hable del fenómeno, que se entienda el fenómeno, que se vea que es tan importante como el tema penal, con otro enfoque, finalmente este podría ser un enfoque preventivo de peores conductas”, puntualizó.