Mejora Sinaloa en índice de impunidad, pero sigue en más del 90 por ciento

Sinaloa se ubicó en el lugar número 11 de efectividad con un promedio de 7.0 con respecto al resto de los sistemas de justicia penales de otros estados, sin embargo su índice de impunidad aún es de 93 por ciento.

Según el organismo civil México Evalúa, aunque varios estados muestran mejoras, entre ellos Sinaloa, el Índice de Impunidad 2020 muestra que todavía hay índices importantes de impunidad.

“Las entidades federativas que presentaron los niveles de impunidad más bajos de cualquier forma alcanzan niveles entre 76% y 86%, mientras que son 24 las entidades con niveles superiores al 90% y 17 las que superan la media nacional”, explica el análisis publicado el pasado 5 de octubre.

“...Es enorme el reto por enfrentar en el ámbito local”.

El informe muestra que las entidades con menores niveles de impunidad y mayores niveles de efectividad son Zacatecas, con 76.6 por ciento; Yucatán, con 85.3 por ciento; Guanajuato, con 85.4 por ciento; Sonora, con 85.9 por ciento; y Tlaxcala, con 86 por ciento.

Sinaloa se ubica en el lugar 11 con 93 por ciento de impunidad y el 7.0 por ciento de efectividad, que lo coloca fuera del grupo del párrafo anterior, pero sí muestra una mejora importante, porque su índice en el ejercicio del 2019 fue de 99 por ciento.

Junto a Zacatecas, que bajó del 91.8 a 76.6 por ciento, y a Coahuila, de 94.8 a 88.1 por ciento, son los estados que más cambios presentaron, con -15.1 por ciento, -6.6 por ciento, respectivamente, y -6.0 por ciento, en el caso de Sinaloa.

Tampoco está entre los mayores niveles de impunidad, en donde se ubican Guerrero, con 99.5 por ciento; Chihuahua, con 99.1 por ciento; Aguascalientes, con 98.9 por ciento; Hidalgo, con 98.7 por ciento, y Puebla y Quintana Roo, ambos con 98.6 por ciento.

El documento explica que este ejercicio sí permite identificar cuáles son las entidades que están logrando una menor congestión en la operación para dar una respuesta efectiva a los casos que le llegan, pero no se analizan otros factores, como tipo de delito, de víctimas o de imputados.

“En definitiva, el Índice permite identificar la capacidad del sistema para dar respuesta a los casos que conoce, pero se precisa un análisis mucho más desagregado y cualitativo para conocer si las respuestas otorgadas a los casos son las adecuadas, si se están usando correctamente los mecanismos previstos por el sistema y si se están empleando herramientas de priorización”, agrega el documento.