"Se reúnen manifestantes afuera de instalaciones militares de Culiacán, donde está AMLO"

"Se trata de trabajadores del sector Salud, ex policías y activistas"

CULIACÁN._En las inmediaciones del complejo militar El Sauz, la doctora Andrea Margarita Carrillo Ríos y un par de sus compañeros esperan con impaciencia y cansancio que llegue el Presidente Andrés Manuel López Obrador para poder recordarle que cumpla la promesa de campaña que les hizo y se regularice la situación de 17 mil trabajadores de la salud en Sinaloa.

La noche anterior estuvieron haciendo guardia en las afueras del hotel Lucerna, donde se hospedó el mandatario a su llegada a Culiacán y también planeaban seguirlo hasta el evento en el dren Bacurimí, programado para las 10:30 horas.

Unos minutos después de las 06:00 horas, Andrea y unos tres compañeros vieron pasar a AMLO sin oportunidad de que viera siquiera su exigencia, porque mantenían sus lonas dobladas, tal y como ocurrió para algunos fotógrafos y camarógrafos que aguardaban en el lugar.

Carrillo Ríos es representante del sindicato democrático de trabajadores de la salud en Sinaloa.

“Estamos suplicando que seamos escuchados y que nuestro Presidente nos dé la promesa de campaña, que votamos por él por un cambio”, dijo.

Explicó que hay tres mil trabajadores de contrato que esperan la promesa de ser beneficiados con una basificación del Instituto de Salud y Bienestar, pero que en total son una base que alrededor de 17 mil trabajadores que necesitan una recodificación de sus plazas, obtener mejores sueldos y prestaciones.

 

 

Unos minutos después arribó Carlos Vizcarra Zamora, un policía de investigación retirado que buscaba, junto con una veintena de sus compañeros, que el Presidente López Obrador intercediera con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel para que les actualizara 3 mil pesos de incremento para 150 jubilados, igual al aumento de los policías activos que tuvieron ese aumento desde septiembre de 2019.

“... a partir de esa fecha, todos nuestros compañeros, que somos alrededor de 150 más o menos, hemos luchado ante el Congreso para que nos apoyaran, hemos ido ante el señor Gobernador en una ocasión, y ante funcionarios de su gabinete, relacionados con seguridad pública, pero es el caso que hasta la fecha no se nos ha hecho llegar ese aumento, cuando aún lo contempla la ley”, dijo.

También llegó Jazmín Barrientos, una joven que fundó el movimiento Me uno a salvar 1 vida, con el fin de salvar a su madre Rosario Cristerna Barraza, una mujer que padece cáncer de páncreas, a quien el Issste le dio sólo tres meses de vida desde noviembre de 2019.

“Me estaba vendiendo el medicamento, el Director y el Subdirector del Issste, me dijeron que ese medicamento no lo estaba proporcionando México, siendo que el Presidente sí lo está mandando a Sinaloa... la última vez fue hace tres semanas, dijo que ya no lo podía proporcionar, porque México había dado caso cerrado a mi madre”, dijo Jazmín.

 

Cuatro jóvenes de la sede Costa Rica de Conafe también acudieron con una pequeña manta para acusar del despido injustificado de tres coordinadoras y un auxiliar de operaciones.

“... fueron cuatro despidos injustificados, donde ellos dicen que fue por pérdida de confianza y también ellos alegan que es falta de cumplimiento en las actividades, cuando es mentira, nosotros somos avales de que ellos hicieron su trabajo”, explicó uno de los asistentes que prefirió mantener su nombre anónimo debido a que los directivos de Conafe a nivel estatal han comenzado a amenazar con correr a quien apoye a los destituidos.

El mayor contingente fue conformado por miembros del Consejo de Unidad Ciudadana de Sinaloa, que reclamaban con una lona impresa al Gobernador sobre el destino de insumos médicos que el gobierno federal dotó a Sinaloa por la pandemia, puesto que en los hospitales aún hay desabasto.

Llegaron después maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación que exigen la destitución del titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y la caída de la Reforma Educativa.

También arribaron Anatolio Yáñez Salazar, de 75 años, y, Luis García Ramírez, de 66 años, un par de ejidatarios del pueblo de San Rafael, donde se ubica el complejo militar El Sauz, para acusar a la Secretaría de la Defensa Nacional de invadir cuatro hectáreas y cercarlas.

“Los soldados nos están invadiendo las tierras aquí en el ejido San Rafael, son tierras que nos están invadiendo y queremos que nos las devuelvan”, denunció el comisario ejidal.

Antes de que López Obrador dejara el complejo, personal de Presidencia realizó un recorrido por las inmediaciones para recibir documentos y exigencias de los asistentes; y aunque con la salida provocó un alboroto, el auto en que viajaba el Presidente solo disminuyó un poco la velocidad, pero no detuvo su marcha y se enfiló hacia su próximo evento.

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