Cada noche, los pobladores de Ocurague, en la sierra madre occidental, se escabullían de sus viviendas para ocultarse entre los matorrales. Desde las sombras escuchaban el accionar de las armas, las cuatrimotos y las camionetas que aplanaban los caminos terregosos.
Cuando el silencio volvía a imperar, apaciguaban el miedo y regresaban a sus viviendas. Era la señal de que el peligro había pasado, al menos por esa noche.
Así era la vida en 2011 en este poblado de la Sierra Madre Occidental que es
parte del municipio de Sinaloa de Leyva, muy cerca de Badiraguato, Sinaloa, en el llamado "Triángulo Dorado" del narcotráfico mexicano, que incluye la parte serrana de Durango, Chihuahua y Sinaloa.
Al paso de los meses, el temor a la violencia escaló a los homicidios. A inicios de 2012, un grupo armado secuestró y asesinó a un joven originario del poblado vecino de San José de los Hornos.
“Cuando mataron al muchacho ese de San José de los Hornos los hombres no se atrevieron a ir a levantarlo, por eso las mujeres fuimos por él, acompañadas del Comisario. Ahí habían dejado un papel donde se atribuían el asesinato; el papel decía que eso les iba a pasar a todos los ‘dedos’ (soplones) de ‘El Chapo’, que porque ahí era puro Beltrán Leyva”, recuerda la señora Esperanza Hernández, una mujer que ronda los 50 años, originaria de Ocurague, y que se desplazó a la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.
El nuevo grupo criminal condicionó a los pobladores a unirse a ellos, a abandonar sus tierras o a morir en sus manos.
“Asesinaron a una familia entera. Los cuerpos quedaron ahí tirados. El Comisario, antes de salir, dio aviso a la cabecera municipal de Sinaloa de Leyva. Fue una cosas muy difícil y muy fea: imagínese tener que dejar ahí a los cuerpos, y la gente tener que venirse por el miedo. Una persona decía que venían los Beltrán Leyva a quemar el rancho y a matar al que encontrara”, menciona con la mirada vaga, mientras recuerda los homicidios de 30 personas de la zona, y el éxodo de 96 familias que habitaban Ocurague, ahora convertido en un pueblo fantasma.
Por eso, por el terror, el 12 de enero de 2012, junto con su familia y un pueblo entero, Esperanza salió huyendo: dejó el abarrote familiar que trabajaba, su casa, su siembra, su ganado. Todo.
Desde entonces, esta madre soltera se convirtió en una activista que lucha para que se mejoren las condiciones de los desplazados; ha hecho un padrón de los que se hallan en Guamúchil y ha registrado a los que se fueron al norte del estado, particularmente a las familias que se asentaron en Guasave y en Choix.
El trauma del desplazamiento ha sido muy grande, explica Esperanza, primero por la falta de empleo y vivienda, y después por el desconocimiento de la vida de la ciudad, donde todo cuesta, hasta el agua.
“No podemos acostumbrarnos a vivir aquí: allá, si se acaba el gas, hay leña; tenemos gallinas que producen huevo, tenemos carne, queso; tenemos agua. Ocurague significa lugar donde nace el agua; hay una arroyo que nunca se seca. Nunca carecemos de fruta: ¡aquí hay que comprarla!”
La temporada de calor también ha sido una hornilla: ellos vivían entre los pinos serranos, ahora padecen de temperaturas de más de 40 grados centígrados, muchos de ellos sin siquiera contar con un ventilador.
Las demandas de la mayoría de los desplazados siguen siendo las mismas que en un principio: el regreso de las familias a sus pueblos con garantías de seguridad, o en su defecto, ayuda para un empleo, educación y una indemnización por las tierras y bienes perdidos a manos de los grupos del narcotráfico.

SINALOA, EL DE MAYOR DESPLAZAMIENTO SERRANO

En los últimos 12 años, en Sinaloa se han registrado más de 25 mil desplazados por violencia y sequía, según cifras de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, una Organización de la Sociedad Civil, fundada hace 30 años.
Por su parte, desde febrero de 2012, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Sinaloa, (SEDESHU), inició su propio conteo de desplazados por la violencia que genera el crimen organizado. A mayo de 2014, la Secretaría ha contabilizado a 4 mil 714 personas, divididas en mil 117 familias.
Los resultados muestran que el 70 por ciento de los desplazados lo conforman mujeres, menores y adultos mayores. Los niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 18 años de edad suman un 29 por ciento; las mujeres de 19 a 60 años alcanzan un 36 por ciento, y los adultos mayores de 60 años y más representan el 5 por ciento.
Según el estudio, el desplazamiento se ha registrado en diversas zonas de seis de los 18 municipios del estado: Sinaloa de Leyva, San Ignacio, El Fuerte, Concordia, Rosario y Culiacán. Y se han refugiado en otras áreas de 10 municipios: Badiraguato, Sinaloa de Leyva, El Fuerte, Mocorito, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, El Rosario, Salvador Alvarado –Guamúchil– y Concordia.
Pero el estado de Sinaloa no sólo ha recibido desplazamiento local, sino interestatal. Ha sido receptor de desplazados de la sierra de Durango, de la capital del estado y del municipio de Pueblo Nuevo. Los habitantes de estas zonas encontraron refugio en los municipios sureños de Elota y Cosalá.
Por la violencia y el miedo, se han refugiado en Choix, municipio de Sinaloa, pobladores indígenas rarámuris que habitaban la zona serrana de esta localidad.
De acuerdo a los datos proporcionados por Simón Ruiz, un indígena yoreme que trabaja de Coordinador de Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de Choix, a la cabecera se han desplazado más de 60 rarámuris provenientes de entre 11 y 13 comunidades, como La Culebra, Tacopaco, Corral Quemado y Las Juntas.
Estos datos no se encuentran en el estudio del Gobierno de Sinaloa, pero fueron documentados por estos reporteros.
Para atender el desplazamiento, el municipio y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) adaptaron una casona como escuela y comedor, lugar adonde acuden niños y adultos rarámuris.
En este lugar se reubicó a la escuela primaria indígena Amado Nervo, que originalmente se hallaba en el poblado de La Culebra.
En el estado de Chihuahua no se reconoce el problema del desplazamiento forzado en la sierra, según informa la Fiscalía del Estado, y en Durango, con datos divulgados por Comunicación Social, únicamente se tiene registro gubernamental de cientos de indígenas desplazadas de la comunidad de Tierras Coloradas, municipio de El Mezquital, ubicado al sur del estado.
A pesar de la falta de registro del Gobierno estatal, en el documento Proyecto Piloto de Agencia Económica de las Mujeres Desplazadas por Violencia, auspiciado por el Instituto Nacional de las Mujeres, se estima que el número del desplazamiento forzado puede ser mucho mayor, y llegar a 700 familias que han huido de la violencia en Durango.
“El último acontecimiento de violencia presentado en el estado ocurrió la última semana del mes de enero del presente año en la comunidad San José del Ranchito, a 15 minutos del municipio del Mezquital, en la cual los grupos al margen de la ley incendiaron tres casas. Esta zona es indígena y del 2010 hasta la fecha ha sido blanco de fuertes ataques por parte de la violencia; en otras ocasiones se han quemado escuelas, tiendas comunitarias y otras viviendas de esta misma zona; fue de la cual se produjo el éxodo masivo de los indígenas de Tierras Coloradas el 28 de Diciembre de 2010, en donde fueron quemados 38 inmuebles”, se lee en el estudio.
El documento también consigna la falta de atención del problema.
“Aunque en el Estado de Durango existe esta Ley General de los Pueblos Indígenas en Durango, hasta la fecha no existen políticas públicas, programas y proyectos a favor de las comunidades indígenas desplazadas”, se expone en el texto.

MUNICIPIOS DE SINALOA RECEPTORES DE FAMILIAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA


EDAD Y SEXO DE LOS DESPLAZADOS EN SINALOA


PRINCIPALES MUNICIPIOS EXPULSORES DE FAMILIAS DE DESPLAZADOS


‘SI ME ENFERMO, VOY A CAMINAR’

En una vivienda de una recámara habita el señor Ubaldo Díaz Hernández, sus hijos y dos familias más desplazadas de Ocurague, municipio de Sinaloa de Leyva.
La casa se halla en un fraccionamiento popular de la ciudad de Guamúchil. Como el gobierno no les ayudó con un refugio, sus habitantes la ocuparon sin permiso cuando ésta se encontraba abandonada.
Hace más de dos años, don Ubaldo y sus 10 hijos salieron caminando de su pueblo, desde entonces, las tragedias de la familia se han ido apilando. Apenas cuatro meses atrás recibieron una pésima noticia: el fallecimiento de la esposa de Ubaldo, la señora Florencia Díaz, una mujer de 53 años de edad que padecía cáncer y que no pudo ser atendida adecuadamente por falta de un buen seguro de salud y dinero para el medicamento.
“(Ya muy enferma) la llevé al Seguro Social y ya no salió del hospital”, dice Ubaldo, con esa voz arrugada y débil que produce la tristeza profunda.
Cuando la señora murió, el Gobierno municipal le ayudó con la compra del ataúd.
La escasez de trabajo también ha sido un problema para Ubaldo. Cuando lo contratan labora de peón de albañil o de jornalero agrícola; también desmonta baldíos a cambio de unas monedas. En el patio trasero de la vivienda siembra calabazas, y ahí mismo intentó sembrar maíz, pero no se dio.
Aunque tiene Seguro Popular, a Ubaldo no le sirve; consigue consultas médicas gratuitas, pero no acude porque no tiene dinero para comprar las medicinas que le recetan.
“Si me enfermo voy a caminar, qué le voy a hacer, voy a seguir a la compañera”, sentencia Ubaldo, mientras utiliza un pañuelo rojo para absorber el sudor intenso que le brota del cuerpo.

LOS DESPLAZADOS DEBEN DE ESTAR PROTEGIDOS

De acuerdo a los principios rectores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el desplazamiento interno se define como las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
Según cifras del Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (IDMC-NRC) que son utilizadas por la ONU, a finales de 2013 había por lo menos 33.3 millones de desplazados en el mundo debido al conflicto armado, la violencia generalizada y violaciones de los derechos humanos.
“Esta cifra representa un aumento de un 16% en comparación con 2012, y alcanza un récord histórico por segundo año consecutivo”, dice el Informe Global 2014: desplazados internos por los conflictos y la violencia.
En América, a finales de 2013, por lo menos 6.3 millones de personas habían sido objeto de desplazamiento interno, la gran mayoría se encuentra en Colombia, donde la cifra ha aumentado de forma constante y alcanza ahora los 5,7 millones. Sin embargo, también es notable el conflicto en Guatemala, con 242 mil; México, con 160 mil; Perú con 150 mil, y Honduras, con 17 mil.
A diferencia de los otros países, donde los conflictos armados y las violaciones en derechos humanos son un factor serio de desplazamiento, en México la única causa es la violencia generalizada, es decir, la violencia criminal.
Los estados mexicanos más afectados por el desplazamiento son Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Guerrero.




En total, la ACNUR define 30 Principios Rectores que protegen a los desplazados internos en el mundo, entre los que se encuentran:
Si el desplazamiento se produce por conflictos armados y catástrofes se adoptarán medidas adecuadas para informarles los motivos y, en su caso, sobre la indemnización y el reasentamiento.
Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas.
Las autoridades se cerciorarán de que pueden recibir en condiciones de seguridad: alimentos indispensables y agua potable; cobijo y alojamiento básicos; vestido adecuado; servicios médicos y de saneamiento indispensables.
Se protegerá la propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales.
Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país.


Editado por El Universal y Noroeste en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.