Quirino juega a la transparencia en obra

Gabriel Mercado

18 de julio de 2018

El Gobierno de Quirino Ordaz Coppel se caracteriza por prometer transparencia en el gasto público, pero realmente simula.

Al inicio del Gobierno, como parte de las estrategias para combatir la corrupción, se comprometió a difundir la información de los concursos de contratación de obras públicas, a la par que poseía una ley en la materia de avanzada y que fue aprobada y publicada el año anterior al que tomó posesión.

El Gobierno del Estado no valoró las herramientas de transparencia para el gasto que ya existían: los testigos sociales, una figura que permite la participación ciudadana en el proceso de concurso de obra pública, y los ciudadanos que integran el Comité Técnico Resolutivo.

Dicho comité, encabezado por los titulares de Obras Públicas, Finanzas y Transparencia, es quien analiza las propuestas técnicas y económicas que presentan las empresas que compiten por los contratos de obra, además define y sugiere cuáles son las mejores ofertas.

También el Congreso de Sinaloa limitó la participación de la sociedad en los procesos de contratación de obra pública al reformar la ley en lo “oscurito” en octubre de 2017, al modificar los montos de las obras en las cuales podían participar los ciudadanos, al elevar la cantidad de 407 mil pesos a más de 96 millones de pesos.

De esta manera, sin la asistencia de testigos ciudadanos, Ordaz Coppel gastó 6 mil 992 millones 294 mil 290 pesos en 586 obras entre estadios, carreteras, caminos y otras edificaciones más, desde el 1 de enero de 2017 al 30 de mayo de 2018.

Carlos Sanchez Robles Rogelio Arturo Aviña Martínez, subsecretarios de la Secretaría de Transparencia, indicaron que en su momento consideraron era suficiente publicidad con la publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial del Estado, y desestimaron eso fuera un factor determinante en la falta de participación.

A la fecha suman sólo cuatro testigos sociales registrados, y los 586 procesos de contratación de obra, sólo asistieron dos ciudadanos a vigilar los procedimientos de asignación de dos proyectos de construcción: la primera etapa del estadio de beisbol de Los Mochis por más de 44 millones de pesos y la reconstrucción de la carretera Los Mochis-Topolobampo por más de 98 millones de pesos.

Civi quiere ser testigo social, pero el gobierno del estado le complica el trámite.