En lo que pareciera premio de consolación para los trabajadores tras un primero de mayo ayuno de protestas y desahogos, el Senado de la República le dio luz verde a la posibilidad de una Ley de Ayuda Alimentaria.
Estamos hablando de la exigencia al sector patronal de otorgarles prestaciones en especie para garantizar el derecho a la alimentación, ya sea vía la instalación de comedores o la entrega de vales.
El gasto será deducible de impuestos.
Enlatada durante 15 meses la alternativa colocada en la mesa por un grupo de senadores encabezados por María de los Ángeles Moreno, a la que se adhirió una veintena de perredistas, ésta fue llevada al pleno en el maratón de último minuto previo al cierre del periodo ordinario de sesiones.
La votación fue de 77 legisladores a favor y siete abstenciones.
El largo paréntesis lo provocó una tensa resistencia de la Secretaría de Hacienda, secundada por la bancada panista.
La exposición de motivos hablaba de una caída en la recaudación por efectos del bajo precio del petróleo; la crisis económica y la baja drástica en las exportaciones.
El gol, pues, le llegó en el momento menos esperado, cuando la emergencia sanitaria multiplicó por dos la atonía impositiva
y, del otro lado de la mesa, los gastos.
Lo cierto es que la alternativa se colocó en la mesa en su momento como una fórmula para darle la vuelta a la cancelación de deducciones provocada por la irrupción del Impuesto Empresarial de Tasa Única.
El eje de ésta se sustentaba en los numerosos tratados que ha firmado México para garantizar el derecho humano a la alimentación.
De acuerdo con estudios de la Organización Internacional del Trabajo, una nutrición deficiente está estrechamente ligada al ausentismo, a las enfermedades y aún a los accidentes laborales, además de reducir hasta en 20 por ciento la productividad.
De hecho, el propio organismo documenta una serie de beneficios obtenidos por países que han adoptado el esquema bajo la prerrogativa de su deducción fiscal.
En América Latina el caso más significativo es el de Brasil, quien mantiene desde hace tres décadas un ambicioso Programa de Alimentación para los Trabajadores.
Y aunque en nuestro país el escenario se ubicó desde hace un lapso similar, vía el otorgamiento de vales de comida, instalación de comedores y entrega de despensas, no existe ninguna disposición legislativa que permita la permanencia y continuidad de los programas.
Peor aún, la reforma fiscal aprobada por el Congreso le cortó las alas a la posibilidad, por más que el 30 por ciento de los ingresos familiares se destina a las compras de comida, alcanzando en las familias en las familias pobres hasta el 40.
Textualmente, la iniciativa que debe aún pasar por el tamiz de la Cámara de Diputados, aparentemente hasta la llegada de la próxima legislatura, habla de "contribuir a mejorar el estado nacional de la fuerza laboral, así como a prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud ocupacional".
No es gratuito que el 90 por ciento de los muertos por la epidemia de influenza humana hayan sido de condición humilde.
La posibilidad, sujeta a que priístas y perredistas logren una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados, abre una ruta para que los sindicatos negocien con las empresas en el marco de los contratos colectivos de trabajo, dado lo opcional de la alternativa.
Ahora que la iniciativa ubicó una serie de candados para evitar simulaciones, entre ellos la obligación de entregar un control documental del beneficio, además, naturalmente, de los comprobantes fiscales correspondientes.
El abanico abre varias posibilidades. Desde las comidas proporcionadas en comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo contratados por terceros, hasta el uso de vales impresos o electrónicos, pasando, desde luego, por la entrega de despensas, ya sea en directo o vía vales.
Ahora que se plantea no otorgar trato diferencial a los trabajadores en función del tamaño o la capacidad de las empresas, bajo el entendido que la ayuda alimentaría que se les otorga a través de comidas no se considera ingreso de éstos, por lo que no estará sujeta a gravamen alguno.
En el caso de las despensas, se considera un ingreso exento cuando su costo se ubique en el equivalente a un salario mínimo general elevado al año.
La evaluación del ordenamiento, una vez refrendado por la Cámara de Diputados, la realizará una comisión integrada por representantes del gobierno federal, patrones y trabajadores.
Una de cal para las que van de arena. Digo, si pasa en la Cámara Baja o el gobierno, en último caso, se atreve a vetarla.
Balance General
Sometidas a fuego cruzado las empresas al embate de los cinco jinetes del Apocalipsis: Crisis, inseguridad, corrupción, falta de créditos e influenza, está creciendo una campaña para exigir la derogación del IETU, o al menos la ampliación de la posibilidad de deducciones.
La exposición de motivos habla de un tributo diseñado para épocas de bonanza, que se vuelva letal en las críticas, dados los gastos que implica su administración.
De entrada, se pide la deducción en los salarios en lugar de su acreditamiento, además del aguinaldo, primas vacacionales y otras prestaciones.
Más allá, se plantea que se baje la tasa al nivel en que quedaría el año próximo, en paralelo a simplificar su escenario.
Palos para enfermos
A contrapelo del viento adverso con que navegan la mayoría de las empresas, hete aquí que el Instituto Mexicano del Seguro Social no sólo no ha laxado sus medidas de cobranza, sino las ha endurecido.
En el apretón de tuercas, hete aquí que a las firmas en sospecha de mora se les están congelando las cuentas bancarias, en un escenario en que la acción se vuelve puntilla.
Sigue la mata
Ante el empecinado silencio del IMSS sobre cuál será la alternativa para los enfermos de insuficiencia renal crónica frente a la negativa de las empresas que ofrecen el servicio subrogado de hemodiálisis de mantener vivo un contrato que se vence el 15 de mayo y el paréntesis que representa esperar hasta el primero de septiembre a que tengan listas las clínicas respectivas las firmas que ganaron la licitación para entrar al relevo, ayer se publicó un desplegado de protesta firmada por 400 enfermos.
El texto señala a la letra que la epidemia de influenza permitió tender una cortina de humo sobre un concurso que representa un "escandaloso caso de tráfico de influencias y corrupción".
El caso es que el ex subsecretario de la Función Pública en el sexenio foxista, Alejandro Torres Palmer, no es el dueño de Corphomed, una de las firmas ganadoras de la licitación. Su papel fue el de asesor de la empresa vía un despacho de administración de contratos con razón social SIAC.
Torres Palmer fue contralor del Seguro Social durante el gobierno zedillista y trabajó como consultor independiente en el organismo tripartita en el 2007.
El despacho lo creó en octubre de ese año.
albertobach@yahoo.com.mx;barrancoalberto@prodigy.net.mx
