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Política

Estados Unidos dice que apoya a instituciones electorales independientes

El Gobierno de México impugnó la suspensión de algunas de las reformas del ‘Plan B’ ordenada por el Ministro Alberto Pérez Dayán

Brian Nichols, Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, dijo el domingo que su país “apoya instituciones electorales independientes que tienen recursos para fortalecer procesos democráticos y Estado de Derecho”.

Ello luego de que al menos medio millón de personas acudieron a la manifestación denominada #MiVotoNoSeToca, que se llevó a cabo este domingo en la Ciudad de México y otras ciudades del País y del extranjero, para rechazar el llamado “Plan B” de la reforma en materia electoral, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena.

“En México hoy vemos un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba la independencia de instituciones electorales y judiciales. Estados Unidos apoya instituciones electorales independientes que tienen recursos para fortalecer procesos democráticos y el Estado de Derecho”, escribió en español, el funcionario estadounidense, en su cuenta de Twitter.

$!Estados Unidos dice que apoya a instituciones electorales independientes

Por su parte, la oficina del vocero del Departamento de Estado de EU, Ned Price, también señaló que el Gobierno de dicho país apoya instituciones electorales independientes, bien estructuradas, que fortalezcan el proceso democrático y el Estado de Derecho.

En un comentario respecto a las citadas movilizaciones, destacó que “las democracias sanas se benefician de tener instituciones sólidas y pluralidad de voces”, además de que dijo que el debate que se ha abierto en torno a las reformas electorales, son clara muestra de la democracia “vibrante” que vive México.

“Estamos siguiendo muy de cerca los últimos acontecimientos, con las reformas electorales de México. Nosotros, por supuesto, respetamos la soberanía de México [...] Hoy, en México, vemos un gran debate sobre las reformas electorales y la independencia de instituciones electorales y judiciales que ilustra que México es una democracia vibrante”, indicó la oficina del vocero del Departamento de Estado de EU.

“Creemos que un sistema electoral independiente con buenos recursos y respeto a la independencia judicial apoyan democracias saludables en el mundo, y, por supuesto, en México [...] Alrededor del mundo hemos atestiguado retos a la democracia, que han puesto a prueba y continúan poniendo a prueba la fuerza de instituciones electorales y judiciales independientes”.

Poco antes, en una rueda de prensa, Price dijo que Estados Unidos respeta la soberanía del País, que es “un socio igualitario”, pero que Washington cree que un sistema electoral “independiente, bien dotado de recursos”, respalda “las democracias saludables en el mundo y en México”.

Un sistema electoral independiente, “no partidista, independiente, bien dotado de recursos, constituye uno de los pilares de la democracia en el mundo. Es lo que asegura que todas las voces sean escuchadas en una democracia”, enfatizó Price, quien añadió que su país seguiría muy de cerca cómo se desarrolla la situación en México.

El funcionario aseguró que Antony Blinken, titular de la Secretaría de Estado de EU, estaba muy enfocado en el tema de la erosión de la democracia en el mundo, en general, así como “en los principios que están bajo amenaza en el mundo”, y concluyó diciendo que Estados Unidos defiende los principios y valores democráticos en el mundo, y que eso es cierto también en el caso de México.

Por su parte, el Senador republicano Marco Rubio escribió en Twitter, que las protestas en México “muestran la amplia desconfianza de los mexicanos en las reformas electorales de AMLO que destrozarán al [Instituto Nacional Electoral] INE”. Asimismo, llamó a Estados Unidos y los aliados a “vigilar esto muy de cerca y reforzar las salvaguardas que incluye el INE de los estándares democráticos en México”.


‘PLAN B’ ELECTORAL SE PUBLICARÁ ESTE LUNES, AFIRMA IGNACIO MIER

El segundo paquete de reformas del llamado “Plan B” en materia electoral, será publicado este 27 de febrero en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor, según adelantó Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

“Concluyó el proceso legislativo con la aprobación de la minuta modificada que regresó la Cámara de Diputados y que se allanó a ella el Senado. Ahora empieza, ya nacida oficialmente, se va a publicar, tengo conocimiento, a partir del día lunes”, declaró en conferencia de prensa.

Además, Mier Velazco afirmó que los más de 12 recursos de inconstitucionalidad, presentados por la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar la aplicación del primer paquete de reformas ya publicado, no tenían vinculación alguna con la materia base de la reforma.

“Tuve la oportunidad de revisarlos. No tienen nada que ver con la reforma electoral, absolutamente nada que ver con lo que está establecido en las cinco leyes”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política.


CONSEJERÍA JURÍDICA DE PRESIDENCIA PIDE A LA SCJN REVOCAR SUSPENSIÓN DEL ‘PLAN B’

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal informó el domingo que impugnó la suspensión que ordenó el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, de las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, para que éstas no se puedan aplicar en el Estado de México y en Coahuila.

En el recurso legal presentado por el Gobierno mexicano, expuso que en el caso de las normas expedidas por el Congreso de la Unión, sólo podían invalidarse mediante el voto de ocho ministros de la SCJN y estaba proscrito expresamente suspender sus efectos.

Por esta razón, “constituye un fraude a la Constitución que el Ministro instructor, Alberto Pérez Dayán, se separe indebidamente de las reglas del procedimiento, lo que desnaturaliza los medios de control constitucional y en la medida en la que el juzgador respeta o no el sentido original de la norma, su decisión será calificada de democrática o antidemocrática”.

A través de un comunicado, la CJEF afirmó que la suspensión de dichas normas, otorgada por el Ministro Pérez Dayán, afectaba “de manera grave” la división de poderes, ya que, insistió, “carece de facultades para anular un valor constitucional superior, como es el principio de presunción de validez de las normas expedidas por el Poder Legislativo, ya que sólo la determinación del Pleno de la SCJN puede tener por efecto declarar la invalidez de una disposición general”.

La CJEF subrayó que en los criterios de la propia SCJN, las medidas cautelares de esta naturaleza “sólo pueden otorgarse, en todo caso, respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos”.

“Resulta preocupante que el Ministro Alberto Pérez suspenda la aplicación de las leyes sin que exista ningún hecho o indicio que demuestre la supuesta existencia de alguna afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales implicados, como lo señala de forma dogmática en su determinación”, agregó la Consejería.

Asimismo, aseveró que el diseño constitucional de los medios de control, como es la acción de inconstitucionalidad, prevé que las decisiones de fondo emitidas por la SCJN no puedan tener efectos retroactivos, “por lo que tampoco existe razón lógica que permitiera al Ministro instructor anticipar efectos que invaliden la entrada en vigor de las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión; esto representa un acto arbitrario de un juzgador constitucional al apartarse de las normas jurídicas que regulan su actuación”.

El Ministro Pérez Dayán, advierte, “pierde de vista que el Congreso de la Unión reformó la Ley General de Comunicación Social en cumplimiento a una sentencia firme de la Primera Sala de la SCJN (amparo en revisión 308/2020), lo cual constituye un hecho notorio y público”.

En la argumentación legal presentada por la Consejería, se señaló que la propia SCJN, en la tesis Segunda XXXII/2005, establece que, respecto a la suspensión en controversias constitucionales, “la prohibición de otorgarlas respecto de normas generales incluye a los artículos transitorios y sus efectos”.

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