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SEGURIDAD

Senadores de EU piden a Blinken dejar de vender armas al Ejército, Marina y policías de México

En su misiva fechada el pasado 14 de septiembre, los senadores demócratas Patrick Leahy, de Vermont; Cory Booker, de Nueva Jersey; Jeff Merkley, de Oregon; y, Dick Durbin, de Illinois, manifestaron su preocupación a Blinken

Un total de cuatro senadores de Estados Unidos enviaron una carta al titular del Departamento de Estado estadounidense, Antony Blinken, para pedirle que suspenda la venta de armas al Ejército y a la Marina de México, así como a las policías mexicanas, ya que, según los legisladores de Estados Unidos estas son utilizadas para cometer violaciones a los derechos humanos y no hay transparencia en cuanto a su manejo.

En su misiva fechada el pasado 14 de septiembre, los senadores demócratas Patrick Leahy, de Vermont; Cory Booker, de Nueva Jersey; Jeff Merkley, de Oregon; y, Dick Durbin, de Illinois, manifestaron su preocupación a Blinken, porque no ha consultado con la Embajada de Estados Unidos en México respecto a casos relacionados con las fuerzas policiales mexicanas como usuarios finales de las armas de fuego exportadas por su país, cuya supervisión fue transferida al Departamento de Comercio de Estados Unidos.

En particular, se dicen preocupados por un pedido de la Secretaría de Marina (SEMAR) mexicana para adquirir rifles automáticos Sig Sauer, por valor de 5.5 millones de dólares, ya que señalan que los marinos están implicados en desapariciones forzadas y torturas, además de que no existen controles adecuados sobre los usuarios finales de las armas.

“Dada la extensa documentación de la infiltración generalizada de las fuerzas policiales mexicanas por parte de organizaciones criminales y la participación policial y militar en atrocidades, esperábamos que los Departamentos de Estado y Comercio establecieran mecanismos para garantizar que las armas de fuego estadounidenses no contribuyan a estos delitos”, aseguraron los senadores en su carta.

“También nos preocupa la evidencia de que las armas de fuego exportadas por Estados Unidos continuaron siendo transferidas a las fuerzas policiales estatales en los estados mexicanos de Guerrero y Tamaulipas, después de que esas fuerzas estuvieran implicadas de manera creíble en desapariciones forzadas y masacres”, precisaron Leahy, Booker, Merkley y Durbin.

Los cuatro senadores recuerdan en su nueva misiva, que en una primera carta -enviada el pasado 12 de marzo y respondida por Blinken el 22 de abril de este mismo año-, el titular del Departamento de Estado les dijo que las licencias para la exportación de armas de fuego a México deberían identificar a los usuarios finales. Pero el funcionario estadounidense no especificó si fue el caso de las armas enviadas en 2015 a las policías de Guerrero y Tamaulipas.

“Tenemos entendido que la Oficina de Asuntos Político-Militares fue informada en 2017 que armas de fuego de origen estadounidense estaban en posesión de las fuerzas policiales en el momento de las desapariciones de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero”, en alusión a los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.

Ante ello, los cuatro senadores demócratas reclamaron en su misiva al Departamento de Estado de Estados Unidos no haber notificado al Congreso estadounidense respecto a una posible infracción del uso final, que hubiera podido derivar en que las sucesivas transferencias a México requirieran una exención presidencial.

“Lo instamos a comenzar de inmediato una revisión de todas las licencias existentes para la exportación de armas de fuego a México para uso de la policía y la Armada de México, emitidas por la Dirección de Controles de Comercio de Defensa [DDTC, por sus siglas en inglés], antes y desde marzo de 2020”, indicaron.

Así como suspender las licencias en las que se identifiquen como usuarios finales a la policía o las fuerzas navales implicadas “de manera creíble” en violaciones graves a los derechos humanos, en la colusión con organizaciones criminales o en las que se no identifique con precisión a dichos usuarios, dijeron los legisladores.

En su carta, los cuatro senadores incluyen en su petición una licencia para la exportación de más de un millón de dólares en rifles automáticos notificada al Congreso de Estados Unidos a fines de diciembre del 2020 y otra similar para uso del Ejército y la Marina de México, notificada en julio del 2021.

Asimismo, los legisladores de Estados Unidos preguntan si el Departamento de Estado estadounidense avisó a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina mexicanas, respecto a las restricciones a la policía y a los usuarios finales de unidad militares en materia de armas de fuego.

Leahy, Booker, Merkley y Durbin también preguntan cuándo se enteró la Embajada estadounidense y otros funcionarios sobre la venta de armas de fuego para las policías de Guerrero y Tamaulipas, así como si se tomaron medidas para evitar que el armamento terminara en sus manos.

“En un estudio de 2019, más del 65 por ciento de los detenidos durante un período de diez años dijeron que sufrieron torturas mientras estaban bajo custodia de la Marina, incluidas asfixia, descargas eléctricas, quemaduras y violación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México emitió el año pasado un hallazgo de la responsabilidad de la Marina por 27 desapariciones forzadas en 2018”, mencionaron los senadores.

Por último, en su misiva, los legisladores critican que el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitiera un cambio de regla en diciembre de 2020 para facilitar las exportaciones a México, bajo una Autorización Comercial Estratégica de Excepción de Licencia (STA, por sus siglas en inglés) que eleva al país como socio comercial de bienes sensibles y lo exime de identificar a los destinatarios finales de los envíos de armas de fuego con licencia.

‘Abrazos, no balazos’ es un cuento de hadas: senadores de EU

El 5 de noviembre del 2019, tras el ataque que ocurrió en los límites entre Sonora y Chihuahua, contra la familia LeBarón, de la cual fallecieron nueve miembros, entre ellos seis niños, Ben Sasse, senador republicano por Nebraska y miembro del Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara alta estadounidense, aseguró que México estaba “peligrosamente cerca de ser un Estado fallido”.

“Los carteles de la droga emboscaron a una familia inocente en su camino a una boda y masacraron a nueve estadounidenses, incluidos bebés. La dura verdad es que México está peligrosamente cerca de ser un estado fallido. Esto es lo que sucede cuando los políticos de México miran para otro lado y dejan que los carteles de la droga sobornen su camino al poder”, indicó el político estadounidense.

“Suficiente. El presidente de México [Andrés Manuel López Obrador] no se ha tomado en serio la amenaza y se han perdido vidas inocentes estadounidenses. El Gobierno mexicano debe asociarse con las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley de EU Para emprender una ofensiva a gran escala contra estos carniceros”, abundó el legislador.

Por su parte, el también Senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, aseveró que el asesinato de nueve miembros de la familia LeBarón demostró que el Gobierno del presidente López Obrador no podía controlar al crimen, y que la consigna de “abrazos no balazos” era propia de un cuento de hadas, dijo.

Además, advirtió que si México no podía proteger a estadounidenses en su territorio -como lo eran los LeBarón al ser ciudadanos con doble nacionalidad-, Estados Unidos tomaría medidas “por nuestras propias manos”, dijo el senador estadounidense.

“Desafortunadamente, está claro que el Gobierno mexicano no puede controlar esto. El presidente López Obrador asumió el cargo hace casi un año diciendo que su estrategia para lidiar con los carteles sería ‘abrazos no balazos’”, insistió Cotton, en una entrevista con la cadena Fox News.

“Eso puede funcionar en un cuento de hadas para niños, pero en el mundo real, cuando tres mujeres estadounidenses y 6 niños estadounidenses son asesinados a tiros y quemados vivos, lo único que puede contrarrestar las balas son más y más grandes balas”, agregó el legislador republicano.

Cotton es ganador de la medalla de la Estrella de Bronce por su servicio en el Ejército de Estados Unidos durante su servicio en Afganistán y en Irak, además de ser conocido por ser uno de los defensores en el Senado para reducir drásticamente los niveles de inmigración a territorio estadounidense.

Ese mismo día, el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo que ante la violencia que se registraba en varios puntos de México, prefiere visitar Siria, país árabe cuya guerra civil inició en marzo del 2011.

Por otra parte, Mitt Romney y Mike Lee, senadores republicanos y mormones que representan al Estado de Utah -donde las víctimas de la familia LeBarón tienen lazos de familia- aseguraron estar entristecidos por el asesinato de nueve ciudadanos estadounidenses, además de que exigieron haya justicia en este caso.

“[Mi esposa] Ann y yo estamos desconsolados por las víctimas de los horribles ataques en México”, dijo en su cuenta de la red social Twitter, Mitt Romney, quien tiene familiares lejanos en Chihuahua y profesa la fe mormona.

“Nuestras oraciones están con sus familias que han sufrido una tragedia tan indescriptible. EU debe trabajar con los funcionarios mexicanos para que los responsables de esta violencia sin sentido rindan cuentas”, agregó Romney, también excandidato presidencial republicano en 2012, quien perdió con el demócrata Barack Obama.

“Estoy profundamente entristecido por las horribles noticias de México esta mañana [...] Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas de esta tragedia sin sentido y espero que el gobierno mexicano trabaje con nosotros para llevar a los asesinos ante la justicia”, dijo en un tuit el senador Mike Lee, también republicano por Utah y mormón.

Asimismo, el entonces presidente Donald Trump ofreció apoyo con armamento y con su Ejército a México para librar juntos una “guerra” contra los cárteles de la droga, a raíz de la emboscada y asesinato de los LeBarón, una familia mormona entre los estados fronterizos de Chihuahua y Sonora, que dejó a nueve personas sin vida, entre ellos seis niños.

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