"Ilegal, contrato entre dueños del Mazatlán FC y Gobierno del Estado por el Kraken: Marco Antonio Zazueta"

"El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado señala que de acuerdo con la Ley de Inmuebles del Estado y Municipios, cualquier traspaso de bienes debe ser aprobado por el Poder Legislativo, es por eso que pide que la Fiscalía Anticorrupción investigue de oficio este acuerdo"

El contrato que firmó el Gobierno del Estado con la empresa Atlético Morelia S.A de C.V., que concede el estadio de futbol donde juega el Mazatlán FC por diez años no tiene validez, afirmó Marco Antonio Zazueta Zazueta presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

El Diputado de la 63 Legislatura argumentó que de acuerdo con la Ley de Inmuebles del Estado y Municipios, cualquier traspaso de bienes públicos debe ser aprobado por el Congreso del Estado, sin embargo el Ejecutivo nunca llevó esta moción a los legisladores locales.

"Para empezar te lo puedo decir yo es que es un contrato totalmente ilegal, el único que está facultado para concesionar, prestar, ceder, dar en comodato un bien, inmueble estatal es el Congreso del Estado, así lo marca la Ley de Inmuebles en su artículo 25", sostuvo.

El Artículo 25 de la Ley de Inmuebles del Estado y Municipios, que está vigente desde el 28 de diciembre del 2007, señala que la enajenación de bienes debe ser aprobada por el Congreso del Estado.

Defiende coordinador de la bancada del PRI el contrato del estadio del Mazatlan FC

La enajenación de los bienes de que habla el artículo anterior, ya sea por medio de venta, permuta, cesión u otro título, requiere para su validez:

 

I. La aprobación del Congreso del Estado, cuando se trate de inmuebles del Estado; y, el acuerdo del Ayuntamiento correspondiente, cuando sean bienes de los municipios, en este caso con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. (Ref. según Decreto No.717, publicado en el P. O. No. 153, de 21 de Diciembre de 2001).

II. La publicación en el Periódico Oficial de las condiciones de la enajenación.

En el artículo 13 de esta ley detallan los terrenos que deberán ser sometidos a valoración del Congreso del Estado para su enajenación.

I. Palacios, de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y Palacios Municipales.

II. Establecimientos de Instrucción Pública y Beneficencia.

III. Bibliotecas, Archivos, Registros Públicos, Observatorios e Instituciones Científicas

IV. Museos, Teatros y Edificios para exhibiciones útiles o recreativas.

V. Cárceles y Establecimientos Correccionales y Penitenciarios.

VI. Cuarteles y demás terrenos y construcciones militares.

VII. Edificios para todo género de Oficinas Públicas, y los Edificios y terrenos destinados para Mercados, Ferias u otros servicios análogos.

Ante esto, Zazueta Zazueta señaló que Quirino Ordaz Coppel pasó por encima de las atribuciones del Congreso del Estado y sostuvo que desde que inició la construcción del estadio de futbol hubo muchas irregularidades.

 

"Es un caso muy sonado porque desde el 2017 ya la Auditoría Superior del Estado había detectado irregularidades en los primeros millones que se habían invertido en ese estadio, en el 2017 ya se habían invertido 130 millones de pesos y pues una de las irregularidades que desde mi punto de vista es grave, es que no se pudo comprobar de quien estaba a nombre el terreno donde ya se estaba construyendo la obra", mencionó.

"Otra de las observaciones que se hicieron fue que no se tomó en cuenta la mano de obra ni la maquinaria en el presupuesto base de la obra, ni se contó con el documento de ampliación de la obra, ya que iba a ser una obra que iba a durar varios ejercicios fiscales, no iba a ser en solo un año, entre otras irregularidades que detectó la ASE las cuales ninguna fue solventada", añadió.

El Diputado pidió a la Fiscalía Anticorrupción tomar cartas en el asunto e investigar de oficio el arreglo entre los empresarios que trajeron el equipo de primera división a Mazatlán y el Gobierno del Estado.

"Es un tema que la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Estado deben de perseguir de oficio sin necesidad de denuncia, porque ya está publicado el contrato que hicieron en la página de transparencia y es violatorio totalmente de las facultades del Congreso y de la ley, es ilegal, entonces ya desde ahí deberían estar hablando", aseveró.