"Expone Artículo 19 omisiones oficiales en sismo"

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ El sismo del pasado 19 de septiembre ha puesto en evidencia el vacío de información por parte del Estado, el cual motivó denuncias públicas por parte de vecinos, familiares de personas atrapadas entre los escombros y damnificados de edificios, destacó un informe especial de la organización Artículo 19.

En el documento "Información oficial: la gran ausente después del sismo", la organización calificó el caso de "Frida Sofía", la supuesta niña atrapada en el colegio Enrique Rébsamen y que varios medios nacionales difundieron, como un claro ejemplo de que la información oficial ha distorsionado la realidad.

"Hay una ausencia total de protocolos para mantener informadas a las personas que se ubican en las zonas de derrumbe o de riesgo, ya sea porque fueron afectadas por el sismo o bien porque se han acercado para brindar ayuda.

"En los lugares de colapsos o daños severos, se reproduce el mismo esquema: no hay quien concentre la información, o quien la concentra la brinda de manera limitada. Incluso, como en el caso ‘Frida Sofía’, la información provista por fuentes oficiales ha distorsionado la realidad de los hechos", se lee en el texto.

Sin cifras de desaparecidos

De acuerdo con el informe, el Gobierno no cuenta con cifras oficiales aproximadas de personas desaparecidas, o con un listado que recupere en su totalidad los datos de personas hospitalizadas.

"Durante los momentos más apremiantes de búsqueda y rescate, y hasta la fecha, no ha fluido información oficial adecuada sobre las necesidades en lugares de colapso, centros de acopio y albergues. También se ha obstaculizado la labor de periodistas en los lugares de derrumbe", indicó Artículo 19.

El informe detalló que diversas secretarías de Estado sólo se han dedicado a promover la imagen del gobierno y a generar mensajes que exaltan el patriotismo y el heroísmo en lugar de proveer información pertinente y adecuada que garantice la vida y la integridad de las personas.

Lejos de informar, destacó, "la estrategia gubernamental en los niveles federal y local ha tenido como objetivo controlar y administrar la información".

Mencionó que ante la falta de coordinación interinstitucional que redunda en el vacío informativo, diversas iniciativas ciudadanas como #Verficado19S y el localizador de personas de Google han suplido la ausencia del Estado en este rubro.

En cambio, dijo, personal de Seguridad Pública y Protección Civil informó erróneamente que ya no había personas en edificios derrumbados, cuando los familiares señalaban lo contrario.

El caso de los hospitalizados

En el caso de las personas ingresadas en los hospitales, la información oficial se difundió a través de Locatel pero, ante las deficiencias planteadas, la población generó un registro más efectivo a través de cuentas en Twitter y Facebook que se sistematizó en listas colaborativas.

Artículo 19 indicó que la información de Locatel contrasta con las listas elaboradas por la sociedad civil, "las cuales incluyen mayor número de hospitales, tanto públicos como privados, y mayor número de personas hospitalizadas".

Además, dijo, ésta no coincide con los datos alojados en la plataforma de Google sobre personas desaparecidas.

De acuerdo con la lista colaborativa rescatecdmx, más del 70 por ciento de las fuentes de información sobre personas ingresadas en hospitales provino de fuentes no oficiales.

El informe destacó el papel que ha jugado el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong luego del sismo.

"No ha brindado información de interés público en el actual contexto. Por el contrario, difundió mensajes de secretarios que enaltece las actividades de las fuerzas armadas y de elementos de Protección Civil, en lugar de dar instrucciones e información clara para responder a las inquietudes de la población", dijo.

Publicidad oficial para promoverse

El informe de Artículo 19 destacó que el Gobierno federal ha utilizado los espacios públicos para promover a las instituciones en lugar de informar a la ciudadanía.

"El Gobierno mexicano ha utilizado los espacios de publicidad oficial en medios de comunicación masiva, como la radio y la televisión, para difundir spots, con el formato característico de este gobierno federal, en los que, en vez de proporcionar información de interés público para la ciudadanía, pretenden resaltar que las instituciones gubernamentales están cumpliendo con sus obligaciones", expuso.

Por otro lado, el Presidente Peña Nieto sólo ha dado tres mensajes en cadena nacional, a pesar de que se comprometió a informar de manera oportuna y periódica a la población.

En estos mensajes, Peña Nieto informó de manera general sobre las medidas que el Gobierno federal activaría para atender la situación de emergencia. También, han circulado fotos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en reuniones de trabajo.

Sin embargo, destacó la organización, "prevaleció la ausencia de información útil y específica sobre los acuerdos, planes de emergencia, responsabilidades institucionales y las rutas de ayuda para la población".

Artículo 19 detalló que no ha existido una vocería capaz de mantener el flujo de información constante ante la situación, por lo que la sociedad civil ha tenido que generar mecanismos de seguimiento al margen de la incapacidad gubernamental para difundir información clara, concisa y oportuna.

Once lugares sin protocolo de información

A partir de la información recabada por Artículo 19 en 11 lugares ubicados en la Ciudad de México que quedaron devastados por el sismo, se concluyó que hay una ausencia total de protocolos para mantener informadas a las personas que se ubican en las zonas de derrumbe o de riesgo, ya sea porque fueron afectadas por el sismo o bien porque se han acercado para brindar ayuda.

En ninguno de los 11 sitios en los que se recabó la información se implementó una estrategia para brindar actualizaciones sobre el estado de las cosas y/o insumos que facilitaran la toma de decisiones de manera periódica, lo cual generó mucha incertidumbre.

Tampoco se pudo identificar con claridad a la autoridad encargada de las tareas de vocería, o el reconocimiento de éstos por parte de la población es ambiguo, con testimonios como: "son personas de la delegación", "son marinos pero van cambiando y dicen cosas contradictorias".

De los 11 lugares documentados, sólo dos contaban con autoridades identificadas para dirigir las actividades y coordinar los trabajos in situ (labores de rescate, evaluación de riesgo, canalización de recursos, tareas de limpieza). En cuatro casos fueron ciudadanos quienes tomaron la coordinación de los esfuerzos.

Exigen información oficial clara

A través del informe, Artículo 19 exigió a las autoridades una política de comunicación que garantice a la población el acceso a la información, a fin de brindar certeza sobre los protocolos implementados en las zonas de desastre y sobre las necesidades de centros de acopio y de albergues, a la par de brindar cifras certeras sobre las personas rescatadas, desaparecidas y hospitalizadas.

"Urge la coordinación de las diversas instancias implicadas en las labores de rescate, y posteriormente, de reconstrucción, para garantizar la plena participación de la ciudadanía y de las personas afectadas", destacó el informe.

DECÁLOGO

La organización hizo 10 recomendaciones al Gobierno federal:

– Implementar mecanismos efectivos de difusión de información útil y oportuna a través de medios accesibles, diversos e incluyentes.

– Garantizar la coordinación entre las distintas dependencias y procurar difundir cifras e información confirmada.

– Garantizar el libre ejercicio periodístico y de documentación con respeto a los derechos humanos.

– Comunicar efectivamente medidas de prevención, atención y reconstrucción.

– Proveer de forma diligente datos confirmados sobre personas desaparecidas y hospitalizadas.

– Garantizar el derecho a la información de los familiares de personas atrapadas en unas de derrumbes, mediante mecanismos claros, permanentes y transparentes.

-Estableces procedimientos claros y precisos para brindar información a familiares de personas fallecidas.

– Evitar el uso político de las necesidades de la población.

– Administrar de forma responsable los recursos nacionales -públicos y privados- asignados para atender la emergencia.

– Establecer mecanismos de rendición de cuentas que aseguren que los recursos lleguen a quienes los necesitan.