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Proceso penal

Juez vincula a los 30 marinos acusados de la desaparición de cuatro personas en Nuevo Laredo en 2018

Las familias esperan que los marinos, que pasarán 6 meses en prisión, colaboren para dar con el paradero de sus allegados

Un juez federal de Reynosa, vinculó a proceso a 30 marinos por la desaparición forzada de cuatro personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018. El Consejo del Poder Judicial informó que los elementos navales permanecerán el prisión al menos 6 meses, plazo en el que se realizará la investigación complementaria. No ha trascendido qué es lo que los uniformados declararon ante el tribunal.

Entre los desaparecidos están el joven Julio César Viramontes Arredondo, de 23 años, a quien su familia busca del 19 de febrero de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Otra de las víctimas es José Luis Bautista Carrillo, de 32 años, y desaparecido desde el 16 de mayo de 2018.

Desde el pasado 9 de abril, 30 marinos fueron puestos a disposición judicial después de que la Fiscalía Especializada en Investigación de los delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitase las órdenes de aprehensión. Todavía falta una última causa para analizar, por lo que hay 13 marinos acusados de la desaparición de dos personas esperando la decisión del juez.

La FGR tiene abiertas 34 carpetas de investigación relacionadas con la desaparición de 47 personas en Nuevo Laredo entre enero y junio de 2018. De ellos, al menos 12 aparecieron muertos, por lo que los familiares también piden que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales. Las sospechas recaen sobre la Unidad de Operaciones Especiales de la secretaría de Marina, un grupo de élite encargado de los grandes operativos contra el crimen organizado.

Las familias han mantenido el silencio durante la última semana a la espera de conocer la decisión del juez. Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, insistió tras conocerse los arrestos que la clave está en que los marinos colaboren y permitan que se conozca el paradero de los desaparecidos, a quienes sus allegados buscan desde hace tres años.

Hasta ahora el único caso judicializado era el de Julio César Viramontes Arredondo. En julio de 2020 un juez de Reynosa acusó a nueve marinos de desaparición forzosa pero no ordenó su detención. Entre los señalados se encontraba Salvador Gerónimo Ramírez, oficial al mando del operativo del día en el que el joven fue desaparecido.

Desde que las desapariciones se registraron los familiares acusaron a los marinos. En el caso de Viramontes Arredondo, su madre, Ericka Arredondo, asegura que fue capturado después de un supuesto choque vehicular, que ella considera premeditado. Hubo testigos que aseguraron que los elementos de la Armada se llevaron a un joven tras el accidente. Desde entonces no se volvió a saber nada del joven.

Algo similar ocurrió con Bautista Carrillo, de 32 años. Su esposa, Ericka Castro, fue testigo de cómo desapareció después de que varios marinos irrumpiesen en una fiesta en un yonque que tuvo lugar el 16 de mayo de 2018. Desde entonces no se volvió a saber del hombre y la Marina siempre negó habérselo llevado, a pesar de que hubo decenas de testigos que contradicen esta versión.

Hay todavía muchos interrogantes. El primero, conocer el paradero de los desaparecidos. Esa es la urgencia de mujeres como Arredondo o Castro, que llevan tres años denunciando la impunidad de los marinos. Ahora, después de la acusación formal, falta por saber qué han declarado los uniformados.

Las desapariciones de Nuevo Laredo tuvieron lugar entre enero y junio de 2018. Aunque la Semar negó las acusaciones, lo cierto es que 265 elementos fueron acuartelados en Ciudad de México después de que hasta la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México señalase a la Armada y diese validez a los testimonios de las víctimas. Desde entonces las investigaciones no habían avanzado y tampoco las búsquedas, que fueron impulsadas por los propios allegados. Estos han denunciado que las autoridades no solo ignoraron sus denuncias, sino que también los criminalizaron, acusándoles de tener vínculos con el crimen organizado.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dijeron acompañar y representar a los familiares de las víctimas en diferentes instancias.

“El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde, en diciembre de 2018, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la desaparición forzada de estas personas”, sostuvo la CEAV

Estos organismos señalaron que desde esa fecha, el Estado mexicano reconoció por primera vez la crisis en materia de desaparición, así como la situación crítica por la que atraviesan los servicios forenses del país.