Los gobiernos de Calderón y EPN son acusados de crímenes ante Tribunal Internacional

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en México denunciaron ante instancias internacionales la “naturaleza sistemática y generalizada” con la que se cometieron supuestos crímenes de lesa humanidad en México “al amparo de la impunidad” entre diciembre de 2006 y diciembre de 2018, durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) e Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS) informaron que presentaron una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, sobre “la presunta comisión de tortura y tortura sexual como crímenes de lesa humanidad en México, perpetrados por elementos de las Fuerzas Federales del Estado Mexicano entre diciembre de 2006 y diciembre 2018”.

Esta comunicación, informó Graciela Rodríguez, directora ejecutiva de la CMDPDH, documenta y analiza 197 casos comprendidos en 166 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dan cuenta de 642 víctimas de actos de tortura y tortura sexual ocurridos en 26 entidades federativas durante la llamada “Guerra contra las drogas”, lanzada por Calderón a finales del primer año de su Gobierno.

Además, indicó, proporciona elementos para acreditar la responsabilidad superior y de mando de 58 comandantes militares adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes son señalados como responsables de perpetrar actos de tortura, violencia sexual y otras conductas graves que constituyen crímenes de lesa humanidad y son competencia de la CPI.

Jimena Reyes, la directora para las Américas de la FIDH, presentó la comunicación que su organización e IDHEAS enviaron a la Fiscalía de la CPI sobre la supuesta estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos por desaparición forzada.

Este informe documenta el hallazgo, entre junio de 2017 y mayo de 2020, de 30 fosas clandestinas con al menos 140 cuerpos de personas desaparecidas en Nayarit. A raíz de esta información, explicó Reyes, se constató que existen bases razonables para considerar que se cometieron actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad competencia de la CPI y que fueron cometidos mediante una estructura criminal que operaba en el seno de la Fiscalía de Nayarit.

El Fiscal de la entidad, Edgar Veytia, desde 2013 y hasta su detención en 2017, recibió en septiembre de 2019 en Estados Unidos una condena de 20 años de prisión y cinco más bajo “vigilancia” por colaborar con narcotraficantes. La decisión fue dada a conocer por la Juez Carol Bagley en la corte del distrito este de Brooklyn, ubicada en Nueva York, mismo lugar en el que se siguió el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera hace unos meses.

“Las organizaciones convocantes consideramos que la intervención de la CPI podría fomentar investigaciones y enjuiciamientos efectivos”, señalaron en un comunicado conjunto. “Asimismo, reconocemos que es fundamental que el Estado mexicano reconozca la grave crisis de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad que vivimos en el país y que actúe en consecuencia”, remarcaron.

El Senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza subrayó la necesidad de buscar la intervención de la CPI en la situación de México, a fin de alcanzar la justicia para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y crímenes internacionales como la tortura y la desaparición forzada. Ante la ineficiencia de los mecanismos ordinarios de justicia y la casi absoluta impunidad, se ha visto como última opción acudir a la justicia internacional para reparar a las víctimas.

En noviembre pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) constató durante su visita al país que en México se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio donde —tal y como ya lo ha señalado desde el año 2015— impera la impunidad y la revictimización.

Por su parte, México asumió el compromiso atender “puntualmente” las recomendaciones que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU presentará en marzo próximo tras su visita al país en noviembre pasado.

“Asumimos el compromiso del que el informe que presente el comité será atendido puntualmente por el Estado mexicano”, aseguró en conferencia de prensa Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador también reconoció que el país enfrenta una crisis humanitaria por la desapariciones forzadas, al acumular más de 94 mil personas no localizadas.

“Esta es la herencia más dolorosa que está enfrentando el Gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano”, expresó Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, durante la bienvenida al CED.