Morena, a la cabeza... en carpetas abiertas por delitos electorales

MÉXICO._ Morena acumuló más denuncias por presuntos delitos electorales que cualquier otro partido nacional o local, en lo que va de las elecciones intermedias que serán celebradas el próximo 6 de junio, muestra una revisión de datos oficiales.

Con 50 carpetas de investigación iniciadas entre septiembre de 2020 y marzo de 2021, los candidatos, miembros y/o colaboradores del partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador son señalados e investigados por incurrir en conductas que podrían vulnerar el proceso democrático en curso, de acuerdo con cifras de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Aparte de Morena, ocho partidos nacionales y cuatro locales, así como algunas de sus coaliciones y algunos candidatos independientes, también figuran entre los acusados.

Los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, del Trabajo, Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática son los grupos políticos con más denuncias después de Morena, con un total de 26 carpetas de investigación en conjunto.

El hecho de ser denunciado no implica la comisión de un delito probable, sobre todo si se considera que en lo que va de los comicios, menos del uno por ciento de las carpetas de investigación y de las averiguaciones previas que se encuentran en activo han derivado en una sentencia judicial.

De acuerdo con la FEDE, entre septiembre del año pasado y marzo del año en curso hubo un total de 86 denuncias, “en las que se registraron como principales personas imputadas a candidatos y candidatas, dirigentes y/o militantes de partidos políticos con registro nacional y/o local, así como a personas candidatas independientes y colaboradoras de éstas”. Dicha cantidad de expedientes activos equivale a la tercera parte (30.6 por ciento) de las denuncias (281) interpuestas ante la FEDE durante el periodo referido.

La información disponible también indica que el 44.5 por ciento de todas las denuncias recibidas (125) por la Fiscalía fueron tramitadas por ciudadanos, mientras que otra parte de ellas (82) fue interpuesta por autoridades electorales (14.9 por ciento) e instituciones gubernamentales (14.2 por ciento). El resto de las carpetas de investigación (74) fue abierto por delación de militantes y/o integrantes de partidos políticos (8.9 por ciento) y de actores no especificados (17.4 por ciento).

Morena, MC y PRD se caen

En cuanto a los hechos denunciados, las cifras oficiales refieren que la tercera parte (35.9 por ciento) correspondió a presuntos actos de alteración del Registro Federal de Electores (101 casos). A ello siguieron ilícitos como recoger credenciales para votar (29 casos), condicionar la prestación de servicios públicos (23 casos), compra de votos (17 casos), proporcionar apoyo en horario laboral (17 casos) y hacer mal uso de material electoral (16 casos).

La siguiente tabla contiene la información utilizada para la elaboración de este texto, incluida la cantidad de denuncias por ilícito en el apartado “Carpetas iniciadas por delito”.

¹Cifras de septiembre de 2020 a marzo de 2021.

²Carpetas de investigación en las que se registraron como principales personas imputadas a candidatos y candidatas, dirigentes y/o militantes de partidos políticos con registro nacional y/o local, así como a personas candidatas independientes y colaboradoras de éstas.

³A mitad de año de acuerdo con las proyecciónes del CONAPO.

FUENTE. Elaboración propia con cifras de la FEDE (https://bit.ly/3fojdbj) y del CONAPO (https://bit.ly/3hAJHt5).

Denuncias en los estados

En los comicios intermedios de este año han habido importantes polémicas electorales. Unas, por ejemplo, nacieron de partidos que acusan “mano negra” de instituciones electorales, como sucedió cuando el Instituto Nacional Electoral anuló la candidatura por la gubernatura de Guerrero al morenista José Félix Salgado Macedonio, no por las acusaciones que enfrenta por abuso sexual, sino porque omitió presentar un informe de ingresos y gastos en tiempos de precampaña política.

Otras polémicas están centradas en el abuso de poder por parte de los gobernantes en turno. Una de las más notorias es quizá la del Presidente López Obrador, quien admitió haber intervenido en el proceso electoral con una denuncia pública en contra del candidato priista a la gubernatura de Nuevo León, Adrián Emilio de la Garza Santos, a quien acusó de entregar tarjetas rosas con la finalidad de comprar votos femeninos.

Asimismo, existen denuncias entre candidatos, entre ellas, aquella que de la Garza Santos interpuso en contra de su oponente en Nuevo León, el candidato emecista Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien fue acusado ante la Fiscalía General de la República por supuesto lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita, para financiar su campaña política.

En un contexto electoral como el actual, la mayor parte de las denuncias entre actores políticos no pasará de los señalamientos a una acusación formal, toda vez que si lo hiciere, en la mayoría de los casos hay desistimiento de las autoridades judiciales, ya sea por falta de pruebas para integrar carpetas de investigación, o por falta de competencia para resolver los señalamientos, e incluso por la abstención de los ministerios públicos en casos que no constituyen un delito, o cuya responsabilidad imputable ha prescrito.

Por ejemplo, entre septiembre de 2020 y marzo de 2021, una de cada ocho capetas (12.6 por ciento) de investigación y averiguaciones previas activas fue judicializada, lo que implica que la denuncia pudo ser admitida a proceso penal y ser presentada ante un juez. De las carpetas judicializadas, el 2.6 por ciento implicó una sentencia, lo que supone que en el periodo referido, sólo el 0.3 por ciento de los expedientes activos tuvo resolución o fallo legal.

Más allá de las posibilidades de que una denuncia termine en una acusación formal por parte de instancias judiciales, la situación en los estados no es la misma.

De acuerdo con las cifras de la FEDE, el 45.2 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas en lo que va del proceso electoral está concentrado en la Zona Metropolitana del Valle de México, específicamente en la Ciudad de México (65) y en los estados de México (37) e Hidalgo (25).

Sin embargo, las entidades federativas con más expedientes iniciados per cápita son Hidalgo, Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo y Nuevo León. En contraste, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato y Morelos tienen los menores índices por cada 100 mil habitantes.