Despojan a familia de terreno en Mocorito; CEDH encontró que funcionarios públicos estuvieron inmiscuidos

Una familia en Mocorito denunció que fue despojada de un terreno por el que por más de 30 años pagó impuesto predial, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ésta halló evidencia de que hubo funcionarios públicos inmiscuidos en la operación ilegal.

Por ello el organismo autónomo emitió la Recomendación 3/2022 en contra del Ayuntamiento de Mocorito.

Según la CEDH se acreditó la violación de los derechos humanos de “la legalidad y seguridad jurídica”, por parte de servidores públicos del municipio.

“... omitieron conservar documentación en sus archivos que sirvió como base para otorgar un título de propiedad y por otro lado porque la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas de ese Ayuntamiento emitió un dictamen, con que aprobó la solicitud sobre la adquisición en demasía de un terreno, sin la debida fundamentación y motivación”, dice el documento.

En el escrito de queja, la familia manifestó ser propietarias de una superficie de terreno de manera continua y pacífica por más de 30 años, cercado y con el pago de impuesto predial al día hasta el año 2019.

El pago, según la narrativo, dejó de hacerse después de darse cuenta “que habían sido despojadas de su propiedad”.

La CEDH, con su recomendación dirigida a María Elizalde Ruelas, Presidenta Municipal de Mocorito, solicitó iniciar procedimientos administrativos contra por lo menos cinco funcionarios que ya tienen plenamente identificados.

“... así como de quien debió ser responsable de la guarda y custodia de los documentos inherentes a la solicitud de la familia, procedimientos a los que debe agregarse copia de la presente Recomendación, para que de acreditarse alguna responsabilidad, se impongan las sanciones que resulten procedentes, remitiendo a esta Comisión Estatal pruebas sobre el inicio, seguimiento y resolución del procedimiento”, señala la CEDH.

También solicitó socializar entre los funcionarios el contenido de la Recomendación, incluidos los Regidores, y que se impartan cursos de capacitación entre los servidores públicos para evitar que se incurra en violaciones a derechos humanos.