Quien administra un patrimonio, tiene la obligación de hacer el mejor uso de él, garantizando que se tendrá el mayor de los beneficios para quien lo posee. Así debería ser para quien administra un Gobierno Municipal. Pero parece que en Mazatlán ha sido todo lo contrario.
Porque hablar de más de 140 millones de pesos no es cualquier cosa y son recursos que bien podrían destinarse para hacer mejoras en beneficio de la sociedad.
Pero a alguien de quien ha administrado los recursos municipales parece no haberle interesado eso y aún a sabiendas del riesgo de que podría perder una demanda con indemnización de por medio, no hizo nada para defenderse y evitarlo.
El Gobierno de Mazatlán otorgó un permiso para instalar una gasolinera a unos metros del malecón y sin la anuencia de los vecinos. Todo mal, que hasta un juez le concedió la razón a los vecinos y terminó por ordenar la cancelación del proyecto.
Quienes recibieron el permiso, demandaron al Gobierno municipal por los daños en la inversión y mantuvieron un litigio que se extendió hasta el 2018, cuando un juez ordenó el pago de una millonaria indemnización.
La defensa del Gobierno de Mazatlán poco pudo hacer ante ese mandato judicial y apenas este año, acordó un convenio de pagos para saldar los 141.8 millones de pesos al Grupo Arhe, dueño de Nafta Lubricantes, la empresa que promovía abrir la gasolinera y la misma que aún con el litigio, siguió siendo proveedora de la administración municipal.
Alguien que ve afectado su patrimonio personal, hace uso de todos los recursos disponibles para no tener que perderlo. En Mazatlán, parece que los funcionarios responsables se empeñaron en hacer lo contrario.
El daño patrimonial ha sido sancionado en las auditorías que se hacen en el manejo de las finanzas públicas. Por este atraco, en Mazatlán la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa deberá considerarlo de la misma manera y sancionar a los funcionarios que se hayan visto involucrados en este proceso judicial.
Los gobiernos municipales, como el de Mazatlán, siempre están necesitados de recursos para poder atender las demandas sociales. Perderlos por la incapacidad de sus funcionarios es una medida que debería ser sancionada.
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