A punto de comenzar la veda a las capturas de camarón, las autoridades estatales de Pesca anuncian que ni siquiera tienen capacidad para hacer una buena vigilancia, al carecer de los inspectores necesarios para vigilar los enormes espacios costeros sinaloenses.
Además, las autoridades reconocen que ni ellos ni las cooperativas pesqueras tienen personalidad jurídica para realizar decomisos en caso de que detuvieran a los pescadores furtivos con camarón ilegal.
Y si eso no fuera suficiente para entender las razones del desastre pesquero en la entidad, hace falta saber lo que nos dice la autoridad, y que tiene que ver con la intromisión de la delincuencia organizada en el negocio del camarón ilegal.
Desde hace años, pero creciendo cada temporada, la delincuencia ha ido copando los espacios de los pescadores furtivos hasta adueñarse de grandes regiones pesqueras, donde ellos controlan el negocio del camarón ilegal.
La razón es muy sencilla, ante unas autoridades incapaces de vigilar y controlar las zonas pesqueras, la delincuencia se ha ido apoderando de un negocio silencioso y oculto, donde nadie puede ir a realizar una denuncia.
Y si la autoridad reconoce que carece de los medios humanos y materiales para vigilar y controlar las capturas, resulta que la delincuencia organizada sí ha sido capaz de vigilar, controlar y hasta organizar el negocio cuando está prohibido.
Nos enfrentamos a lo que se conoce como “un gobierno dentro de otro gobierno”, con efectos desastrosos para la legalidad, la economía y el medio ambiente, por supuesto.
Si somos incapaces de controlar y vigilar la pesca legal, imaginen el negocio del mercado negro de especies, termina convirtiéndose en el mundo del revés.
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