El sistema educativo, al menos el de Sinaloa, no solo debe afrontar el rezago que implicó más de dos años de clases a distancia, donde el rendimiento escolar no ha sido el óptimo, sobre todo para los estudiantes, sino también, el de una infraestructura deteriorada.
Sin las actividades habituales, los planteles educativos se volvieron el foco de atención para delincuentes, que ingresaron a ellos, causaron daños y se llevaron algunos de los implementos eléctricos y de plomería, vitales para su operación.
A unos meses de que las clases hayan requerido la presencia de alumnos y maestros, algunos planteles no han podido cumplir con este propósito por las condiciones en que se encuentra.
Algunos planteles educativos no tienen lo mínimo necesario para que el aprendizaje de los alumnos sea mejor, sobre todo en las condiciones que ha impuesto una emergencia sanitaria como la del Covid-19.
Sí, el Gobierno y las autoridades educativas en Sinaloa han procurado que la educación se restableciera en sus condiciones normales, pero no ha sido suficiente.
No lo ha sido, porque precisamente, esas escuelas vandalizadas siguen ahí, sin operar y sin los apoyos necesarios, urgentes, que se requieren, para atender sobre todo a los niños en su educación básica.
Pues aunque ha habido la promesa de ayudar a las escuelas, el apoyo no ha llegado con la celeridad con que se requiere.
Y sí, la gran mayoría está operando ya con la normalidad que se ha pedido, pero esos sectores que aún no han podido hacerlo, siguen ampliando el rezago que se ha tenido en los últimos dos años.
El Gobierno, y en este caso el de Sinaloa, está en la obligación de otorgar educación a toda la población y hacerlo bien.
Está en sus manos dar las respuestas que ahora se necesitan y reacondicionar esas escuelas que se han visto afectadas por la inseguridad. La educación debe garantizarse para todos y la autoridad deberá garantizar que así sea, siempre.
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