No mentir, no robar y no traicionar, son los principios que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pregona como propios de manera frecuente en sus discursos. Con ellos, dice, se marca diferencia de su administración frente a otras.
Sin embargo, en los resultados hay cosas en los que no marca distancia de lo que otros han hecho: el Presidente está dispuesto a defender y sostener a funcionarios aún cuando sobre ellos pesen señalamientos de comportamientos contrarios a los principios que dice ha impuesto.
Y frente a la férrea defensa que sostiene en sus decisiones, está dispuesto a atacar, desde la posición de privilegio que significa gobernar México, a quienes se han encargado de señalar lo que está mal.
Ocurre, por ejemplo, con la organización Artículo 19, una entidad con presencia global que se ha encargado de documentar, acompañar y dar seguimiento a las denuncias de ataques contra la Libertad de Expresión y los derechos humanos.
El Presidente de México sabe cuál es el trabajo que esta organización ha hecho y la importancia de su operación para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Pero parece desconocerlo cuando de descalificar se trata solo porque ha documentado las irregularidades y campañas de desprestigio que se gestaron y ordenaron desde la dirección de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, hoy paralizada por el conflicto interno que ahí se vive.
Lo ha hecho con otros actores públicos de México y ahora, el Presidente, alegando su derecho de réplica, ha buscado difundir una imagen equivocada de lo que es y lo que hace Artículo 19.
Andrés Manuel López Obrador es un ciudadano, sí, con derechos, pero también con obligaciones, que se multiplican si se toma en cuenta la responsabilidad que tiene. Que no se le olvide su obligación de garantizar los derechos individuales, como el de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, aún cuando estos no sean afines a los ideales que dice defender.
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