La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa lleva ya casi ocho años en la discusión pública, principalmente por el papel que el Estado ha tenido en esta trama que no ha terminado por aclararse.
Un grupo de estudiantes de la Normal Isidro Burgos se enfrentaron con elementos de seguridad y el saldo fue, además de personas fallecidas y heridas, la desaparición de los 43 normalistas que hasta ahora no ha sido aclarada.
En los primeros años de la investigación, bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto, entonces cabeza del Estado mexicano, se intentó resumir el conflicto a una operación del entonces Alcalde, José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda y Sidronio Casarrubias Salgado, a quienes ubicaban como líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Y para quien en ese momento era titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, no había más que una verdad histórica: los estudiantes habían sido privados de su libertad, incinerados y arrojados al Río San Juan.
Sin embargo, las evidencias han ido demostrando que ese hecho de desaparición forzada involucraba no solo a quienes gobernaban en la región, sino a las fuerzas policíacas y al Ejército, que el Estado intentó encubrir.
Y ahora, nuevas evidencias que ha encontrado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que ha trabajado para hilar lo acontecido en septiembre de 2014, demuestra que en este hecho, también se vieron involucrados elementos de la Secretaría de Marina.
Ayotzinapa es un hecho que sigue en la agenda pública y que involucra al Estado mexicano en el delito de desaparición forzada. Pero México ha vivido episodios similares que no han sido resueltos y que también merecen ser explicados y contados.
Las desapariciones en México no son un asunto menor de entre todos los asuntos de inseguridad que padece el País. Es, quizá, el más relevante en cuanto a la participación en que el Estado se ha visto involucrado. Y es, ahora, el Estado, quien debe empezar a responder.
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